Secuestran, levantan, amedrentan, chantajean y
asesinan, y Guerrero está a su merced. Se trata de grupos caciquiles y del
crimen organizado que imponen su ley en los municipios de la entidad; a tal
grado que ponen alcaldes si así les place o presionan a los ediles en funciones
para que nombren a sus personeros en los puestos clave, sobre todo los que
tienen que ver con seguridad pública
CHILPANCINGO
(www.libertadguerrero.net).- Los testimonios de un dirigente partidista, un
alcalde electo y otro en funciones son inequívocos: los asesinatos, secuestros,
presiones y chantajes en esta entidad corren a cargo de los grupos caciquiles y
delincuenciales afincados en las regiones que abarcan los principales
corredores de tráfico de drogas.
Irineo
Loya Flores, el perredista que ganó la alcaldía de Cuajinicuilapa arropado por
el PAN en los comicios recientes, solicitó la protección del gobierno federal
porque, dijo, fue amenazado de muerte a finales de agosto, justo en la víspera
del asesinato del regidor perredista Concepción Villarreal Mendoza en San
Nicolás, zona afromestiza ubicada en la región de la Costa Chica, en los
límites con Oaxaca.
Loya
Flores responsabiliza de las amenazas al perredista Óscar Alejandro Marín
Mendoza, compadre del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Él, dice, está resentido
porque perdió la elección local, de ahí que insista en que se le investigue a
fondo para saber si tuvo injerencia en el homicidio de Villarreal. Poco antes
de morir, asegura Loya, Villarreal identificó a uno de sus ejecutores: Valentín
Nieto Pantaleón, hermano de Bonfilia Nieto, registrada como candidata a síndica
en la planilla de Marín Mendoza.
A
su vez, el alcalde perredista de Juan R. Escudero, Porfirio Leyva Muñoz, quien
salió ileso de un ataque el pasado 15 de agosto, afirma que el narco mostró sus
simpatías por el PAN en los recientes comicios e incluso presionó a magistrados
del Tribunal Electoral Estatal (TEE) para modificar la resolución de la
impugnación presentada por el PRD.
La
situación que se vive en este municipio es un reflejo del grave nivel de
injerencia de los grupos criminales y el fracaso de las estrategias de
seguridad en el estado, comenta.
El
presidente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, considera que la omisión
de las autoridades estatales y federales frente a la ola de violencia alienta
la creación de “gobiernos paralelos” en la mayoría de los 81 municipios
guerrerenses. Dice que de poco ha servido el operativo Guerrero Seguro
implementado desde octubre de 2011, por lo que pide a las instancias locales y
federales cambiar su estrategia.
“No
podemos decir que Guerrero es seguro cuando persisten las ejecuciones y
secuestros en las siete regiones de la entidad”, reprochó Salgado Romero el 6
de agosto en una conferencia de prensa en la sede estatal de su partido en esta
capital, donde confirmó el plagio de Nadín Torralba Mejía, alcalde con licencia
de Tecpan de Galeana.
Los
plagiarios, dijo, en principio pidieron un rescate de 50 millones de pesos;
luego bajaron su demanda a 6 millones. Pero hasta la fecha se desconoce el
paradero del edil priista y excandidato a diputado local por la región de la
Costa Grande.
Hidalgo
Albarrán Esban, electo como síndico en el municipio de Tlapehuala durante los
comicios pasados, fue secuestrado a principios de septiembre en la región de la
Tierra Caliente, donde la ausencia de autoridad es evidente.
Durante
las campañas electorales Salgado Romero denunció que algunos candidatos fueron
presionados por el narco, por lo que insistió en reformular la estrategia para
evitar que las bandas delincuenciales se involucren en los nuevos gobiernos
municipales. Dijo que a pesar de los hechos violentos y los testimonios de los
ciudadanos, las autoridades “no han puesto retenes”.
Los
grupos criminales, afirma en entrevista, presionan a los alcaldes electos de
varias regiones para que les cedan áreas estratégicas de las administraciones
locales, sobre todo las direcciones de Seguridad Pública.
