CHILPANCINGO (www.libertadguerrero.net).- El pleno del Congreso local emplazó a la hidroeléctrica Mexhidro a retirarse de la presa El Gallo en un término de dos semanas si no paga los daños ocasionados a ganaderos, agricultores, pescadores y habitantes de por lo menos 60 comunidades del municipio de Cutzamala de Pinzón.
El asunto fue llevado a tribuna por el diputado local Nicanor Adame Serrano, presidente la Comisión legislativa de Desarrollo Rural, recordó de manera inicial que la presa El Gallo se levantó con el proyecto de impulsar la siembra de riego en la Tierra Caliente, pero en 2006 con argucias legales se permitió la instalación de la hidroeléctrica.
“Con un permiso simulado, donde presumían que iban a producir energía solo para el autoconsumo, Mexhidro logró que se le permitiera generar energía que ahora vende a varios municipios del Estado de México, de la zona metropolitana del Distrito Federal y varias empresas privadas”, denunció el representante popular.
En la sesión estuvo presente el alcalde de Cutzamala Isidro Duarte Cabrera, quien recordó que la presa se construyó con recursos públicos y que en su momento costó el desalojo de cientos de pequeños propietarios de tierra, que ahora se sienten engañados y encabezan un movimiento que podría generar el cierre de la compañía.
El diputado Adame Serrano explicó que la operación de Mexhidro en realidad comenzó en 1999, solo que se le detecta hasta 2006 porque cambió su razón social original ante la Comisión Reguladora de Energía, pues de ser una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A de C.V) pasó a ser Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por lo que en 2004 reportó un capital de 12 millones 151 mil pesos.
La presa no terminó de construirse en su lateral derecho, no se elaboraron todos los canales programados y cuando se cambió el carácter de la sociedad se insistió en que la energía sería utilizada para el autoconsumo, pero aparecen como socias varias personas morales.
Actualmente Mexhidro obtiene ganancias por 444 millones de dólares al año por la venta de energía, utilizando para sus fines el cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de impuestos solamente paga 750 mil pesos al gobierno federal.
Pese a las ganancias, hasta la fecha varios comuneros no reciben la indemnización correspondiente a 350 hectáreas de tierra que quedaron sepultadas bajo el agua de la presa, además de que el metro cuadrado les fue pagado en solo 50 centavos.
En consecuencia, puso a consideración un punto de acuerdo en el que plantea que las dependencias correspondientes del gobierno federal realicen un estudio de impacto ambiental, para determinar los años que ha ocasionado durante el tiempo que lleva en operación.
También se pide a la Secretaría de Energía (Sener) para que a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revise los términos en que se otorgó la concesión a Mexhidro, ya que se está cometiendo un fraude contra la nación, porque la energía no se utiliza para el autoconsumo, sino que en realidad se produce para vender en gran escala.
Que la empresa se vaya
Sobre el tema solicitó la palabra el diputado local del Movimiento Ciudadano (MC) Evencio Romero Sotelo, quien señaló que Mexhidro ha operado con dinero israelí, brasileño y luego italiano.
“Son unos tramposos, dijeron que primero generarían 100 mega watts, pero después resultó que en realidad generaban 500 y que en consecuencia, tenían energía suficiente para vender, lo que constituyó una trampa, si lo dejamos pasar le damos el visto bueno a la privatización del sector”, anotó.
Indicó que se está ante un problema muy grave, ya que si bien la compañía se ha enriquecido, los productores de mango, maíz, los pescadores y ganaderos de la zona sufren severas pérdidas.
Por eso planteó una adición al punto de acuerdo original: “De no darse cumplimiento a la resarción de los daños, que ascienden a los 60 millones de pesos ocasionados en las áreas de ganadería, agricultura y pesca, además de que se pague al ayuntamiento de Cutzamala el 30 por ciento de alumbrado público de 2005 a 2013, asimismo, si no cumplen las autoridades señaladas, se revoque en un plazo no mayor de 30 días hábiles la concesión otorgada a esta empresa trasnacional”.
El diputado priista, Omar Jalil Flores Majúl solicitó que en los resolutivos se modificara la adición del diputado Romero Sotelo, para que la empresa pague 60 millones de pesos o lo que resulte, en el entendido de que los daños pueden ser mayores a los estimados de manera inicial.
El acuerdo que contiene el emplazamiento se aprobó por unanimidad.
Por Rogelio Agustín Esteban
Julio/23/2013
www.libertadguerrero.net
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