CHILPANCINGO (www.libertadguerrero.net).- Acompañado por sus abogados Jorge Alejandro Sodi Patiño y Juan Carlos Navarro Vázquez del despacho “Sodi y Asociados”, el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acudió este viernes a la Contraloría Estatal a entregar un documento “amplio y completo” en el cual responde al señalamiento que le imputó su ex secretario de Salud, Antonio Jaimes Herrera, también ex alcalde de Iguala, por la presunta malversación de mil 300 millones de pesos de la Secretaría de Salud.
Tras reunirse en privado por espacio de una hora y 40 minutos con funcionarios de la dependencia estatal ubicada en Palacio de Gobierno, el ex gobernador y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa en un céntrico restaurante de la capital donde precisaron el contenido y detalles de la comparecencia.
Sodi Patiño dijo que la Contraloría no tenía ningún elemento jurídico para haber citado a Torreblanca.
Añadió que la dependencia se basó en un testimonio “absurdo” que presentó su ex colaborador Antonio Jaimes Herrera y dos supuestos testigos “ficticios” de nombres Isidro Aurelio Velazco y Juan José Robles Mojica, quienes a la vez se deslindaron de aportar elementos.
En su defensa, explicaron los abogados, Jaimes Herrera alegó que nunca ejerció las funciones legales y administrativas de la Secretaría de Salud porque la encomienda del ex gobernador, añadieron, estaba orientada únicamente a situaciones de carácter político y en consecuencia imputó a Torreblanca la presunta malversación financiera de la dependencia estatal.
No obstante insistieron que no hay elementos jurídicos para culpar al ex mandatario, ni siquiera para vincularlo en el proceso administrativo, porque Jaimes Herrera fue designado mediante un nombramiento en el cual se precisan sus responsabilidades, derechos y obligaciones sustentadas en la Ley Orgánica del gobierno estatal, y pese a ello la Contraloría insiste en un procedimiento “fuera de lugar y desaseado”.
El ex gobernador agregó que en el documento que presentó este viernes señala la “deslealtad” de su ex funcionario y solicita que sea citado a comparecer y se finquen “responsabilidades para quien está mintiendo”.
Pero aceptó: “A veces me puedo apenar de haber nombrado a algunos funcionarios, porque en el ejercicio de su responsabilidad, con todos sus derechos y obligaciones, no solo es en las buenas, y aseguró que en su contra no tiene ningún otro procedimiento.
Los abogados insistieron que Torreblanca fue citado por el mismo hecho que hace dos años la Contraloría General inició procesos administrativos contra varios ex funcionarios, entre ellos, la ex subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de Salud, Magali Salinas Serna, y por el cual ya se habían fincado responsabilidades.
Pero aceptaron que promovieron un amparo denominado “Escopeta” porque no confían en el gobierno del estado y tenían el temor fundado de que al término de su comparecencia le “salieran con varias órdenes de aprehensión dolosas” como ya sucedió contra sus ex funcionarios y que finalmente no prosperaron.
Respecto al procedimiento que inició la Contraloría por las presuntas irregularidades en la compra de un helicóptero para la Procuraduría de Justicia y por el cual se giró orden de aprehensión contra varios ex funcionarios, Torreblanca y sus abogados afirmaron que un juez federal la desechó porque no encontró faltas administrativas.
Informaron que la aeronave tuvo un costo de 2 millones 200 mil dólares y su adquisición fue en base a una mezcla de recursos entre los gobiernos federal y estatal, e incluso, autorizada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
“Este asunto se resolvió en definitiva por un juez federal, quien concedió un amparo no para suspender las órdenes de aprehensión, fue absolutoria porque no encontró delito ni falta administrativa”, añadieron.
Porque además la Contraloría “se negó a exhibir a la Procuraduría de Justicia y al juez los documentos que en copia certificada se habían observado en el procedimiento administrativo que compraba que el uso de los recursos eran compartidos”.
Tras reunirse en privado por espacio de una hora y 40 minutos con funcionarios de la dependencia estatal ubicada en Palacio de Gobierno, el ex gobernador y sus abogados ofrecieron una conferencia de prensa en un céntrico restaurante de la capital donde precisaron el contenido y detalles de la comparecencia.
Sodi Patiño dijo que la Contraloría no tenía ningún elemento jurídico para haber citado a Torreblanca.
Añadió que la dependencia se basó en un testimonio “absurdo” que presentó su ex colaborador Antonio Jaimes Herrera y dos supuestos testigos “ficticios” de nombres Isidro Aurelio Velazco y Juan José Robles Mojica, quienes a la vez se deslindaron de aportar elementos.
En su defensa, explicaron los abogados, Jaimes Herrera alegó que nunca ejerció las funciones legales y administrativas de la Secretaría de Salud porque la encomienda del ex gobernador, añadieron, estaba orientada únicamente a situaciones de carácter político y en consecuencia imputó a Torreblanca la presunta malversación financiera de la dependencia estatal.
No obstante insistieron que no hay elementos jurídicos para culpar al ex mandatario, ni siquiera para vincularlo en el proceso administrativo, porque Jaimes Herrera fue designado mediante un nombramiento en el cual se precisan sus responsabilidades, derechos y obligaciones sustentadas en la Ley Orgánica del gobierno estatal, y pese a ello la Contraloría insiste en un procedimiento “fuera de lugar y desaseado”.
El ex gobernador agregó que en el documento que presentó este viernes señala la “deslealtad” de su ex funcionario y solicita que sea citado a comparecer y se finquen “responsabilidades para quien está mintiendo”.
Pero aceptó: “A veces me puedo apenar de haber nombrado a algunos funcionarios, porque en el ejercicio de su responsabilidad, con todos sus derechos y obligaciones, no solo es en las buenas, y aseguró que en su contra no tiene ningún otro procedimiento.
Los abogados insistieron que Torreblanca fue citado por el mismo hecho que hace dos años la Contraloría General inició procesos administrativos contra varios ex funcionarios, entre ellos, la ex subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de Salud, Magali Salinas Serna, y por el cual ya se habían fincado responsabilidades.
Pero aceptaron que promovieron un amparo denominado “Escopeta” porque no confían en el gobierno del estado y tenían el temor fundado de que al término de su comparecencia le “salieran con varias órdenes de aprehensión dolosas” como ya sucedió contra sus ex funcionarios y que finalmente no prosperaron.
Respecto al procedimiento que inició la Contraloría por las presuntas irregularidades en la compra de un helicóptero para la Procuraduría de Justicia y por el cual se giró orden de aprehensión contra varios ex funcionarios, Torreblanca y sus abogados afirmaron que un juez federal la desechó porque no encontró faltas administrativas.
Informaron que la aeronave tuvo un costo de 2 millones 200 mil dólares y su adquisición fue en base a una mezcla de recursos entre los gobiernos federal y estatal, e incluso, autorizada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
“Este asunto se resolvió en definitiva por un juez federal, quien concedió un amparo no para suspender las órdenes de aprehensión, fue absolutoria porque no encontró delito ni falta administrativa”, añadieron.
Porque además la Contraloría “se negó a exhibir a la Procuraduría de Justicia y al juez los documentos que en copia certificada se habían observado en el procedimiento administrativo que compraba que el uso de los recursos eran compartidos”.
Fuente: IRZA
Marzo/28/2014
www.libertadguerrero.net
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