ENTRESEMANA
El ejido y el petróleo
Por Moisés Sánchez Limón
Cuando el seis de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 27 constitucional, aparentemente concluía la vida útil del famoso reparto agrario, una de esas fórmulas clientelares que servía lo mismo a corruptos líderes campesinos que a candidatos a cargos de elección popular, especialmente a la Presidencia de la República, en materia de reparto de tierras.
A la distancia, 22 años después de aquella controvertida decisión hoy retomada en la analogía de que, entonces, Carlos Salinas de Gortari privatizó al ejido y, hoy, Enrique Peña Nieto privatiza a Pemex mediante la Reforma Energética, los intereses de la oposición radical partidista se mueven en torno de la descalificación y el uso clientelar y electorero de esos temas sensibles que son caldo de cultivo chauvinista.
En este escenario, los temas del ejido y la propiedad del petróleo no dejan de servir para un fin partidista, diríase en calidad de perogrullada.
En aquellos inicios de los años 90 del siglo pasado, cuando la discusión respecto de reformas al 27 constitucional y la importancia de despojar al ejido de candados que lo mantenían en calidad de terreno con dueño pero sin capacidad de ser explotado productivamente, porque los ejidatarios no eran sujetos de crédito, fue un espacio que a la oposición sirvió para rasgarse las vestiduras desde la tribuna legislativa mas no ofreció soluciones y hoy, más de dos décadas después, mantiene a los campesinos con la oferta del edén, el sueño de opio cultivado en promesas de campaña.
Y verá usted que, en unos años más, éstos opositores a la Reforma Energética seguirán en campaña, la cíclica por supuesto en busca de cargos de elección popular, con la frase que atrae votos porque acusa al partido, ahora oficial, de haber vendido la propiedad de los mexicanos, es decir, el petróleo.
Por ello, es interesante y aleccionador porque desmitifica al discurso de la sedicente izquierda salvadora de los campesinos del país, el mensaje que, ante más de mil ejidatarios residentes de 4 municipios del sur del Estado de México, congregados en la explanada municipal de Tejupilco, envió el subsecretario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy.
Sin darle muchas vueltas, Cárdenas Monroy criticó a quienes creyeron que el ejido sería privatizado y sostuvo que la política moderna e innovadora del presidente Enrique Peña Nieto, y los programas hasta ahora aplicados, han beneficiado a los trabajadores del campo.
Sí, en efecto, ha operado esa reforma constitucional a la que acompañó la Ley Agraria, reglamentaria de dicha enmienda. El problema es que en ese transitar de dos décadas, la corrupción en la impartición de justicia agraria ha sido una constante que hoy, como se lee en el mensaje de Cárdenas Monroy está en vías de extinción.
Doralicia Carmona, en Memoria Política de México recuerda que con aquella reforma, aprobada en diciembre de 1991 por diputados y senadores, decretada por Carlos Salinas el 5 de enero de 1992 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, finalizaba el famoso reparto agrario y se otorgaba certidumbre jurídica al campo mediante la creación de tribuales federales agrarios autónomos, integrados por magistrados propuestos por el Presidente de la República y designados por el Senado, y tendrán bajo su plena jurisdicción los conflictos agrarios.
Sin embargo, algo falló en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, consecutivamente; quizá el primero asumió amnesia política, pero en el caso de los segundos hay evidencia de desconocimiento en la ejecución de los programas tendentes a capitalizar, que no privatizar, al ejido para dotarlo de los elementos prácticos de respaldos financieros, de capacitación y modernización para hacer productivo al campo. Por eso, el ejido pareció haber caído en la sinrazón de tener la estructura jurídica pero impráctica por carente de apoyo económico.
Empero, conforme con lo referido por el subsecretario Gustavo Cárdenas Monroy, en este administración se concretarán esas previsiones avistadas hace más de dos décadas y “la modernización del campo inicia con el ordenamiento territorial, la regularización de la tenencia de la tierra y la certeza jurídica, y con estos elementos, añadió, se cumple a cabalidad con las instrucciones del Ejecutivo Federal, toda vez que fue uno de los compromisos que contrajo durante su campaña y que ahora son una realidad”. Conste.
MIÉRCOLES.- En la saga del affaire Línea Dorada, ¿veremos a Marcelo Ebrard en calidad de indiciado? En esta danza de los nuevos millonarios y pillos de cuello blanco, es una bicoca los 400 millones de pesos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera deberá devolver a las arcas federales. ¿Peces gordos en chirona? Ver para creer. Digo.
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