ACAPULCO (www.libertadguerrero.net).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitó a los policías comunitarios que impulsan acciones anticrimen en Ayutla y Tecoanapa que se quiten las capuchas que cubren sus rostros, también les señaló que no podrán fungir como jueces para sancionar a los 40 presuntos delincuentes detenidos en los últimos días.
El jefe del Poder Ejecutivo local calificó como algo loable al trabajo realizado por el grupo de policías civiles que se integran en la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), ya que reaccionaron de manera oportuna ante la inconformidad de la población por las vejaciones a que se les sometía por parte de la delincuencia.
Sin embargo, señaló que una vez que las autoridades han tomado en sus manos el resguardo de caminos y localidades, estos deben permitir que la vida retorne a la normalidad y convertirse en una especia de monitor ciudadano para denunciar las irregularidades que se registren en sus zonas de influencia.
Recordó que las fuerzas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias fundada en 1995 tienen un área de acción muy definida, usan un uniforme y credenciales que les identifican plenamente, ninguna manera utilizan pasamontañas o capuchas, por lo que inspiran mucha confianza a los habitantes de sus poblaciones.
Por esa razón, dijo que ya solicitó al dirigente de la UPOEG, Bruno Placido Valerio que haga el trabajo de persuasión necesario para que sus compañeros se despojen de las capuchas que cubren sus rostros, lo que el promotor aceptó de buena gana y en los próximos días se verá el resultado de lo mismo.
El mandatario estatal llamó a precisar muy bien si en Ayutla y Tecoanapa hay policías comunitarios o en realidad civiles armados al calor de un estado de desesperación.
“Yo les he dicho muy claramente a sus dirigentes que no puede estar embozados, no deben estar cubiertos del rostro porque ni siquiera a ellos mismos les conviene; porque sin en un momento dado se presenta un incidente no van a saber de donde partió”, apuntó.
En otra parte de la entrevista, Aguirre Rivero señaló que los 40 presuntos delincuentes detenidos a partir del 5 de enero en Ayutla y Tecoanapa no pueden ser sancionados fuera del marco legal, ya que algunos familiares han recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) para quejarse por el trato al que se les somete.
Bajo ese argumento, anticipó que la situación legal de los detenidos debe definirse dentro de las instituciones legalmente reconocidas.
Indicó que hay en esa parte de la Costa Chica elementos de la Policía Federal (PF), el Ejército Nacional y personal de la Marina Armada de México, de tal manera que una vez que se restablezca plenamente la tranquilidad, los civiles armados o policías comunitarios de la UPOEG tendrán que retirarse y limitar su actuación hacia las comunidades en que tienen presencia.
En todo caso, dijo que se convertirán en una especie de monitor ciudadano que se encargue de reportar todas las irregularidades que detecten.
Por Rogelio Agustín Esteban
Enero/16/2013
www.libertadguerrero.net
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