CONTEXTO POLÍTICO
Desplazados en Guerrero y
acciones tibias de las autoridades
Por Efraín Flores Iglesias
La forma en que operan los criminales en los poblados de la región serrana de la entidad, es producto de la complicidad del gobierno estatal y de los alcaldes que, en lugar de brindar seguridad, educación y empleos, prefieren dejar en la total indefensión a los habitantes.
Desde hace tres años, grupos de ecologistas y comisarios de los municipios de Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Tecpan de Galeana denunciaron que hombres fuertemente armados empezaron a intimidar y a presionar a los pobladores para colaborar en actividades ilícitas, pero al negarse a “colaborar” con ellos, vinieron las represalias.
Los robos a casas habitación, asaltos a mano armada en carreteras y caminos, levantones y ejecuciones fueron las principales acciones en contra de los pobladores. Las autoridades tuvieron siempre conocimiento de los hechos, pero nunca actuaron para detener a los delincuentes.
Juventina Villa Mojica yRubén Santana Alonso, dirigentes ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán siempre denunciaron que grupos de paramilitares obligaban a los pobladores de esa zona a no denunciar la tala inmoderada de los bosques; de lo contrario tenían asegurado morir a balazos.
Al no cooperar con los criminales, fueron obligados a abandonar sus propiedades y pertenencias. No todos corrieron con la misma suerte, decenas de familias fueron emboscadas en el camino al tratar de huir.
Rubén Santana Alonso, por ejemplo, fue asesinado el 16 de febrero de 2011 cuando regresaba a su casa. Más tarde, el 17 de abril asesinaron a su hijo Sergio Santana Villa y a sus compañeros Martín Casarín Arroyo y Gilberto Islas, lo cual fue uno de los factores que alentó el desplazamiento de los habitantes hacia la localidad de Puerto las Ollas.
Y el 28 de noviembre del año pasado, en un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en la comunidad de la Laguna, en la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, resultó muerta Juventina Villa Mojica y uno de sus hijos, Reynaldo Santana Villa, quien era menor de edad.
Luego de la muerte de los dirigentes ecologistas los delincuentes se fortalecieron más y empezaron a incendiar viviendas y a robar ganado.
Y en las últimas semanas cientos de familias han sido desplazadas de sus lugares de origen. Tlacotepec y Tecpan han sido los lugares que han dado alojamiento a estas personas.
Por más que las autoridades estatales se empeñan en aseguran que la inseguridad ha bajado en la entidad, ya nadie les cree. De hecho, ni siquiera la presencia del Ejército y la Marina ha inhibido la presencia de los criminales en la región serrana.
Urge que el gobernador Ángel Aguirre Rivero cumpla con su obligación constitucional de brindar seguridad a sus gobernados, y ya no se distraiga en promover a sus gallos para la gubernatura.
Al parecer, Guerrero estaba más tranquilo en el gobierno despótico que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo; sexenio en que también se derramó mucha sangre a consecuencia de la disputa de territorios entre miembros de la delincuencia organizada, pero no había desplazados. Ese es el punto.
ENTRE OTRAS COSAS… Los maestros de la CETEG pretenden salir a las calles este 13 de septiembre para manifestar en contra de todas las reformas “privatizadoras” que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Hasta cuando les pondrán freno a los maestros “democráticos”? Pero, claro, son los grandes aliados del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
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