- Violencia y Policías Comunitarias
- No son Legales Pero si Legítimas
El fenómeno de la violencia en México ha producido a casi veinte años de su aparición generalizada, una serie de distorsiones en el ejercicio del poder político y particularmente entre las instituciones que tienen que ver con seguridad pública como son policías, ministerios públicos y procuración e impartición de justicia. Los datos actualizados son harto preocupantes pues si hace más de una década se ponían los puntos sobre el tema y que deberían haber sido objeto de una concienzuda revisión por parte de los gobiernos y legislaturas locales y federales, esto no ocurrió y si en cambio se agudizó por la generalizada corrupción y vínculos con la criminalidad de funcionarios y autoridades gubernamentales.
Durante los últimos cuatro lustros, los mexicanos hemos sido testigos de la forma como se han manejado, de parte de gobiernos locales y federal, el combate a quienes originan y fomentan la violencia, mas sin embargo, las fórmulas han carecido de efectividad por diversas razones que tienen que ver con la ausencia de coordinación entre los tres niveles de gobierno y el desinterés de alguna de las partes por intervenir a fondo y a causa de las restricciones legales que se tienen para actuar en consecuencia.
La falta de instancias de control para el ejercicio de las instituciones que deben proveer a la ciudadanía de la seguridad pública fueron minando la fortaleza del Estado mexicano para hacer frente a los delincuentes comunes y posteriormente a la delincuencia organizada, lo cual contribuyó aún más a que el ciudadano quedara desprotegido y a merced de los hampones y frente a corporaciones policiacas infiltradas y en cooperación con los criminales.
A menos de dos décadas de haberse dado la primera alarma para que las instituciones del Estado mexicano enfrentaran a los criminales en el país, poco se ha avanzada y sí ha habido en los últimos cuatro años una serie de eventos que han acaparado la atención de la opinión pública sobre una nueva forma de organización de los gobiernos en sus tres niveles y los cambios que se han producido en las estructuras legales para mejorar la coordinación y eficacia para combatir la violencia que ha rebasado en mucho la capacidad del propio gobierno para enfrentarla con éxito.
Las estrategias que se han implementado a la luz del día no han funcionado o han quedado cortas o sin afinidad con gobiernos locales. La realidad es lamentable, el país está sumido en una espiral de violencia que solo podrá frenarse con estrategias de control gubernamental para quienes fungen como policías, investigadores y miembros de los servicios de inteligencia, pero también a quienes forman parte de las instancias de la procuración de justicia y de la impartición de justicia como son los miembros del poder judicial. El reto, en estos tiempos, es mucho mayor al que era hace dos décadas cuando se dio la voz de alarma y que los gobernantes prefirieron ver para otro lado y no meterse en mayores problemas.
El panorama nacional no es nada halagüeño y solo baste mirar entidades como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, entre otros, quienes están sumidos en la inestabilidad social a causa de la inseguridad pública, la presencia de narcotraficantes, el desenfreno de los delincuentes comunes y los altos índices de homicidios dolosos, ejecuciones, robos, secuestros y extorsiones. Cada vez es menor la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para proveer a los ciudadanos de la seguridad pública, una responsabilidad que es irrenunciable de parte de los gobernantes y por ende intransferible. En los años de 1995, cuando se dio a conocer el primer diagnóstico sobre la violencia y la inseguridad pública en México, en el estado de Guerrero grupos de ciudadanos del medio rural, particularmente de la región de la costa chica, decidieron organizarse para enfrentar ellos mismos a los delincuentes que asolaban sus comunidades y que cometían toda clase de delitos como son el abigeato (robo de ganado), asesinatos, asaltos, secuestros y violaciones a mujeres indefensas.
Esta clase de organización fue debidamente acreditada por el gobierno estatal y se le habilitó como policías comunitarios de los pueblos indios de la región. A través del tiempo, estos cuerpos de ciudadanos habilitados como policías, lograron obtener la simpatía de los habitantes y tras varios años de funcionamiento lograron instalar casas llamadas de justicia en donde los que eran detenidos, eran procesados bajo los usos y costumbres de la región y en casos particulares entregados a las autoridades estatales para que se les aplicara la ley.
Sin embargo, los delincuentes que eran entregados a la justicia estatal, salían en libertad en tiempo récord lo cual originaba una serie de desencuentros con los policías comunitarios a fin de tomar venganza por su aprehensión. Luego entonces, los policías comunitarios decidieron aplicar la justicia bajo sus costumbres y con ello lograron bajar el índice de delitos en la región donde tienen presencia hasta la fecha.
La aparición de los policías comunitarios en el estado de Guerrero no es cosa fortuita sino obligada bajo la circunstancias de violencia e inseguridad prevaleciente en el país y en la entidad. Esto ha provocado que a la fecha estas corporaciones al margen de la ley son absolutamente legítimas porque tienen tras de sí la confianza y apoyo de los ciudadanos que habitan los pueblos indígenas de la costa chica.
Hoy cuando se cuestiona la operatividad de estas policías comunitarias, se olvida de su historia y sobre todo de las causas que las originaron y que no fue otra mas que por la imposibilidad del Estado mexicano de proveerlos de la seguridad pública af fin de realizar sin altibajos ni contratiempos sus actividades cotidianas.
Quienes hoy las cuestionan son los que desearían que continuaran siendo los pueblos de la región sometidos por la barbarie de los delincuentes comunes u organizados. Veamos cómo el gobierno estatal maneja esta situación que es por demás preocupante, pues no son los mismos los policías comunitarios que los llamados de autodefensa, policías ciudadanas o policías populares, como tampoco los dirigentes de estos nuevos grupos son auténticos y mucho menos independientes ideológica y políticamente.
Periodista/Analista Político*
porteno4964@gmail.com
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