BAJO FUEGO
Enemigo público
Por José Antonio Rivera Rosales
Después de la delincuencia organizada, el magisterio disidente se convirtió en un azote para la ciudadanía guerrerense.
Desde que comenzó la protesta de maestros adscritos a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), a mediados de febrero, las dirigencias de esta combativa organización gremial equivocaron la dirección de sus baterías de combate: en lugar de cuestionar al gobierno de la República y al Congreso de la Unión, espacios donde se cocinó el proyecto de reforma educativa, se lanzaron en contra del gobierno del estado que ninguna injerencia legal tiene en una iniciativa de orden federal.
Esta actitud desde el principio movió a sospecha, porque los disidentes jamás protestaron mientras se discutía la iniciativa de reforma entre los partidos políticos con presencia en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que era el momento ideal para protestar y, así fuera de esta forma, dejarse escuchar por quienes votarían la iniciativa.
Antes, tampoco interpelaron la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto que fue el autor de dicha iniciativa, ni mucho menos reclamaron espacios para una consulta pública ni nada que se le parezca. Simplemente dejaron transcurrir el tiempo.
En su descargo habrá que decir que la detención de Elba Esther Gordillo, la aborrecible lideresa del magisterio sometido, también incidió en el pasmo de la disidente docente que, sorprendida, presenció -al igual que toda la nación- el manotazo que la Presidencia de la República asestó a la dirigencia oficial del sindicato más grande de América Latina.
Con todo, habrá que precisar que la señora Gordillo fue detenida el día 26 de febrero, pero ya desde un día antes, el lunes 25, los maestros disidentes de Guerrero habían suspendido labores por tiempo indefinido. Hasta el momento las dirigencias del movimiento magisterial de ningún modo han planteado alguna estrategia para combatir legal o políticamente una nueva ley aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales -no se les ha ocurrido, por ejemplo, plantear una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación-.
Tristemente, la táctica fundamental del magisterio opositor se ha enfocado en golpetear las instituciones del estado de Guerrero y, señaladamente, la administración de Ángel Aguirre Rivero.
En estos momentos, los supuestos maestros democráticos se aprestan a transformar una demanda gremial en un movimiento popular que pedirá de entrada la desaparición de poderes en Guerrero. ¿Esa es, acaso, una salida viable? Lo único que una desmesura de tal naturaleza causará es una inestabilidad que derivará en mayor postración económica para la población.
La movilización del magisterio disidente se ha caracterizado por hostigar o amedrentar a una serie de actores políticos para obligarlos a ceder a sus pretensiones, en este caso una ley estatal de educación pública en la que se les garanticen sus derechos laborales así como la gratuidad de la educación pública que ya está garantizada por la Carta Magna.
Y esta es la parte medular de la campaña magisterial: los maestros abogan por sí mismos, por mantener a toda costa un status laboral que consideran amenazado por la nueva norma.
Aunque algunos grupos de supuesta defensa de derechos humanos -que lo único que defienden son sus intereses de facción- hacen apología de esta supuesta lucha social, en la que los vándalos son pintados casi como paladines de la enseñanza y de la libertad, lo cierto es que segmentos mayoritarios del magisterio disidente en realidad constituyen una clase social que disfruta de muchas prestaciones y beneficios de los que carece la inmensa mayoría de los habitantes de este empobrecido estado de Guerrero.
Sin lugar a dudas, aquí de lo único que se trata es de mantener privilegios que se pactaban bajo presión con el corrupto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con autoridades del ramo, léase Secretaría de Educación Pública, como son la asignación de plazas, ascensos y concesiones.
No hay más. Toda la supuesta preocupación por la gratuidad y la calidad de la educación, esgrimida como argumento por la disidencia magisterial, es pura vacilada para justificar la movilización.
Aquí debe quedar en claro que el objetivo de la educación son los educandos, en este caso los más de medio millón de niños de educación primaria y secundaria que están sin clases desde el 25 de febrero en que comenzó formalmente la movilización de los supuestos maestros democráticos, cuya conducta salvaje y vandálica ha sido sobradamente exhibida por sus propios excesos. Pero los educandos es lo que menos les importa, aunque digan lo contrario.
