El gobernador entregó
apoyos a los civiles que desde hace 17 años realizan labores de seguridad en
defensa de sus pueblos; anunció que promoverá ante el Congreso de la Unión el
reconocimiento legal de la Policía Comunitaria
SAN
LUIS ACATLÁN (www.libertadguerrero.net).- En un acto donde brilló por
su ausencia el gabinete de seguridad, el gobernador Ángel Aguirre
Rivero entregó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) mil 200 uniformes, 4 camionetas y 1 millón 500 mil pesos para
infraestructura, equipamiento y compra de balas de su Policía
Comunitaria.
El
mandatario estatal visitó este lunes la zona delta para entregar apoyos
a los civiles que desde hace 17 años realizan labores de seguridad en
defensa de sus pueblos, en una asamblea celebrada en la bodega La Luz de
La Montaña que se ubica a dos kilómetros de la cabecera municipal.
En
este lugar el mandatario estatal destacó que donde opera la policía
civil coordinada por los indígenas han disminuido la incidencia de
delitos y no se vinculan con la delincuencia como ocurre en comunidades
urbanas.
Luego de escuchar diversas demandas de los integrantes de la CRAC, Aguirre anunció que en los próximos ante el Congreso de la Unión un decreto a fin de que se permita que la Policía Comunitaria sea legalizada y pueda coadyuvar en tareas de seguridad.
GRUPOS CONTRARIOS EN TORNO AL GOBERNADOR
La
asistencia del gobernador permitió que los grupos antagónicos
representados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG),
se congregaran en un mismo acto.
A
la asamblea llegó Bruno Plácido Valerio, líder de la UPOEG que
atestiguó el momento cuando el gobernador entrega un cheque por millón y
medio de pesos al coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández. Bruno
hizo muecas, fue evidente su disgusto.
Bruno
llegó a la “fiesta” de la CRAC cuando ya había iniciado la denominada
asamblea que más bien fue como cualquier acto controlado por la
seguridad y la avanzada del gobernador.
El
único cambio en el formato fue el maestro de ceremonia que, por cierto,
llamó la atención del gobernador quien de broma anunció que se lo
llevaría de Director de Comunicación Social, tras haber realizado una
reseña sintetizada de las últimas noticias relacionadas entre el
gobierno del estado y la CRAC.
Cuando
todos estaban en sus lugares, apareció Bruno. El gobernador se levantó
de su asiento, exclamó su nombre y lo esperó con la mano extendida para
saludarlo. Bruno ni siquiera volteó a ver a su adversario Pablo Guzmán
que estaba sentado junto al gobernador. El líder de la UPOEG sólo saludó
al alcalde Alejandro Contreras Velazco.
Más tarde, en su discurso, Aguirre citó: “No seré factor de división entre los pueblos indígenas”.
LAS DEMANDAS DE LA CRAC
La
consejera Felicitas Martínez Solano, leyó la postura de la coordinadora
que incluyó, como primer punto, el reconocimiento legal a la Policía
Comunitaria que desde hace 17 años opera en las comunidades indígenas de
la Costa Chica.
Pleno
respeto a su sistema de seguridad, justicia y su reglamento interno,
así como el desistimiento de la acción penal, persecución de las
autoridades y miembros de la Policía comunitaria.
De esta forma Martínez Solano exigió al gobernador el
cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), ratificado por el Estado mexicano y la Constitución, y la observancia y
cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
También
solicitó que solicite la cancelación de la actividad minera que
realizan empresas extranjeras en la zona, por considerar que afectan el
entorno ecológico y divide a los pueblos.
Demandó también la entrega de 200 fusiles AR-15 y equipos de radios de
comunicación que el gobernador —dijo—a le había ofrecido anteriormente.
En
su oportunidad, Aguirre Rivero ofreció que buscará los mecanismos para
legalizar a la Policía Comunitaria y recordó que como gobernador
interino entre 1997 y 1999 él fue el primer gobernador en apoyar la
creación de este cuerpo de seguridad.
"No
de ahora, no de ayer, ni de hace 15 días, por lo que pasó en Ayutla,
desde siempre han tenido mi reconocimiento", expresó el gobernador quien
calificó como justa la petición hecha por la CRAC y planteo que la
misma propuesta sería llevada al Congreso de la Unión y al Senado de la
República para su reconocimiento.
El
gobernador soltó frases como “yo no quiero ser motivo de fractura y división”,
“quiero ser el instrumento que pueda limar cualquier aspereza”, y “aquí,
ustedes son los mismos. Los protagonismos a un lado”, solicitó.
En
este acto Aguirre Rivero entregó a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias mil 200 uniformes, 4 camionetas Pick Up y 1
millón 500 mil pesos para infraestructura, equipamiento y compra de
balas de su Policía Comunitaria.
Ángel
Aguirre precisó que son poco más de 700 los policías comunitarios en
activo, pero que entregó mil 200 uniformes, compuestos por camisas
bordadas y pantalones de color verde olivo como lo pidieron sus
coordinadores, considerando que podrían incorporarse más elementos en
los próximos meses.
El
gobernador También entregó una ambulancia nueva para atender
emergencias y traslados de enfermos, unidad que recibió el alcalde de
San Luis Acatlán.
¿Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD?
Después,
Aguirre se reunió en privado en el interior de las instalaciones de la
bodega con productores cafetaleros, acompañado por integrantes del
gabinete económico y rural, no así de los responsables de la
seguridad y procuración de justicia que por la temática de la actividad ralizada por el gobernador, deberían estar presentes cuando menos para tomar nota de las peticiones y los acuerdos.
Minutos
después se generó el alboroto, cuando el equipo de seguridad preguntaba
insistentemente a todos los funcionarios y asistentes por el Secretario
de Seguridad Pública y Protección Civil estatal.
—Lo necesita el jefe —se apresuraba uno de los escoltas de Ángel Aguirre.
Nadie supo dar razón sobre Guillermo Jiménez Padilla.
—Nunca está cuando lo necesitan —se quejó otro elementos de la avanzada del gobernador.
Lo cierto es que Jiménez Padilla llegó tarde al evento y se fue antes que todos.
Igual
la Procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal que también llegó
tarde y permaneció junto a su camioneta sentada en una silla de ruedas
rodeada por sus escoltas.
HUBO INCONFORMES
Al
concluir el evento, representantes de las zonas indígenas de Ayutla y
Huamuxtitlán, Arturo Campos Herrera y Eugenio Jiménez, respectivamente,
se quejaron de que no les permitieron tomar la palabra en la reunión.
—¿Cuál es el problema? ...se cumplió el objetivo —justificó
un compañero de los inconformes que los invitó a pasar a comer la
barbacoa que los anfitriones prepararon para la ocasión a manera de
celebración con todos sus hermanos indígenas que vinieron de municipios
lejanos.
En
las comunidades indígenas de la zona delta de la Costa Chica, donde
opera la Policía Comunitaria bajo la influencia de la Crac y la UOPEG,
el 80 por ciento de sus habitantes hablan mixteco, un 10 por ciento
náhuatl y 5 por ciento tlapaneco.
Por Francisco Cárdenas
Enero/21/2013
www.libertadguerrero.net
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