CHILPANCINGO (www.libertadguerrero.net).- Sólo 11 de los 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) salieron libres este martes bajo caución, a pesar de que el Juzgado Séptimo de Distrito aceptó que su actuación no fue ilegal.
Cabe señalar que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Cochoapa El Grande con el apoyo de la Policía Estatal y el Ejército, el pasado 6 de octubre, luego de que el síndico Bernando Ponce García les pidiera su colaboración para detener a tres campesinos por el delito despojo de tierras.
Sin embargo, al parecer, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosares Sierra, por “una traición” llegaron por ellos fuerzas policiacas y los trasladaron al penal de Chilpancingo bajo el argumento de que portaban armas exclusivas y otras sin licencia.
Los policías comunitarios, según declaró Santiago de Jesús Gálvez, comandante regional de la CRAC en Zitlaltepec, “fuimos golpeados. Nos trajeron en la madrugada al penal y nos metieron a un cuarto donde había más (presos) y nos dieron patadas, nos trataron mal”. Estuvieron desde la madrugada del 7 de octubre hasta ayer a las 14:20 horas, luego de que pagaron por cada uno 9 mil 138 pesos.
Según dijo el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, el síndico traicionó al sistema y el Ayuntamiento de Cochoapa daría el cheque para la finanza, porque el Rosales Sierra aseguró que a él le dieron el dinero los de la CRAC y él pagó, “sólo no pudo salir el policía y su vez hijo de una coordinadora, Samuel Ramírez Gálvez, lo acusan de portación de arma exclusiva del Ejército, y le dictaron auto de formal prisión el cual vamos a impugnar”.
Vidulfo Rosales comentó que hay una línea federal clara de persecución a los sistemas comunitarios, sobre todo hacia la CRAC. Recordó que primero iniciaron con las detenciones de la casa de Justicia del Paraíso en Ayutla, y al mismo tiempo, el 21 de agosto detuvieron a Nestora Salgado García, coordinadora de Olinalá, lo cual fue incorrecto.
Recordó que la CRAC se fundamenta bajo tratados internacionales vigentes como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige el respeto a sistemas de justicia basados en usos y costumbres de comunidades indígenas; además la ley 701 estatal enmarca el derecho de estos pueblos de ejercer sus propias formas de gobierno, lo cual han reiterado mucho.
En este caso la juez séptimo de distrito, quien llevó el caso, “es contradictoria porque reconocen por un lado acepta que son comunitarios, que la CRAC se fundamenta en el tratado 169 de la OIT, la ley 701; pero por otro los juzga por la ley de uso exclusivo de armas de fuego, lo cual en el caso del policía que quedó lo vamos a impugnar”.
Comentó que este tipo de casos son reprobables porque los gobiernos de los tres niveles, hacen caso a la línea del gobierno federal y detienen sin justificación a comunitarios que sustentan que sólo realizan su trabajo. Hasta el momento hay 8 policías comunitarios recluidos, incluidos Nestora Salgado recluida en Tepic Nayarit y Bernardino García Francisco, coordinador de El Paraíso.
Fuente: IRZA
Octubre/15/2013
www.libertadguerrero.net
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