CONTEXTO POLÍTICO
¿Quién confecciona los uniformes escolares?
Por Efraín Flores Iglesias
Cuando andaba en campaña, Ángel Aguirre Rivero prometió que a los maquiladores de la entidad los iba a tomar en cuenta para la elaboración de uniformes escolares. Pero ha incumplido ese compromiso. Se entiende que sólo quería el voto de los que ejercen esa noble actividad para llegar al poder.
Hace unos días, la presidenta de la Asociación de Maquiladores Unidos por Guerrero, María Luisa Vargas Mejía, denunció que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), a través de un documento confirma que “no se aplicará licitación pública ni siquiera por adjudicación directa”.
El presupuesto que el gobierno estatal invertirá para la hechura de miles de uniformes escolares para estudiantes de nivel básico, asciende a 130 millones de pesos. Y lo peor del caso es que el trabajo se lo han dado ya a empresas privadas del Distrito Federal, que se encuentran instalados en la entidad, pero que fungen como comercializadoras.
De ser cierta esa información, quedará demostrado que Ángel Aguirre no le interesa para nada invertir en las empresas o microempresas que operan en la entidad, y que el compromiso que hizo para reactivar la economía en Chilpancingo, fue una gran mentira.
La Asociación de Maquiladores Unidos por Guerrero está en todo su derecho de protestar en torno a esa irregularidad en que incurre el gobernador. Además, desmintió a las autoridades, respecto a que la hechura de uniformes escolares la realizarán los presos de la entidad. La dirigente la asociación manifestó que en las cárceles no existen personas capacitadas para realizar el trabajo y que no hay maquinaria suficiente para confeccionar grandes cantidades de uniformes escolares.
Hay que recordar que el pasado 29 de mayo de 2012, el gobernador se reunió con los maquiladores guerrerenses a quienes reiteró: “En el estado las empresas textileras, grandes y pequeñas, cuentan con personal que está capacitado para maquilar prendas de gran calidad, por eso no dudo en que los uniformes sean confeccionados por los guerrerenses.
Y reiteró la voluntad de su gobierno por privilegiar que los recursos destinados a este proyecto se queden en el estado, “yo no tengo intención de que una empresa de otra entidad haga los uniformes, sino por el contrario, quiero que esta oportunidad se la demos a nuestros paisanos de Guerrero”, dijo en esa ocasión.
Luego entonces no se entiende por qué de la noche a la mañana cambió de opinión el mandatario estatal. ¿Será que no le dieron el famoso diezmo? Sólo él sabrá.
Pero es necesario formular la siguiente pregunta: ¿Quiénes están detrás de esas comercializadoras que Ángel Aguirre ha favorecido en la confección de uniformes para el próximo ciclo escolar? Hay quienes presumen que se trata de un funcionario “muy bien parado” ante el mentado jefazo.
Sea quien sea, pero el gobernador debe aclarar este asunto. De lo contrario seguirá recibiendo serios cuestionamientos de que es un gran incumplidor y que sólo favorece los negocios de sus cuates.
ATINADA DECISIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL TSJ
Al conocer el actuar de los legisladores locales en torno a los diversos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, y que no han procedido como debe de ser, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), anunciaron que en los próximos días acudirán al Congreso de la Unión, para entregar a los diputados federales y a los Senadores de la República un documento, en donde señalan los actos de corrupción y nepotismo que ha cometido el presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, desde el 1 de mayo de 2011.
El planteamiento principal que formularán será exigir una auditoría a las finanzas del Poder Judicial, pues aseguran que “tienen los pelos de la burra en la mano” para sustentar sus señalamientos.
En el caso de los diputados locales, lamentaron que nunca hacen nada para investigar a fondo las irregularidades que cometen representantes de otros poderes públicos. Dijeron que “entre políticos se cobran y pagan cuotas de poder, y que entre ellos se protegen con uñas y dientes, fieles al cumplimiento del refrán que dice perro no come perro”.
Si han tomado la decisión de acudir al Congreso de la Unión –aclararon–, es porque el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, es miembro del grupo político del diputado federal y ex dirigente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez. Por esa sencilla razón no confían en que se tome en cuenta la investigación a los actos deshonestos en que ha incurrido el magistrado Jesús Martínez Garnelo.
En el caso de Sebastián de la Rosa, ya quedó demostrado que influyó para que dos de sus consanguíneos obtuvieran un empleo en el TSJ. De hecho, al legislador perredista lo cuestionan de ser un soberano mentiroso, ya que hace unos días declaró a un medio de comunicación de que su hermano Andrés tuvo que realizar un examen para ingresar a laborar en el Poder Judicial.
“Sebastián de la Rosa, miente, pues los únicos que presentan un examen son los que aspiran a ser jueces, y Andrés de la Rosa Peláez no es juez”, sostuvieron.
Por donde quiera que se le vea, el asunto de nepotismo y corrupción en el TSJ va a seguir dando mucho de qué hablar.
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