BAJO FUEGO
Defensa del territorio 2
Por José Antonio Rivera Rosales
Si lo que trastoca la conducción y relaciones internas del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) son intereses vinculados a la minería, particularmente en lo que se refiere a la veta de oro gigante detectada en Guerrero,
entonces lo que se avecina es una gran batalla de los pueblos indígenas y no indígenas por la supervivencia.
Como ya lo dijimos en la entrega anterior, la defensa del territorio se yergue como la trinchera conceptual que irremisiblemente agrupará los intereses populares en una sola línea de contención, lo que augura nada bueno para la gobernabilidad y el futuro del estado de Guerrero.
De hecho, las dirigencias de las organizaciones populares detectaron el problema desde el año pasado, cuando algunos activistas de los llamados pueblos fundadores, es decir, de las 26 comunidades separadas de la CRAC por diferencias de opinión y desacuerdos con el grupo faccioso encabezado por Eliseo Villar Castillo, encontraron lo que podrían ser evidencias de exploraciones furtivas en el territorio de La Montaña.
Esas expediciones furtivas, en las que ha participado personal militar como acompañamiento y/o seguridad, se han detectado en territorio de Malinaltepec y Tlacoapa, precisamente el territorio de los 26 pueblos fundadores que se distanciaron de la CRAC y se adhirieron a la Unión de Pueblos (UPOEG).
Cuenta Cirino Plácido Valerio, uno de los fundadores de la CRAC-PC, que el año pasado comenzaron a advertir que algunos extraños instrumentos metálicos, que no han podido discernir si se trata de herramientas de exploración o rastreo, fueron encontrados semienterrados por campesinos en diferentes puntos de La Montaña Alta, en zonas muy agrestes.
En otros casos, cuando los campesinos trataban de seguir investigando, eran ahuyentados con disparos de arma de fuego.
Por lo menos en un par de casos, rememora Plácido, sus compañeros campesinos han observado a personal militar acompañado por hombres vestidos con indumentaria militar, pero de aspecto extranjero. En un momento determinado el propio Cirino Plácido recibió llamadas amenazantes de parte de un supuesto mando militar que decía tener su base en el estado de México, quien le advirtió que dejara de investigar.
Plácido Valerio comenzó a guardar las evidencias de los instrumentos metálicos desconocidos con el fin de presentarlos públicamente en una conferencia de prensa, para desentrañar de una vez por todas el misterio.
Para este como otros dirigentes indígenas, es claro que las mineras ya están actuando en La Montaña al amparo de líderes espurios que, en colusión con algunas instancias de los gobiernos federal y estatal, buscan incursionar en los territorios indígenas sin anuencia de las comunidades.
Para el caso de la veta de oro, cuya existencia está plenamente confirmada por las autoridades (en una charla reciente con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto, el funcionario reafirmó que la explotación del Cinturón de Oro es uno de los objetivos del gobierno de Ángel Aguirre), entonces estamos ante una embestida de las transnacionales de la minería que irán con todo para explotar semejante riqueza.
Lo malo es que el grueso de la veta se encuentra en territorios comunales de la Sierra Madre del Sur, así como en territorio comunitario por lo que toca a La Montaña, lo que implicará desplazar de sus tierras ancestrales a un número indeterminado de poblaciones indígenas y no indígenas.
Parecería una mera coincidencia que los desplazamientos causados por violencia en la vertiente interior de la Sierra Madre del Sur, se han producido en municipios como Chichihualco, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, precisamente a lo largo de la famosa veta. Nos negamos a la hipótesis de la coincidencia cuando al grupo delictivo de Los Templarios precisamente les han decomisado recientemente cientos de toneladas de minerales listos para ser exportados desde el puerto de Lázaro Cárdenas a China.
Informes recientes procedentes de aquella región indican que tanto esta organización delictiva, como la llamada Familia Michoacana -provienen ambas de la misma matriz- cuentan con maquinaria pesada y equipo de extracción metalúrgica.
Así pues, queda en el aire la duda: ¿grupos criminales, en colusión con servidores públicos, pretenden desplazar a comunidades enteras para preparar el arribo de las mineras transnacionales?
Sea por la vía legal o ilegal, el caso es que estamos ante una crónica de violencia anunciada en la que con seguridad se irán imponiendo los intereses de las mineras que, como nunca, tienen ante sí la oportunidad de extracción de una veta de oro que ofrece una capacidad sostenida para, por lo menos, los próximos 200 años. Ninguna empresa global podría sustraerse a la tentación de tal riqueza, comparable sólo a los 300 años de expoliación que generó la plata mexicana para la corona española.
Así pues, tras la resolución de los conflictos internos de la Policía Comunitaria por parte de su Asamblea Regional, entre abril y mayo próximos, se abre la posibilidad de una nueva alianza o reunificación del movimiento social que, de este modo, podría presentar un frente de lucha ya no ante el estado, sino más bien ante el mercado depredador.
En esta nueva alianza del movimiento indígena y popular, que ya figura en la agenda de las organizaciones, participarían la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y su Sistema de Seguridad Ciudadana (UPOEG-SSC), el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), los 26 Pueblos Fundadores de Malinaltepec, las decenas de comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso que quedaron a la deriva después de la aprehensión de sus líderes, las agrupaciones dispersas de los pueblos afroamericanos y, además, los nuevos grupos de autodefensa que comienzan a surgir en la sierra y la Costa Grande.
Ello permitiría construir un estado de fuerza cercano a los diez mil guardias comunitarios que, como nuevos centuriones, tendrían la responsabilidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de las comunidades, particularmente ante un capital depredador que, ayudado por funcionarios ambiciosos, buscarán explotar los yacimientos a costa de lo que sea. En este contexto explosivo, el gobierno tendrá que decidir a qué bando ofrece su apoyo.
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