LECTURAS POLÍTICAS
UPOEG y SSJC: fines políticos tras bambalinas
Por Noé Mondragón Norato
La inseguridad pública es un tema de grotesca moda. La delincuencia organizada, su principal protagonista. Sus actores, responsables de innumerables atropellos y excesos contra la población civil. Y las policías comunitarias son quienes van buscando no solo el enfrentamiento con los delincuentes bajo la coartada de extinguirlos o sacarlos de las comunidades, sino sobre todo dos cosas más: reflectores y poder político. Por esa razón, el arribo de más de mil 500 integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) al valle del Ocotito –municipio de Chilpancingo-, debe evaluarse con esos parámetros. Hay que verlos.
MOMENTOS Y COYUNTURAS.- El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, decidió incursionar intempestivamente al poblado de El Ocotito, evaluando el momento y las coyunturas políticas y sociales. No es casual que lo hiciera apelando a la improvisación. Las razones están ligadas a la circunstancia y se leen desde distintas páginas:
1.- En Michoacán, se vivieron recientemente momentos de tensión cuando el ejército implementó el desarme de los grupos de autodefensa ciudadanos. Pero ahí, los habitantes que se armaron tenían muy claro contra cuál grupo delictivo era la disputa: Los Caballeros Templarios. En El Ocotito, la UPOEG va contra la delincuencia en general pero no establece con claridad qué organización delictiva intenta combatir.
2.- El desarme de civiles en Michoacán se logró bajo la promesa de que el gobierno federal y estatal garantizarán el regreso de la paz y la tranquilidad a la Tierra Caliente michoacana. Y se hizo bajo ocho puntos en concreto: institucionalización de las autodefensas al integrarlas a los cuerpos de Defensa Rurales; facilidad para que sus miembros formen parte de las policías municipales; registro de sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional; auditorias de los recursos públicos a los municipios; rotación de agentes del Ministerio Público local y federal; apoyo permanente de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; facilidades para quienes fueron detenidos por la portación de armas de uso exclusivo del ejército y finalmente todo el peso de la Ley para servidores públicos locales y federales que tengan responsabilidad penal o administrativa en un hecho delictivo.
3.- La comunidad de El Ocotito se encuentra muy próxima a la capital del estado. Hay otros municipios que proyectan mucho más violencia, extorsiones y secuestros que el anterior. Pero curiosamente se eligió ese por cuestiones de estrategia y de sentido común: al tomar progresivamente la capital política de la entidad, se trata de ejercer presiones decisivas sobre dos actores políticos clave: el gobernador del estado Ángel Aguirre. Y el presidente municipal, Mario Moreno Arcos, cuyo puntaje parece ir a la alza en su pretensión de alcanzar la candidatura del PRI a gobernador. Desde esta perspectiva, el fin de la UPOEG se lee como más cargado hacia la parte política que de verdadero y autentico combate a la delincuencia. Porque si así fuera, entonces la lucha contra esta última por parte del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, hubiese comenzado por la Tierra Caliente y la región Norte que están más convulsas e infectadas en este momento, por dicho fenómeno.
4.- El Congreso local aprobó recientemente la creación de la Policía Rural que plantea entre otras cosas, la operación de este cuerpo policiaco con 2 mil elementos. Y su dependencia absoluta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). También, el desarrollo de sus funciones dentro de la circunscripción territorial de la localidad o municipio en la que fueron constituidas. Ahí es donde está uno de los puntos del conflicto. Porque Plácido Valerio intentaría acaparar el control de la Policía Rural con sus más de mil 600 afiliados al SSJC. Y ya no le dejaría nada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Muy por debajo de la mesa, existe una lucha soterrada entre la UPOEG y la CRAC tras la creación de la Policía Rural. La UPOEG parece haberle ganado en tiempo. Porque su estancia en El Ocotito lleva como fin, establecer una mesa de negociación con el gobierno municipal, estatal y federal. Y así lo ha dejado ver el propio Plácido Valerio. En estos tiempos, la inseguridad se ha convertido en instrumento para alcanzar objetivos políticos. Solo es cuestión de tiempo para ver como candidato a un cargo de elección popular, al dirigente de la UPOEG. Posiblemente, en este año electoral.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Otro ex rector de la UAG, Marcial Rodríguez Saldaña –primo del actual, Javier Saldaña- se encontró de pronto con la vieja cantaleta de no ser reconocido como dirigente municipal del Morena en Acapulco. Esa disputa legal le impediría a Marcial meterse a la disputa por la diputación local, que ha sido su más caro y frustrado anhelo. Y desde luego, promocionar a su pariente para una eventual candidatura a gobernador.
dragonato@hotmail.com
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