ACAPULCO (www.libertadguerrero.net).- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM-GRO), solicitó al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero brinde medidas cautelares a los familiares, dirigentes de la UPOEG así como a los policías ciudadanos que conformaron la autodefensa civil por los hechos de inseguridad que surgieron en el municipio de Ayutla de los Libres en la Costa Chica del estado.
El presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández informó que dirigentes de la UPOEG y de la Autodefensa solicitaron medidas cautelares para el resguardo de su integridad física y de sus familias ya que sus vidas se encuentran en peligro luego de que decidieron organizarse para brindar seguridad a los habitantes de las comunidades de municipios como Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villareal, Cuautepec y San Marcos.
"La mayoría de los habitantes indígenas, mestizos y afromexicanos, decidieron organizarse para resguardar sus bienes, su tranquilidad, estabilidad familiar de manera directa ante la escaza presencia de la autoridad encargada de garantizar la seguridad y procuración de Justicia, tanto municipal, Estatal y Federal", señala el comunicado.
En ese sentido, la Coddehum en el estado, solicitó al gobernador su intervención para que se le brinde las medidas cautelares porque corren el riesgo de que sean víctimas de algún atentado a su integridad física y/o psíquica con motivo de su participación en el movimiento de autodefensa ciudadana.
Las medidas cautelares consisten en la implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental, patrimonial y social; así como a sus familiares y evitar algún daño de irreparables consecuencias.
Así mismo se pide girar instrucciones a la Procuradora General de Justicia en el Estado, a efecto de que en el ámbito de su competencia se aboque a la investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas perpetradas en agravio de los dirigentes de la (UPOEG), con el fin de identificar a los responsables y sean puestos a disposición del juez correspondiente para el deslinde de las responsabilidades penales, imponiendo las sanciones correspondientes.
Finalmente se solicitó que a través de las instituciones de Salud, Procuración de Justicia y DIF-Guerrero se brinde tratamiento médico y psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e indirectas, de los hechos presuntamente delictivos por las personas aseguradas o resguardadas por los integrantes del movimiento ciudadano.
Por Adriana Covarrubias
Febrero/12/2013
www.libertadguerrero.net
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