BAJO FUEGO
Combate a la violencia
Por José Antonio Rivera Rosales
El mes que está por finalizar se caracterizó por infames atentados de violencia en la ciudad de Chilpancingo, que se supone férreamente vigilada por Fuerzas Federales.
Entre otros hechos destacables es de mencionar el secuestro del diputado priista Olaguer Hernández Flores, que luego de tres días reapareció golpeado por sus captores, quienes resultaron ser parte de otra célula de Los Rojos, la organización criminal a la que se imputa la oleada de homicidios, secuestros y extorsiones que tienen asfixiada a la capital guerrerense.
Sin embargo este sospechoso secuestro, que en teoría es investigado por autoridades federales, sólo es uno de los agravios en contra de la ciudadanía chilpancingueña que observa con tristeza cómo la ciudad capital se hunde en un foso cenagoso y obscuro del cual no alcanza a vislumbrar salida alguna.
El atentado contra el negocio de grúas en la salida de la ciudad capital, donde fue asesinada una niña de siete años por disparos de arma de fuego accionadas por bestias con apariencia de hombres, fue otro de los embates que indignó a la sociedad entera, no sólo a la comunidad local. Después de la muerte de la niña, una persona herida en el mismo incidente murió días después, mientras otros dos heridos se reportan en condiciones de gravedad.
Por las mismas fechas, un hijo del colega Isidro Bautista Soriano, un joven que disfrutaba de una velada en un bar de la misma capital, fue agredido por un grupo de individuos que, al ser repelidos por el joven Bautista, decidieron ultimarlo a tiros.
Antes y después hemos tenido noticias de crueles ejecuciones de jóvenes en la misma ciudad -otrora remanso de tardes apacibles, hábitat de jóvenes estudiantes de todo el estado-, que han desfigurado el rostro amable que hasta hace pocos años ofrecía Chilpancingo.
En las últimas horas trascendió la ejecución de un ex candidato a la alcaldía de San Jerónimo de Juárez, un político priista que fue alcanzado por tres encapuchados que le hicieron varios disparos a corta distancia. La explicación recurrente de las autoridades se sustenta en el enfrentamiento de las bandas del crimen organizado que, a su vez, son combatidas por las Fuerzas Federales. Puede ser. Pero no es sólo eso.
Existe un fenómeno de descomposición social que permea a todas las capas sociales que se han visto afectadas por la subcultura de la violencia. Esa descomposición se traduce en la diversificación de una gama de 22 tipologías del delito en que incurre el crimen organizado, pero también algunas pandilla armadas. El más aborrecible de esos crímenes es, sin duda, la trata de personas.
En contra de las versiones que han menudeado en los reportes de prensa, en realidad sólo son dos grupos organizados o cárteles los que se enfrentan entre sí por el control del territorio: La Familia-Templarios, procedentes de la misma matriz, por un lado, y el clan de los Beltrán Leyva, por el otro.
La lectura oficial nos ha querido vender la idea de que se trata de varios grupos delincuenciales de menor calado que se enfrentan todos entre sí por el control de las rutas de trasiego de drogas en ruta hacia su destino final: Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, algo hay de eso. Pero no es tan simple, porque ya no se trata sólo de drogas.
En realidad la estructura criminal de La Familia, de la cual se escindió el grupo conocido como Los Templarios, abrió nuevos mercados de tráfico ilegal hacia el sudeste asiático, particularmente hacia el inmenso mercado que representa China continental, sin contar con la demanda de otros países de la región. Qué es lo que Los Templarios venden en el exterior: minerales.
Hace un par de meses, el gobierno de la república se llevó tremenda sorpresa cuando decomisó un cargamento de más de un mil toneladas de materiales ferrosos en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, destinados a China. Era como haber redescubierto la ruta de la Nao de China, pero del mercado negro.
La Familia, además, que mantiene un acuerdo de colaboración con sus hermanos Los Templarios, busca insertarse en el mercado de minerales preciosos como el oro, la plata y otros más que en depósitos descomunales se encuentran bajo tierra en la parte alta de la Sierra Madre del Sur. Ese parece ser el origen de los desplazamientos internos en esa parte del territorio guerrerense, para lo cual cuentan con aliados encubiertos en algunos sectores de gobierno.
Esa actividad, que sostienen con operaciones de guerra irregular en la parte alta de la sierra, es el verdadero objetivo de estos criminales que, para el efecto, también mantienen el control de la producción de amapola en el Cordón del Filo Mayor, lo que les garantiza un ingreso anual aproximado de entre 800 y un mil millones de dólares. En este punto, no hay que olvidar que Guerrero es el primer productor nacional de amapola, de la que se deriva la heroína, una de las drogas más caras del mercado ilegal norteamericano y europeo.
Hablamos, pues, de crimen transnacional.
Para ello es que necesitan tener el control territorial de la parte alta y de la llamada Zona Norte -donde se sitúa el grueso de la veta de minerales-, lo que implica mantener también el control de la población. Es, a todas luces, una operación cuasi militar.
En tal sentido, la citada estructura criminal manifiesta una visión mucho más adelantada que la de los grupos prohijados por el clan Beltrán Leyva, que han mantenido la defensa territorial para, efectivamente, sostener el tradicional trasiego de drogas pero con un toque particular: la expoliación en contra de la población civil.
Empero, por una motivación u otra, es claro que todos estos grupos criminales se han convertido en enemigos de la población civil, por lo cual el gobierno de la federación debiera considerar la factibilidad de clasificarlos como grupos terroristas, con una aplicación equiparable en la legislación penal federal.
Esa tipificación penal deberá considerar penas severas para todos los servidores públicos -así se trate de alcaldes, legisladores locales o federales, funcionarios o mandos policiacos-, que proporcionen complicidad, cobertura o apoyo a estos grupos criminales. ¿Esto suena conocido? Claro que sí, algunos de nuestros alcaldes, diputados y funcionarios encajan en tal definición, que bien pudiera denominarse “apoyo al terrorismo”.
Esperemos que, no muy tarde, llegue el día en que algunos de estos servidores públicos sean aprehendidos por la Procuraduría General de la República para comenzar a sanear el cochinero en que vivimos los guerrerenses.
Algo apesta en Guerrero. ¿O no?
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