CONTEXTO POLÍTICO
Dirigentes de sindicatos: barbas a remojar
Por Efraín Flores Iglesias
Si realmente el gobierno federal está empeñado a aplicar la ley en contra de aquellos dirigentes sindicales que se han beneficiado de las cuotas que aportan sus agremiados, pues entonces debe de enfocar su mirada hacia Carlos Romero Deschamps y Martín Esparza Flores, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), respectivamente.
A ambos personajes se les señala de graves actos de corrupción. Romero Deschamps es miembro del PRI, y Esparza Flores es amigo y financiador de las actividades de Andrés Manuel López Obrador.
Obviamente que el que está más preocupado, es el líder del SME.
Con la detención de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, el presidente Enrique Peña Nieto mandó un mensaje muy claro a sus adversarios: no retar ni chantajear al Estado.
Gordillo Morales no entendió a tiempo el mensaje. Pensó que le iba a seguir funcionando su estrategia de decir que el SNTE es el sindicato más grande de América Latina y que nadie debería de meterse con ella. El 30 de noviembre del año pasado, precisamente un día antes de la asunción de Peña Nieto como presidente de la República, se llevó una amarga sorpresa: su archienemigo Emilio ChuayffetChemorfue designado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Quienes conocen de cerca a “La Maestra” afirman que nunca ha perdonado a Roberto Madrazo Pintado por operar su caída como líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Ni siquiera el saludo ha dirigido desde entonces al ahora secretario de Educación Pública.
Desde que decidió abandonar al PRI –agosto de 2005– desató una guerra sin cuartel en contra de sus adversarios. Con la fuerza electoral que representa el SNTE contribuyó para que Madrazo Pintado quedara en tercer lugar en la elección presidencial de 2006. Nadie olvida la clásica frase que utilizó en contra del priista tabasqueño: “¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco”.
Pero bueno, Elba Esther Gordillo le cobraron la factura muy pronto. Y se la aplicó alguien que ella jamás se imaginó. Subestimó a su antiguo aliado Enrique Peña Nieto. Lo que son las cosas.
Por eso es necesario que Martín Esparza ponga sus barbas a remojar. Al apoyar en la pasada elección presidencial a López Obrador –el principal adversario de Peña Nieto–, desde ese entonces quedó completamente marcado. Y peor aún, hace unos días fue acusado por el ex tesorero del SME, Alejandro Muñoz Reséndiz, de entregar a AMLO, de 2006 a 2012, 2 millones de pesos mensuales para financiar el plantón en Reforma y otra campaña de apoyo.
“López Obrador presume una imagen de honradez, justicia, anticorrupción. ¿Qué nombre se le tendría que poner, cuando desde el plantón de Reforma se destinó 2 mdp mensuales a su movimiento?”, cuestionó en una entrevista el pasado 22 de febrero, al periódico La Razón de México.
Detalló que al político tabasqueño se le entregaba el dinero en efectivo, en maletines y en el restaurante “El Círculo del Sureste” de la ciudad de México, y que algunas veces lo hacía directamente Martín Esparza y en otras ocasiones sus colaboradores. ¡Zas! Eso sí que es muy grave. Otro robo más a la clase trabajadora (electricistas).
La acusación es grave. Y Martín Esparza ha guardado silencio. AMLO, también. El que calla, otorga. ¿O no?
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene mucho que indagar por las diversas irregularidades que cometen los líderes sindicales. Con Elba Esther se ha demostrado que existe el compromiso de no permitir más impunidad.
Es necesario que también se investigue con lupa a Romero Deschamps, y no porque sea militante distinguido del PRI se le perdone sus fechorías.
APLICAR LA LEY A LOS CETEGISTAS
El Congreso local no debe dejarse chantajear ni humillar por los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG). A los rijosos “profes” se les debe aplicar todo el peso de la ley por obstaculizar las labores y trámites en varias oficinas gubernamentales. Las autoridades locales deben fajarse los pantalones y detener a los dirigentes de esa agrupación que, desde el 25 de febrero han cometido infinidad de delitos: privación ilegal de la libertad a empleados públicos, lesiones y toma de edificios públicos. Por eso hay que reconocer la atinada decisión del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Gaspar Beltrán, quien el sábado interpuso una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia del Estado por la retención de siete legisladores locales en el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” –ocurrido el pasado miércoles– y por otros graves delitos. El autor intelectual de esos delitos, desde luego que es el dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo.
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