Y si usted, querido lector, no nos cree, un recorrido elemental por su trayectoria reciente basta para pintarlos de cuerpo entero:
-Irrumpieron en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri para reclamar, con golpes y agresiones, la actitud de los diputados locales que aprobaron sin chistar la Reforma Educativa. Durante ese episodio mantuvieron retenidos contra su voluntad (¿o habría que decir secuestrados?) a varios legisladores locales, obligando entre ellos a Rubén Figueroa Smutny a redactar un compromiso de intercambio de impresiones con los inconformes.
-Interceptaron al senador Sofío Ramírez para increparlo por el sentido de su voto en el Senado de la República, a quien poncharon las llantas de su vehículo para obligarlo a que los escuchara.
-Hicieron lo mismo con el diputado federal Carlos de Jesús Alejandro, quien para escapar de la presión las ofreció abrir un espacio de diálogo en la Cámara de Diputados.
-Cerraron los accesos de tiendas departamentales en la capital del estado, operación que más que afectar a esos consorcios, afectó a la ciudadanía que acudió aquel día a hacer sus compras. Muchos no pudieron entrar y muchos tampoco pudieron salir de esos establecimientos.
-Bloquearon durante 9 horas la Autopista del Sol el día 22 de marzo, precisamente cuando se iniciaba el tránsito de vacacionistas hacia los destinos turísticos de Guerrero, durante la temporada conocida como Semana Mayor.
-Establecieron bloqueos permanentes en las oficinas del Congreso local así como del Gobierno del Estado, lo que afectó la buena marcha de las instituciones pero, también, a los miles de ciudadanos de a pie que acudían a desahogar algún trámite.
- Siempre bajo presión, obligaron al gobernador a enviar al Congreso local una iniciativa de ley que contravenía claramente la Reforma Educativa federal.
-Acto seguido, presionaron a los diputados para votar dicha iniciativa en sus términos, cuando la principal prerrogativa del Legislativo es, precisamente, el derecho de votar de absoluta libertad y sin presiones de ninguna índole. Para eso es, en términos legales, una soberanía.
- Después de que el Congreso votó la iniciativa en sentido contrario a sus intereses, bloquearon nuevamente la Autopista del Sol, afectando el derecho de tránsito de miles de ciudadanos mexicanos, lo que obligó a la intervención de la Policía Federal con los resultados ya conocidos.
-El último numerito fue el ataque en la víspera contra el edificio del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática, a cuyos dirigentes no bajan de traidores.
Ahora, como se dijo en párrafos anteriores, se aprestan a protagonizar un movimiento de protesta popular con el respaldo de algunas organizaciones sociales, como el caso de las Policías Comunitarias adscrita a la CRAC, que anunciaron que marcharán uniformados y armados. ¿De qué se trata?
Pareciera que no se trata de una protesta sino de una confrontación, en cuyo trasfondo se aprecian los intereses de un número indeterminado de actores de la subversión política, en plena concordancia con grupos organizados que hablan de paz mientras preparan la guerra.
Lo censurable del caso es, insistimos, la indefensión en que dejan a decenas de miles de educandos, niños a los que violan impunemente su derecho a la formación mientras sus mentores -muchísimos de ellos desinformados, hay que decirlo- se enfrascan en una contienda absurda contra el gobierno, a la que se no le ve un final feliz.
Los gobiernos federal y estatal, por su lado, deberán abstenerse de reprimir las manifestaciones de los maestros sin que ello obste para el mantenimiento del estado de derecho. ¿Cómo hacerlo? He ahí el oficio político y la tolerancia que deberán mostrar tanto la administración estatal como federal.
Las próximas horas conoceremos el derrotero de estos acontecimientos que deberán finalizar con un acuerdo en que las partes deben ceder como principio fundamental del proceso de negociación y resolución de conflictos. El caso es que el magisterio disidente de ninguna manera representa al pueblo guerrerense, como asegura. Ni siquiera representa a la clase magisterial toda, porque la CETEG integra unos 20 mil de los 75 mil maestros que constituyen el sistema en Guerrero.
Si los maestros no ceden ni un milímetro, como ha sido su comportamiento reciente, entonces el gobernador Aguirre deberá consultar a una sociedad guerrerense expectante, que ansía ver terminado este diferendo. La última palabra deberá tenerla la comunidad. No más, pero tampoco menos.
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