Hasta
ahora son cuatro los políticos secuestrados: Rafael Ariza Bibiano, exalcalde
perredista de Coyuca de Benítez, quien desapareció el 31 de mayo último, y los
priistas Nadín Torralba, Hidalgo Albarrán y Alberto de los Santos Carmona,
dirigente este último de la Unión de Copreros de Coyuca de Benítez, plagiado el
28 de agosto pasado.
Sicarios
en Tierra Colorada
La
tarde del 15 de agosto un centenar de sicarios irrumpió en Tierra Colorada,
cabecera municipal de Juan R. Escudero, en la región centro del estado sobre la
carretera federal México-Acapulco.
El
alcalde Porfirio Leyva Muñoz asegura que los pistoleros montaron incluso un
retén frente a la casa de la alcaldesa electa del PAN, Elizabeth Gutiérrez Paz,
donde se realizaba una fiesta. Ahí, dice, permanecieron poco más de una hora.
El
funcionario asegura que envió a un grupo de policías municipales al domicilio
de la alcaldesa, pero al llegar al lugar fueron sometidos y desarmados por los
sicarios, quienes los despojaron de siete rifles AR-15 y cinco escuadras .9
milímetros, y luego se marcharon.
También
detuvieron a su chofer, dice Leyva, y tras golpearlo le ordenaron que los
llevara a la casa del presidente municipal. La residencia fue rodeada por una
veintena de pistoleros que dispararon ráfagas al aire y durante su retirada
lanzaron amenazas de muerte contra el funcionario: “¡Porfirio, hijo de tu puta
madre, te va a cargar la chingada!”.
Leyva
cuenta que decidió atrincherarse en su casa junto con su familia, “esperando lo
peor”. Pero el grupo armado se retiró del lugar. Enseguida, dice, llamó a las
autoridades estatales y militares. Soldados y policías estatales y federales
llegaron en su auxilio tres horas después. Al no ver a los sicarios, dice,
tuvieron que marcharse.
“Es
penoso, pero a pesar de que ya denuncié el hecho al secretario de Gobierno,
Humberto Salgado Gómez, no he tenido ninguna respuesta. La dirigencia estatal
de mi partido (PRD) tampoco ha emitido una declaración de solidaridad. Estamos
a la voluntad de Dios”, comenta.
Leyva
rechaza tener nexos con el narco y considera que el hostigamiento del grupo
criminal se debe a la impugnación que interpuso su partido ante el TEE contra
Elizabeth Gutiérrez, conocida como La Potranca por su afición a los caballos.
Ella fue comisaria perredista en el poblado de Garrapatas, pero abandonó su
militancia para competir por la alcaldía bajo las siglas del PAN y la ganó… con
el supuesto apoyo de narcotraficantes.
El
alcalde perredista afirma que el narco influyó en la elección local en este
pequeño municipio conformado por 22 comunidades rurales y habitado por cerca de
28 mil personas dedicadas en su mayoría al campo y el comercio.
“El
municipio no lo perdimos, nos lo arrebataron”, indica Leyva, quien asegura que
durante la jornada electoral fue evidente la participación de grupos armados
que obligaron a los ciudadanos a votar por el PAN.
El
16 de agosto, un día después de la irrupción de los sicarios, un grupo fue a la
casa del magistrado del TEE Fernando Xochihua San Martín, vinculado al PRD, y
se lo llevaron. Apareció horas después.
Xochihua
encabeza la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal. A él le correspondió analizar el
recurso de impugnación interpuesto por los perredistas contra el resultado
electoral de Juan R. Escudero.
Dos
días después, Xochihua ratificó el triunfo de la candidata panista, al declarar
“infundados e inoperantes” los agravios que presentó la coalición Guerrero nos
Une, formada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano.
“Me
queda claro que la transición democrática en la entidad obedece a la compra de
conciencias y las presiones de los grupos delincuenciales; sin embargo, no voy
a salir del municipio”, dice Leyva al corresponsal.
