Pleitos, filtraciones y violaciones a la ley ponen en crisis
a la AGE
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¿Qué espera el auditor Lataban para renunciar?
Por Jorge Romero Rendón
La difusión en prensa de tardías observaciones a las cuentas públicas 2012 de los cuatro principales ayuntamientos de Guerrero, no hizo más que politizar un asunto que técnicamente debe ser sujeto aún de un período de solventación por parte de los alcalde salientes y entrantes de ese año fiscal, pero que en una de sus variables, se originó en un pleito entre diputados locales de las comisiones de Vigilancia de la AGE y de Presupuesto, por quedarse con puestos importantes dentro de ese órgano fiscalizador estatal, mientras el auditor Arturo Latabán López perdió los estribos y toda autoridad moral luego de haber violado la ley al impedir que alcaldes y exalcaldes solventaran observaciones a sus cuentas y entregarlas incompletas al Congreso local.
El pleito lo estelarizan tras bambalinas diputados locales del PRI y del PRD que han propiciado el despido de diversos funcionarios de la Auditoría General del Estado (AGE), y que incluso presionan al auditor general, Arturo Latabán López para destituir hoy mismo a otros directivos, para colocar en su lugar a personas sin el perfil especializado de alto nivel que se requiere para su función fiscalizadora, pero que les son incondicionales políticamente.
El objetivo de priistas y perredistas en la Comisión de Vigilancia de la AGE, y en la de Presupuesto y Cuenta Pública, es hacerse con el control político del máximo órgano fiscalizador estatal, eliminando de la estructura interna a profesionales operativos de puestos clave que pudieran tener simpatías o relación personal con el gobernador Ángel Aguirre Rivero o con el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva.
En medio de esa rebatinga por los puestos que vayan quedando vacantes, surge como protagonista principal la priista Alicia Zamora Villalba. Tanto así que corre la versión en el Congreso local de que fue la diputada Alicia Zamora la que filtró a la prensa la información sobre observaciones a las cuentas públicas de los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo, culpando sin bases de “daño patrimonial” a los exalcaldes Manuel Añorve Baños y Héctor Astudillo Flores, pese a que es sabido que ambos pidieron licencia a sus cargos en febrero del 2012 para ir como candidatos del PRI a diputados federal y local, respectivamente, en las elecciones de julio de ese año. Pero que, en cambio, son los priistas que encabezan las encuestas para obtener la candidatura de su partido a gobernador del estado en el 2015. ¿Casualidad o golpe político por fuego amigo?
Y por ende, en los hechos, son los suplentes que quedaron en las alcaldías, más los nuevos alcaldes que tomaron posesión el 30 de septiembre del 2012 quienes presentaron las cuentas públicas referidas, pero que deberían estar en proceso de solventación. Con lo que se estaría afectando en los hechos a los suplentes, Verónica Escobar, de Acapulco, y a Tulio Pérez, de Chilpancingo -que fungieron 7 meses en sus cargos-, así como a los actuales alcaldes en funciones, Luis Walton Aburto y Mario Moreno Arcos -con 3 meses cada uno-, respectivamente, ya que las cuentas públicas se aprueban o no por años fiscales completos, y en el 2012, año de elecciones y cambio de alcaldes hubo en todos los ayuntamientos tres titulares de gobiernos municipales, que en conjunto son corresponsables de esas cuentas, y curiosamente tanto Añorve como Astudillo fueron los que menos tiempo y recursos tuvieron para manejar, pues pidieron licencia para participar como candidatos, y solo gobernaron sus municipios menos de dos meses. De modo que ¿se trata de afectar también a los actuales alcaldes?
Los puestos motivo del pleito…
En el juego de presiones y peleas entre diputados, que tanto daño le está haciendo a la AGE, en octubre del 2012 fueron destituídos el director de Auditoría Financiera, Josiel Gómez Vélez; el director de Auditoría de Obra Pública, Arquelao Manuel de la Cruz; el director de Solventación, Rafael Adame Carranza; y el subdirector de Solventación, Manuel Salvador Radilla; todos de la estructura de la Auditoría a Ayuntamientos. Puestos todos que se repartieron los diputados por cuotas políticas para su gente, pese a lo inconveniente de ponerlos en manos de personas poco capacitadas.
