CONTEXTO POLÍTICO
¿Quién ordenó limpiar la carretera?
Por Efraín Flores Iglesias
El miércoles de la próxima semana se cumple un año de la muerte de dos estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa, quienes realizaban una protesta en la Autopista del Sol, a la altura del “Parador del Marqués”, en Chilpancingo.
Aquel 12 de diciembre marcó para siempre al gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero. Policías ministeriales y federales reprimieron salvajemente a los manifestantes utilizando sus armas, matando instantáneamente a Jorge Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús.
En lugar de que las autoridades agotaran el diálogo hasta el último momento con la dirigencia estudiantil, optaron en que el problema creciera.
Minutos después de la ejecución de los jóvenes normalistas, el entonces subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Ramón Miguel Arriola Ibarra, fue abordado inmediatamente por los reporteros en el lugar donde ocurrió el lamentable hecho. Al jefe policiaco le escurría sangre en la cara, ya que durante el enfrentamiento de las fuerzas policiacas con los normalistas, alguien le arrojó una piedra en la frente.
Mientras atendía a los comunicadores, atrás de él se podía apreciar los cuerpos tendidos Jorge Alexis y Gabriel Echeverría en medio de un gran charco de sangre. Mientras que otros huían gravemente heridos, escapando a la vez de los golpes y para no ser detenidos.
El también general retirado del Ejército, sin tanto rollo justificó el actuar de la policía, exclamando lo siguiente: “El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”.
El también general retirado del Ejército, sin tanto rollo justificó el actuar de la policía, exclamando lo siguiente: “El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”.
Desde ese momento quedó claro que la responsabilidad fue del gobierno de Ángel Aguirre y de la Policía Federal, así también desde el 12 de diciembre no se sabe nada del general Arriola. Su confesión es clave para solucionar el caso.
Días después de la represión brutal cometida por el segundo gobierno del PRD en la entidad, Alberto López Rosas y Ramón Almonte Borja fueron separados de sus cargos de procurador general de justicia y secretario de Seguridad Pública, respectivamente. Lo curioso del caso es que el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, no fue destituido del cargo, pese a que es el jefe del gabinete y responsable de la política interna en la entidad.
Las protestas de los normalistas continuaron con mayor intensidad. Ahora, la demanda era otra: justicia por la muerte de sus compañeros.
Los dirigentes del PRD, en lugar de condenar la represión que cometió su jefazo Ángel Aguirre, prefirieron defender lo indefendible, traicionando con ello sus principios y postulados. El PRD se convirtió en el partido de la represión y la sangre, algo que en su momento condenaron de los gobiernos emanados del PRI.
El 8 de agosto del año que transcurre, en la Cámara de Diputados el legislador oaxaqueño Heliodoro Díaz Escárraga aportó un dato muy interesante. Dijo en tribuna que Carlos Mateo Aguirre Rivero (hermano del gobernador) ordenó a Humberto Salgado Gómez “limpiar” la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre.
Sostuvo que la versión de que el hermano del gobernador es el responsable, es verídica, toda vez que esto se supo por medio de las revisiones que se hicieron a los radios de comunicación de las Policías Federal y Ministerial.
Dijo que “en esta revisión se comprobó que Mateo Aguirre instruyó al secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez de limpiar la carretera”.
La acusación de Díaz Escárraga es muy seria. Queda claro que el Caso Ayotzinapa va a seguirle provocando dolores de cabeza al gobernador.
Humberto Salgado debe ser cesado del cargo por su gran irresponsabilidad y debe enfrentar la justicia. Y queda claro que el hermano del gobernador debe ser investigado por tales hechos de sangre.
Se supone que el que manda en la entidad es el gobernador y no el hermano incómodo.
Lo cierto es que la sociedad merece una clara explicación, sobre todo ¿quién dio la orden de masacrar a los estudiantes aquel 12 de diciembre? Esa es la cuestión.
CORRECTA LA SOLICITUD DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA REALIZAR AUDITORÍA EN LA SSA
El que nada debe, nada teme, recha un dicho popular.
El pasado miércoles, miembros de la sociedad civil aglutinados en el “Grupo Cuicalli”, presentaron al titular de la Secretaría de Salud estatal, Lázaro Mazón Alonso, una solicitud para que el Colegio de Contadores auditen los gastos de esa dependencia, luego de en las últimas semanas se ha denunciado que los subsecretarios de Administración y Finanzas, de Planeación y el director de Recursos Humanos (gente cercana a Carlos Mateo Aguirre Rivero) han cometido infinidad de irregularidades financieras.
Desde luego que eso incomodó al que manda en la Contraloría General del estado, Julio César Hernández Martínez, quien dio el grito al cielo por la solicitud de miembros de la sociedad civil, al considerarla sin sustento jurídico.
Lázaro Mazón es el primero en aceptar que se realice una auditoría a las finanzas que maneja la dependencia a su cargo. Él sabe perfectamente que no ha incurrido en ninguna irregularidad, por eso ve con buenos ojos la solicitud presentada.
Arturo Sánchez Torres, Pablo Sapién Cortés y Marcos Chávez Narváez deben poner sus barbas a remojar.
ENTRE OTRAS COSAS… En el Congreso local no se percibe orden ni rumbo. Los funcionarios de esa dependencia hacen lo que quieren, argumentando que ellos solamente obedecen a los jefes de las corrientes políticas del PRD a las que pertenecen. Se les olvida que tienen que servir a la institución. Andan extraviados.
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efraín_flores_iglesias@hotmail.com
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