Despierta el “Guerrero Bronco”
Que políticos de primer nivel —desde alcaldes y funcionarios
estatales— al igual que mandos policiacos protegen a líderes de bandas criminales,
es un secreto a voces que ha despertado al “Guerrero Bronco”.
Este martes en el Congreso del Estado, los diputados Valentín
Rafaela Solís, Eduardo Montaño, Luisa Ayala Mondragón, Jesús Marcial Liborio,
Jorge Salazar Marchán y Tomás Hernández Palma escucharon el llamado de alerta
del dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero
(UPOEG), Bruno Plácido.
“No esperen que vengan gente de la CIA y DEA a capacitar a nuestra
policía, urge que le pongan atención a esto. Hay presidentes municipales
involucrados que dan protección a los chicos malos, no dan armas pero protegen
y hay que revisarlo, sabemos que nos pueden matar, pero más valen que mueran 10
y no mil a causa del miedo a decir la verdad”, advirtió el líder indígena.
En la reunión celebrada en el Congreso estatal, también asistieron
los alcaldes Manuel Quiñonez de Tecoanapa; Juan Viviano de San Marcos; Omar
González de Igualapa; Demetrio Guzmán, presidente Juchitán; Severo Castro de
Ayutla; Arquímidez Quintero, de Cuatepec; Antonio Antenógenes Vázquez,
presidente de Ometepec.
También los ediles de Xochihuehuetan, Fermín Rivera; de Copala,
Sadot Bello García; Luis Bustos, de Azoyú, Armando Ramos, de
Tlaxoachistlahuaca; Alejandro Contreras de San Luis Acatlán, el de Florencio
Villareal, Ociel Hugar García Trujillo y Elizabeth Gutiérrez, de Juan R.
Escudero.
Bruno Plácido sostuvo la necesidad de integrar un solo frente entre los
tres órdenes de gobierno y la sociedad para contener el avance de la
delincuencia organizada. A su vez los ediles reconocieron que las acciones de
la Policía Comunitaria son más eficientes que las impulsadas por las
corporaciones policíacas del más alto nivel, incluso los grupos de élite que
han recibido entrenamiento en el extranjero.
El 5 de enero del presente año los indígenas de Ayutla de los
Libres y Tecoanapa, municipios de la región de Costa Chica, pusieron el ejemplo
al organizarse y tomar los viejos fusiles que guardaban en sus casas para
defender a sus familiares del crimen organizado.
A sólo una semana de iniciado el año, apareció en diferentes
medios una extraña noticia en torno a una balacera ocurrida en Ayutla entre la
Policía Comunitaria y un grupo de presuntos secuestradores, en el que resultó
muerto un individuo de nombre Cutberto Luna Chávez.
Los policías comunitarios habían colocado retenes en las entradas
de Ayutla como respuesta al secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio
Alvarado García, quien había sido levantado en días anteriores.
Según los Policías Comunitarios, Luna Chávez se resistió a la
revisión y agredió a los comunitarios con un arma de fuego por lo que éstos
repelieron el ataque abatiendo al agresor, además detuvieron a tres de sus
cómplices.
Entre pedazos de información incompleta y contradictoria, se supo
que el comisario Alvarado García fue liberado poco después, mientras que los
retenes de la policía comunitaria siguieron operando en búsqueda de los
delincuentes.
A raíz de este suceso, en coordinación con sus líderes que
controlan la Policía Comunitaria, los habitantes cubiertos del rostro con
pasamontañas y paliacates instalaron retenes y lograron la detención, en diez
días de acciones permanentes, de 45 presuntos delincuentes que a la fecha
permanecen bajo resguardo en una casa de seguridad.
Jurídicamente los ciudadanos en autodefensa han violado los
derechos de los detenidos y han incurrido en delitos que van desde la privación
ilegal de la libertad y la portación de armas, entre los más graves, por
considerar que no tienen reconocimiento oficial para desempeñarse como
policías.
