CHILPANCINGO (www.libertadguerrero.net).- Diez organizaciones aglutinadas al Frente de Masas Populares (FMP) responsabilizaron al gobierno estatal del asesinato de la dirigente ecologista, Juventina Villa Mojica y de su hijo Reynaldo Santana de once años de edad.
Afirmaron que desde hace varias semanas las autoridades sabían de las amenazas de muerte que había en su contra por parte de un grupo armado y no les brindaron medidas de protección.
Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red de Derechos Humanos y Minervino Morán Hernández, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) informaron que en una conversación que tuvieron con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, les dijo que los diez policías que custodiaban la cuatrimoto donde iba Juventina y su hijo al escuchar los primeros disparos en vez de repeler la agresión se tiraron al suelo para ponerse a salvo.
Villa Mojica y otros cien habitantes de la comunidad de La Laguna iniciarían un nuevo éxodo hacia Puerto las Ollas, del municipio de Coyuca de Catalán para ponerse a salvo de las amenazas de muerte que recibían en forma constante.
“Se había acordado con el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla de que este miércoles en la mañana iniciaría el desplazamiento de las 45 familias de La Laguna custodiados por 31 policías estatales quienes al parecer llegaron al pueblo desde este martes”, refirió Olivares.
Alrededor de las 13 horas, Juventina y su hijo se dirigían en la cuatrimoto hacia lo alto de un cerro para hacer una llamada a través de su celular y fue durante ese trayecto cuando al parecer unos 30 hombres armados la emboscaron a ella y a su hijo.
“Nos dijo (Humberto) Salgado Gómez que atrás de la cuatrimoto iban cinco policías y adelante de la misma unidad, otros cinco agentes fuertemente armados, pero los diez se tiraron al suelo para que no salir heridos o muertos”, señaló Olivares.
Minervino Morán, de la CETEG y Manuel Olivares, lo que le ocurrió a Juventina Villa y a su hijo, era ya prácticamente una muerte anunciada porque el gobierno estatal sabía de todo lo que estaba viviendo luego de que a ocho de sus familiares los habían asesinado.
“Nos dijo (Humberto) Salgado Gómez que atrás de la cuatrimoto iban cinco policías y adelante de la misma unidad, otros cinco agentes fuertemente armados, pero los diez se tiraron al suelo para que no salir heridos o muertos”, señaló Olivares.
Minervino Morán, de la CETEG y Manuel Olivares, lo que le ocurrió a Juventina Villa y a su hijo, era ya prácticamente una muerte anunciada porque el gobierno estatal sabía de todo lo que estaba viviendo luego de que a ocho de sus familiares los habían asesinado.
Y es que del 2011 a la fecha, según organismos civiles de derechos humanos, el número de campesinos que militan en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, asciende a 15, y ocho de ellos, son familiares en línea directa de Juventina, uno de ellos, su esposo, Rubén Santana Alonso, ultimado a tiros en febrero de este año.
“El gobierno del estado es responsable del asesinato de nuestra compañera porque nunca le brindó medidas de protección pese a que la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado había solicitado ese tipo de medidas cautelares”, externó Olivares en la rueda de prensa que ofrecieron los dirigentes de las diez organizaciones sociales.
Fuente: IRZA
Noviembre/29/2012
www.libertadguerrero.net
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