BAJO FUEGO
Dinero fácil
Por José Antonio Rivera Rosales
El secuestro del diputado priista Olaguer Hernández Flores puso en la mesa de discusión el tema de los vínculos del crimen organizado con funcionarios, alcaldes y legisladores y, por extensión, con los mismos partidos políticos.
Hace unos pocos años, un excombatiente del movimiento armado de los setenta, actual militante del Partido de la Revolución Democrática, advertía: “Lo que pasa con la designación de candidatos a modo, es que el narco ya le llegó al PRD”.
Y sí: comenzaron a llegar a las candidaturas de los partidos políticos mayoritarios aspirantes que carecían por completo de expediente político y, no sólo eso, también de una propuesta clara para la comunidad, sea cual fuere el cargo de elección popular que codiciaban.
Algunos de esos candidatos cambiaron después de camiseta y se acomodaron a las nuevas condiciones electorales, de modo que un mismo aspirante podía competir hoy por unas siglas, pero en los comicios siguientes optaban por otra formación política, y en la próxima oportunidad se mudaban a otro partido, sin importarles la ausencia de una elemental congruencia ideológica.
En algunos casos se trataba simplemente de advenedizos a los que la dirigencia en turno sospechosamente abría las puertas como si nada. De ahí parte la suspicacia en lo que toca a la responsabilidad de los partidos políticos.
Los nombres son de todos conocidos, pero para refrescar la memoria colectiva ahí van algunos: Armando Ríos Piter, Carlos Granda, Napoléon Astudillo, César Flores Maldonado, Zeferino Torreblanca, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.
En teoría el acuerdo entre pretensos y delincuentes, según algunos trascendidos confiables, se centraba en garantizar algún tipo de apoyo en las decisiones del poder público. El caso más emblemático es el de las alcaldías, que a cambio de apoyo financiero para las campañas políticas, comprometían los mandos de la seguridad pública municipal.
Ahora, el secuestro y posterior liberación del diputado Hernández Flores ofrece una lectura por lo menos perturbadora: en algunos casos específicos, ya no son las dirigencias partidarias formales quienes toman decisiones sobre los candidatos a postular, sino que la decisión es compartida, o consultada por lo menos, siempre por interpósita persona, con los jefes del crimen organizado.
Cuando ocurre el secuestro de Olaguer Hernández, primero se pensó que había sido la primera detención de una oleada de aprehensiones inminentes por parte de las autoridades federales, particularmente la subsecretaría que se aboca a la investigación de delincuencia organizada en el seno de la Procuraduría General de la República (PGR-SEIDO), contra políticos y funcionarios de Guerrero que están en la mira.
Aquí se hace necesario recordar que José Villanueva Manzanarez, vocero autorizado del gobernador Ángel Aguirre, el pasado 2 de mayo confirmó que existe una investigación federal en ciernes no sólo contra alcaldes, sino que incluye también a diputados y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Aunque pareciera una simple balandronada, esta declaración del portavoz oficial tiene una gran dosis de verdad: consultadas por este autor, fuentes internas de la PGR revelaron que existe sustento legal para detener a, por lo menos, dos alcaldes y dos altos funcionarios del gobierno del estado contra quienes existen imputaciones directas de implicación o apoyo al crimen organizado.
Otras fuentes aseguran que la lista abarca a 15 figuras del poder público, lo que incluiría a dos alcaldes de la Costa Grande, dos alcaldes de la región centro del estado, dos diputados locales, además de otros servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno.
Así pues, la investigación federal existe y tiene en la mira a varios servidores públicos de Guerrero que prestan apoyo a unos u otros grupos delincuenciales que mantienen aterrorizada a la población.
De ahí se desprendió la versión de que Hernández Flores sería la primera de las esperadas detenciones que, nadie lo dude, vendrán a oxigenar el crispado escenario en que cohabitan los guerrerenses. Las aprehensiones, que se significarán como un terremoto político, en principio comenzarán a airear la viciada relación entre los partidos políticos y la sociedad, que ya los mira como una fuente de opresión cuando debieran proyectar la imagen contraria.
Como quiera que sea, el caso de este sujeto Olaguer Hernández dará mucho de qué hablar dado sus añejas relaciones con la delincuencia organizada desde antes de que fungiera como alcalde de Tlacotepec, en 2009.
Hay versiones dignas de crédito que lo señalan no sólo como alfil político de bandas delictivas, sino inclusive como uno de los fundadores del grupo de corte paramilitar conocido a principios de la década del dos mil como Los Pelones, la estructura de seguridad creada por el clan de los Beltrán Leyva para garantizar protección al negocio del narcomenudeo, cuando éste fenómeno comenzaba. Hablamos por allá del 2004.
Este grupo paramilitar de Los Pelones es el antecedente de la estructura delictiva que hoy conocemos como Los Rojos, que han generado un clima de terror en la región centro del estado y particularmente en la ciudad capital, donde surgió desde los tiempos en que gobernaba René Juárez Cisneros. Sólo que entonces eran un grupo de robacarros de poca monta.
Si tales antecedentes son ciertos -en teoría forman parte de la investigación de los federales-, entonces pronto tendremos un escenario de aprehensiones que comenzaría por limpiar Chilpancingo, la ciudad capital asolada por las bandas criminales.
Esperemos a conocer, en una fecha no muy lejana, quiénes son los políticos y funcionarios a quienes se les aplicará la ley. Es sumamente necesario.
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