BAJO FUEGO
Tres años
Por José Antonio Rivera Rosales
El episodio turbulento ocurrido el día primero de mayo, cuando la militancia del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) pasó de las ofensas verbales a las agresiones físicas contra quienes integraban el presídium de este atípico desfile obrero, muestra cuan profunda es la distancia entre las clases populares y la élite política.
Una diferencia abismal si se toma en cuenta que no sólo la oposición política actuó de esa manera sino también el sindicalismo oficial, marcadamente la Sección 24 del SUSPEG, que arribó al zócalo gritándole “culero” al alcalde Luis Walton Aburto.
Otros contingentes sindicales, apenas contenidos, mostraron claramente su inconformidad en consignas en las que ilustraban, por ejemplo, la diferencia salarial entre la clase laboral y la clase política.
Aunque ahora quieren tomar distancia del incidente, es claro que el contingente del MPG, integrado en parte por el magisterio disidente, por estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por organizaciones sociales, fue el principal agresor de políticos y funcionarios que integraban el presídium. Tan así, que un orador que tomó el micrófono después del zafarrancho, les elogió sus desmanes.
En el incidente fue claro que si los políticos no se retiraban, habrían sido agredidos físicamente por la incontenible oposición que comenzó por llamarles “asesinos” y otras linduras y finalmente los increparon con un interminable “fuera, fuera”, que los obligó a emprender la estampida.
Uno de los más veloces en saltar del pódium fue Alberto López Rosas, a quien los normalistas de Ayotzinapa le advirtieron que no olvidarían la muerte de dos de sus compañeros en la Autopista del Sol, aquella aciaga mañana del 12 de diciembre de 2011.
El exgobernador Rubén Figueroa, con su sempiterno gesto adusto, mantuvo un paso reposado al retirarse seguido por su hijo el joven diputado Figueroa Smutny. Con ellos, un bastante controlado Fermín Alvarado. Pero otros, como el síndico Armando Tapia
-el bueno para nada, le dicen en el ayuntamiento- salió despavorido seguido de otros funcionarios de la alcaldía porteña.
Quien se llevó las palmas simplemente con no presentarse fue, con todo, el propio alcalde Walton Aburto, quien debió encarar la protesta pacífica de los policías que llevan más de 15 días en paro sin que hasta el momento se vislumbre solución alguna al conflicto que mostró a uniformados también hartos de la precariedad salarial por la que arriesgan sus vidas.
Este conflicto, el de los policías, parece ser la punta del iceberg dado que los marchantes de la sección 24, que en teoría dirige Fernando Castrejón -a quien acusan, por cierto, de traidor por “venderse” con la parte patronal- mostraron también una situación de hartazgo y valoran si, como los uniformados, se van a un paro laboral.
Si esto ocurre, lo que podría dirimirse en los próximos días, entonces una parte substancial de la administración pública municipal estaría entrando en crisis en cualquier momento, lo que ilustra la ceguera con la que se conduce nuestra clase política. Como se sabe, la sección 24 está integrada por gran parte de los trabajadores administrativos que, así, darían la razón política al movimiento parista de los policías.
Como acostumbran hacer con el sindicalismo oficial -el principal enemigo de la clase trabajadora, debe decirse- la cúpula política del municipio simplemente cree que pactar en privado con las dirigencias arregla todo el problema. Cuidado, podrían llevarse tamaña sorpresa.
Lo que se vio en el desfile obrero fue una clase laboral hastiada de la elite política y de sus propios organismos sindicales corruptos. Es, por donde se le quiera ver, un indicio de una peligrosa situación social.
Esta situación no es privativa de Acapulco sino de gran parte del país, pero en especial del estado de Guerrero, que parece estar a un paso de generar un coctel explosivo en el que todo lo ocurrido históricamente, potenciado por los desastres naturales, podría degenerar en una convulsión social.
En el ámbito estatal el gobernador Ángel Aguirre Rivero leyó su informe de gobierno en las penumbras del Congreso local, cuyos operadores debieran dejar en claro qué pasó ese día, porque toda esta oscuridad pareció ser provocada.
Pero al margen de los aspectos anecdóticos, la tensión social parece haber llegado a su límite en un país en el que las elites política, financiera y empresarial siguen lucrando del presupuesto y las riquezas de la nación, mientras 70 millones de pobres están yéndose a un pozo sin fondo.
El problema es que ese pozo sin fondo en algún momento vomitará su coraje y nos llenará a todos, sin excepción, de sus excrecencias.
Espero, en verdad, equivocarme. Pero todo parece apuntar a que la codicia, finalmente, nos devorará a todos.
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