El pleito de la última semana ha hecho crisis con el tema de la fiscalización a los ayuntamientos, debido a que, por ejemplo, la diputada Alicia Zamora exige contra viento y marea puestos para su gente, por lo que ha presionado para que hoy, 10 de marzo, se logre despedir a la directora de Auditoría Financiera, Cibeles Santibáñez Valente; al director de Solventación, José María Murillo Silva; ambos del área de la Auditoría Especial a Organismos Públicos y de Órganos Desconcentrados. Así como otros funcionarios del área de Auditoría Especial del Sector Gobierno, peleados estos otros puestos también por diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Lo que pinta de cuerpo entero las ambiciones personales y de grupo y fracción entre los diputados, que en su afán de establecer presuntos controles políticos y hacer contrapeso al gobernador Aguirre en el tema de las auditorías para el último año de su gobierno, están creando un desorden en la AGE que podría desacreditar la seriedad y el compromiso de transparencia, equidad e imparcialidad que ese órgano fiscalizador tiene ante la sociedad… Y aunque se lleven entre las patas a sus propios compañeros de partido, como en el caso del PRI.
Lataban puso en crisis a la AGE y debe renunciar…
Más allá de la filtración a la prensa de los nombres de exalcaldes con observaciones -que no son delitos ni desvío, sino aclaraciones necesarias-, motivo inicial del escándalo, el auditor Arturo Latabán violó los artículos 38 y 27 de la Ley Superior de Fiscalización, al haber entregado incompleta la información al Congreso, pues desde septiembre del 2013 debió haber notificado a los 81 alcaldes del estado las observaciones de sus cuentas públicas, y no lo hizo, ni tampoco concedió el plazo de 15 días hábiles para solventar el Pliego de Observaciones que dispone la ley. Es decir, que dejó en la indefensión a los alcaldes, y peor aún, atentó legalmente contra la propia AGE, pues ahora los alcaldes pueden ampararse o entablar pleito legal con la total seguridad de que ganarán sus casos.
Lo curioso, en ese conflicto, es que la filtración buscó el escándalo en contra de exalcaldes como Añorve y Astudillo, que han logrado la aprobación de todas sus cuentas públicas del 2009 al 2011, mientras que Latabán calló el hecho de que los alcaldes de Atoyac y de Ometepec NO entregaron cuentas, y por lo tanto se hacen acreedores incluso a un juicio político para retirarlos del cargo y sancionarlos al menos con inhabilitaciones por 10 o más años para ocupar puestos públicos.
En ese marco, resulta nefasto que la explicación de las fallas en la operación de la AGE se radique en los pleitos internos de Latabán con los auditores especiales nombrados por el Congreso local, y que se deje llevar además de las presiones de diputados para hacer cambios internos de funcionarios a capricho, que apuntan a una politización creciente de las revisiones contables y de las cuentas públicas por parte de grupos políticos del PRI y del PRD, para presionar a aspirantes a la gubernatura y al propio gobernador Aguirre Rivero según sus intereses particulares, quitándole toda autoridad moral y operativa a la AGE.
Con lo que quedan al aire tres preguntas básicas: ¿Quién va a poner orden al interior de la AGE, que sigue siendo en el papel el máximo órganos fiscalizador del estado de Guerrero?
¿Se saldrán con la suya los diputados que pretenden quitar y poner funcionarios técnicos en su guerra contra los auditores especiales?
Y sobre todo, ante la grilla interna, el desorden y las violaciones a la ley, sin autoridad ni credibilidad en su puesto ¿qué espera el auditor general del Estado, Arturo Latabán López para renunciar a su cargo, luego de que destruyó la poca confiabilidad que le quedaba a la AGE ante la sociedad...?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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