PALABRAS MAYORES
Zeferino Torreblanca debe ser juzgado por delitos contra la salud de la población
Por Jorge Romero Rendón
El exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo no pudo evitar ser interrogado por el presunto desvío de más de 1,900 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría estatal de Salud (SSa), al comparecer ante la Contraloría General del Estado el viernes pasado, y pese a que después quiso defenderse en una conferencia de prensa, la verdad es que NO pudo comprobar el destino de esos recursos públicos y se le debe investigar por delitos de lesa humanidad.
Torreblanca Galindo despreció siempre las denuncias de corrupción que hizo la prensa sobre los negocios sucios y malos manejos de sus más cercanos colaboradores como Carlos Álvarez, César y José Antonio Bajos Valverde, José Luis Zuzuarregui o Enrique Pasta Muñúzuri en áreas financieras, de adquisiciones y de recursos humanos de todas las dependencias estatales, en las que centralizaron la mayor parte del presupuesto estatal para desviar dinero, alterar comprobaciones de gastos y simular compras, con lo que todos ellos y sus operadores se enriquecieron durante seis largos años a costa de la inoperancia de los programas gubernamentales.
Los casos más escandalosos de corrupción fueron denunciados justamente en la Secretaría de Salud, en donde la prensa encontró casos de compras alteradas y adquisición de medicinas caducas a precio de remate, en lotes que luego iban a parar a la basura, lo que a su vez provocó el desabasto en hospitales y clínicas, lo mismo que el cierre de más de 400 centros de salud en el área rural del estado.
También fueron denunciados los casos de uso de insecticida adulterado y rebajado para el Programa de Vectores, lo que le dejó grandes ganancias a los operadores financieros de la SSa, pero a costa de una incidencia histórica de más de 10 mil casos de Dengue, con centenares de muertos entre los años 2007 y 2010. A lo que se suman las evidencias de desvío de recursos para la adquisición de helicópteros y aviones que resultaron inservibles, y que el propio Zeferino tuvo que tratar de explicar públicamente ante las evidencias periodísticas y de las hechas por personajes de su propio partido, el PRD.
Solo esos casos implican el desvío y uso fraudulento de miles de millones de pesos, de los que la Contraloría estatal ha empezado por investigar el uso de 1,900 millones de pesos que desaparecieron extrañamente de las arcas estatales durante el último año de gobierno zeferinista.
Y lo curioso es que fue el último secretario de Salud zeferinista
–Jaimes- quien señaló al propio Zeferino de haber dado órdenes de sacar ese dinero de las cuentas bancarias oficiales, para ser concentradas en cuentas secretas manejadas por los operadores del exgobernador, manejo que estuvo a cargo de la exsubsecretaria de Finanzas de la SSa, Magaly Salinas, a quien ya se ha citado en ocasiones anteriores para que aclare ese y otros casos de desvío de dinero.
La huida política…
Para nadie es un secreto que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha hecho amplias investigaciones sobre las oscuras operaciones financieras del zeferinato, luego de haberse encontrado con un caos financiero que por un lado ha obligado a pagar mucho dinero para resarcir desvíos y cubrir convenios fraudulentos con empresas, instituciones y particulares. Y que por otro evidenció el robo y el peculado como los delitos más comunes cometidos por exfuncionarios zeferinistas que desaparecieron de Guerrero al terminar el mandato de ZTG.
Consciente de ese problema, Zeferino se ha convertido en un francotirador que ha pretendido evitar que le finquen responsabilidades, usando –ahora sí- a cierta prensa para difundir sus ataques contra el gobernador y contra los actuales funcionarios.
Pero más allá de la grilla periodística, Torreblanca está pretendiendo crear un partido político –“Sinergia Social”, que no ha logrado acreditar ni una sola asamblesa en ningún municipio del estado, incluyendo Acapulco- para tratar no tanto de volver a ser alcalde de Acapulco –una barbaridad-, sino para politizar todos los casos de corrupción que se le investigan, y que el gobierno aguirrista NO está dispuesto a pasar por alto.
Porque si algo le demandó la ciudadanía a Ángel Aguirre durante su campaña electoral, fue meter a la cárcel a los ladrones del presupuesto que no solo se llevaron el dinero, sino que, en el caso de la SSa afectaron la salud de miles de guerrerenses:
El cierre de más de 400 centros de salud, el fraude con la adquisición de insecticida rebajado y adulterado, que en conjunto provocaron el crecimiento exponencial de epidemias, así como un elevado número de muertes maternas, por alacranismo y en especial por Dengue hemorrágico, son casos de delitos de lesa humanidad por los que deben ser juzgados Zeferino y sus funcionarios, porque no solo robaron dinero, sino la vida de cientos de personas cuyos casos deberán ser documentados incluso por organismos internacionales de derechos humanos y por la Corte Internacional de Justicia, con solo las denuncias ciudadanas. Es hacia allí donde deben investigarse ahora esos casos de corrupción y homicidio institucionalizado.
¿O deberían quedar impunes los pecados y delitos cometidos desde el poder por Zeferino Torreblanca, por supuestos acuerdos “políticos” que reclama ese exgobernador…?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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