CONTEXTO POLÍTICO
Detención de guardias comunitarias. ¿Y los delincuentes cuándo?
Por Efraín Flores Iglesias
Lo que ocurrió el pasado lunes en el municipio de Tixtla, es una clara muestra de la debilidad del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien desde que llegó al poder sólo se ha dedicado a incrustar en la nómina gubernamental a varios integrantes de su familia, compadres y amigos, dejando a un lado los grandes problemas que enfrenta Guerrero.
Mientras la entidad se sigue incendiando, el mandatario estatal anda muy tranquilo. Y como no, él sí cuenta con seguridad. Que se jodan los guerrerenses que andan en las calles con el riesgo de ser víctimas de los delincuentes.
Pero en fin, es el gobernante que eligieron la mayoría de los electores que salieron a votar aquel domingo 30 de enero de 2011; sin imaginar, claro, el tipo de gobierno que iba a inaugurarse con él.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) siempre ha tenido el respaldo del actual gobierno, a tal grado de que les ha entregado recursos materiales y financieros para su operación en municipios de las regiones de la Costa Chica, Montaña y Centro.
Pero Aguirre Rivero nunca se imaginó el poder que iban a adquirir las guardias comunitarias. O tal vez lo sabía y quiso que le estallara el problema para llamar la atención del presidente de la República Enrique Peña Nieto. Le salió el tiro por la culata. A lo mejor si llamó la atención del mandatario federal, pero no para bien.
Hoy por hoy, se tiene una mala percepción del gobierno de Guerrero. Desde Los Pinos ven a un Ángel Aguirre rebasado por los grupos delincuenciales y por las guardias comunitarias. Por eso mismo, han ordenado a las fuerzas armadas para desarmar y detener a integrantes de la CRAC y muy posiblemente a Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Nestora Salgado García, promotora de la CRAC en el municipio de Olinalá, fue la primera en caer, y de acuerdo al propio gobernador Ángel Aguirre se encuentra detenida en el penal federal de Tepic, Nayarit por el delito de secuestro.
Efectivamente, los policías comunitarios han incurrido en varios delitos, sobre todo en privación ilegal de la libertad. Lo cual es condenable, pero han reducido los delitos en los territorios que corresponden a su jurisdicción. Pero nunca se imaginaron que las fuerzas federales iban a actuar en contra de ellos.
Nadie duda de la capacidad del Ejército para combatir y detener a los criminales. Tampoco se está en contra de esa institución cuando defienden la soberanía nacional que, por cierto, es su principal obligación. Pero eso de “querer medir fuerzas” con la Policía Comunitaria, es algo ridículo. Para empezar, los de la CRAC no tienen el adiestramiento que los militares, aunque hay que reconocer que los comunitarios sí tienen la valentía para enfrentarse a los criminales a la hora que sea.
Es necesaria la presencia del Ejército en estos momentos ante el repunte de la inseguridad en el estado, de eso no hay duda. Pero es urgente que hagan presencia en los poblados de Tetela del Río, Huautla, Rancho Viejo, pertenecientes al municipio de General Heliodoro Castillo, así como en localidades de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Petatlán, Tecpan de Galeana y Atoyac de Álvarez, en donde los grupos de la delincuencia organizada están cometiendo atrocidades en contra de los pobladores.
Es ahí en donde deben de estar para hacer frente a los criminales, esos que tienen un buen armamento y vehículos blindados. La pregunta es: ¿Por qué no han ido a esos lugares?, ¿a qué le temen?, ¿o será que tienen compromisos con los criminales?
Es obvio que la estrategia del gobierno federal (avalado por el estatal) es, detener a todos los dirigentes de la CRAC y de la UPOEG que han radicalizado sus acciones en contra del Estado y sus instituciones.
Ojalá que esa estrategia no quede ahí, porque también es necesario que las fuerzas federales desarticulen a los grupos delincuenciales que han cometido secuestros, levantones, extorsiones y ejecuciones en todo el estado.
Hay que recordar que varios pueblos decidieron de manera inteligente no agruparse a la CRAC ni a la UPOEG, advirtiendo que, en caso de que los criminales volvieran a meterse en sus territorios se volverían a armar para hacerles frente.
Guerrero es un estado con fuerte presencia guerrillera. Eso lo saben muy bien en el gobierno federal. Y en estos momentos Guerrero se encuentra en una situación muy grave, que debe ser atendido de manera inteligente.
ENTRE OTRAS COSAS… Y siguen las denuncias de nepotismo en la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, el imputado, no ha desmiente nada de nada. El que nada debe, nada teme. Mañana comentaremos más del tema.
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