De acuerdo con el Artículo 17 constitucional, “ninguna persona
puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su
derecho”, sin embargo ante la nula respuesta de las autoridades gubernamentales,
los habitantes han establecido retenes, toques de queda y suspensión de clases
en los planteles escolares, pues tienen temor de ser víctimas de la
delincuencia organizada.
Ante la falta de pruebas, los detenidos podrían recuperar su
libertad inmediatamente por falta de pruebas que sustenten que son delincuentes
o que forman parte de alguna célula criminal. A la vez están en su derecho de
proceder legalmente contra sus captores.
Estamos en un verdadero dilema legaloide porque los responsables de garantizar la paz y seguridad pública también deben ser enjuiciados por incurrir en el delito de omisión, es decir, por no actuar ante el reclamo de los ciudadanos. Ante esto, el gobernador Ángel
Aguirre pretende que se reconozca a la Policía Comunitaria y
para ello ha solicitado a los diputados y senadores de Guerrero que presenten
una iniciativa ante el Congreso de la Unión, a petición de los dirigentes de la
Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Mientras esto ocurre, este escribano al igual que la gran mayoría
de guerrerenses cansados de la inseguridad que impera en Guerrero, apoya que
los ciudadanos tomen el control de la seguridad para la defensa de su
patrimonio y de la integridad física de sus familiares.
Sin embargo también existe el riesgo de que haya desprendimientos
de “policías ciudadanos” y utilicen las armas que portan para cometer
arbitrariedades que en el futuro podríamos lamentar, como lamentamos desde hace
varios años en las ciudades urbanas, el hecho de que nuestros policías de
academia trabajan hoy para las bandas criminales.
Ante el panorama de autodefensa ciudadana que estamos viviendo,
iniciado en Ayutla y Tecoanapa, extendido hoy a toda la Costa Chica, parte de
la Zona Norte y Montaña Baja de Guerrero, es urgente que las autoridades pongan
un alto a la delincuencia porque el fantasma del “Guerrero Bronco” ronda por
las comunidades indígenas que le dieron cause a los movimientos de
inconformidad social que abanderaron Lucio Cabañas y Genero Vázquez.
LOS TELÉFONOS CELULARES ¿PARA QUÉ?
Por cierto, antes de continuar al siguiente tema que se relaciona
con la seguridad, debo preguntar a los lectores si en sus trabajos les permiten
usar el teléfono celular para chatear y atender asuntos personales.
¿Creen ustedes necesario que los policías porten un teléfono
celular en horas de trabajo?
En plática con colegas comunicadores, salió a relucir el tema de
los teléfonos celulares que en muchos de los casos sirven a los policías de
academia, tanto federales como estatales y municipales, para anticipar a los
delincuentes de los operativos que se realizan.
En los municipios de las regiones de Costa Chica, Montaña y Zona
Norte los policías comunitarios usan radios portátiles de banda corta para
comunicarse, pocos usan celular porque o no tienen para comprarlos
o en varias comunidades simplemente no hay red de telefonía móvil.
Entonces comentamos ¿porqué no prohibir a los uniformados el uso
del teléfono celular? si no son herramienta necesaria para desarrollar sus
labores, por el contrario, los equipos móviles personales los distraen de sus obligaciones. ¿Para qué sirven entonces los matrix de largo alcance?
Entendemos que muchos cargan sus teléfonos por si se presentara
alguna emergencia familiar puedan atender algún llamado, pero bien podrían
llamarles al cuartel central y desde ahí que les comuniquen a través de los
radios que usan en la patrulla alguna situación especial.
Pues ahí queda como propuesta la prohibición del uso de celular
para policías preventivos y viales en horario de trabajo, como se hace en
cualquier otro empleo donde se requiere que el trabajador se concentra a sus
actividades al 100 por ciento.
Comentarios y sugerencias: fracalo2001@yahoo.com.mx
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