Asesinatos al alza
Irineo Loya Flores sostiene que la ejecución de Concepción Villarreal Mendoza “fue una muerte anunciada”. Una de las probables causas, dice, es que en los comicios recientes Óscar Alejandro Marín Mendoza, candidato del PRD a la alcaldía, perdió frente a él por 91 votos. Desde entonces comenzaron las amenazas contra él y Villarreal, quien durante el proceso denunció sus tropelías, dice.
Loya,
perredista, es diputado local con licencia y decidió buscar la candidatura por
el PAN luego de que Marín Mendoza –un cacique local, exalcalde de
Cuajinicuilapa y compadre del gobernador Aguirre Rivero– fue designado
candidato a la presidencia municipal por el PRD, lo que provocó una fractura en
este partido, asevera.
Incluso
refiere que el regidor sacrificado fue uno de los más duros críticos de la
candidatura de Marín Mendoza durante la campaña electoral.
“La
gente ya lo decía: primero van a matar a Concho Villarreal y luego a Irineo
Loya”, expresa el entrevistado.
Sobre
el caso de Villarreal, Mauro García Medina, uno de los fundadores del PRD en el
estado, habló de un video en el que Villarreal denuncia las amenazas de muerte
recibidas y menciona algunos nombres, entre ellos los de personas cercanas al
entorno de Marín, lo que coincide con la versión de la procuraduría estatal.
Ante
la situación de violencia que impera en la entidad, el gobernador Ángel Aguirre
Rivero se ha limitado a declarar que a casi un año de implementado –el 7 de
octubre de 2011–, el operativo Guerrero Seguro “ha dado buenos resultados”;
junto al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien acudió el martes 11
al puerto de Acapulco para evaluar el programa policiaco coordinado por la
Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), afirmó que la incidencia
delictiva “va a la baja”.
Incluso
presume que “los fallecimientos por rivalidad delincuencial” se redujeron de
2.6 a 2.3% en Acapulco, pese a que en el puerto las balaceras, secuestros,
extorsiones, ejecuciones y personas colgadas en puentes vehiculares continúan.
No
obstante, en sus cifras sobre homicidios de este año, dadas a conocer a finales
de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que
Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en número de homicidios: 71 por cada
100 mil habitantes, sólo debajo de Chihuahua.
El
reporte del Inegi advierte también sobre un recrudecimiento de los homicidios
en la entidad, donde en 2011 se cometieron 2 mil 425, contra los 591 reportados
en 2005, lo que representa un incremento de 310% en los últimos seis años.
El
lunes 10 fueron localizados 16 cuerpos en la batea de una camioneta abandonada
en la cabecera del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra
Caliente. Y aunque ninguno de ellos ha sido identificado, el gobernador Aguirre
Rivero se apresuró a declarar que eran oriundos de Michoacán.
Dos
días antes, ahí mismo apareció el cadáver del perredista Miguel Jaimes
Palacios, coordinador regional del Comité de Planeación y Desarrollo del estado
de Guerrero (Copladeg). Había sido levantado en la cabecera municipal de San
Miguel Totolapan junto con su chofer Eduardo Carrillo cuando viajaban en una
camioneta oficial; él también fue ejecutado.
En
un boletín, la procuraduría local informó que los 16 cuerpos correspondían a
ciudadanos guerrerenses. La titular de la dependencia, Martha Elba Garzón Bernal,
vinculó la múltiple ejecución con el asesinato de Miguel Jaimes Palacios,
exalcalde de San Miguel Totolapan.
Sin
precisar el nombre de la agrupación criminal, Garzón reveló que “el jefe de la
plaza de San Miguel Totolapan estaba muy molesto” con ocho presuntos
secuestradores que el sábado 8 levantaron y ejecutaron a Jaimes Palacios.
“Él
–puntualizó, en alusión al delincuente que controla la zona– estaba muy molesto
porque la única finalidad que perseguía era secuestrarlo (a Miguel Jaimes),
pero a esas ocho personas se les había pasado la mano”, por lo cual decidió
asesinar a sus pistoleros.
Por Ezequiel Flores/Apro
Septiembre/17/2012
www.libertadguerrero.net___________________________________________________
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