El 21 de agosto comenzarán a aplicarse las reformas
en materia de combate al narcomenudeo que facultan a los estados del país para
investigar, sancionar y erradicar ese flagelo, pero al menos ocho entidades
sólo cumplirán a medias con la nueva ley
CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- Aunque a partir del próximo 21 de agosto el
aparato de justicia estatal del país comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo,
para acatar las reformas legales publicadas hace tres años, al menos ocho
entidades no efectuaron cambios en legislaciones locales y en algunos casos a
pesar de contar con las modificaciones a la normatividad, carecen de
infraestructura para cumplir con el combate a este flagelo.
Guerrero, Aguascalientes, Sonora, Baja California
Sur, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León y Morelos son algunas de las entidades que no
modificaron sus legislaciones para la Ley para el Combate al Narcomenudeo
aprobada en abril de 2009 y que se publicó el 21 de agosto en el Diario Oficial
de la Federación.
Las reformas establecen las obligaciones de los
gobiernos federal, estatal y municipal en la prevención de la posesión,
comercio y suministro de narcóticos, así como las dosis máximas de consumo de
estupefacientes permitidas.
En el artículo 474 se estableció que las autoridades
de seguridad pública, procuración de justicia, así como de ejecución de
sanciones de las entidades, conocerán y resolverán de delitos o ejecutarán
sanciones cuando la cantidad de que se trate sea inferior a los montos
previstos en una tabla de dosis y no haya elementos para presumir delincuencia
organizada.
Después de su publicación, los estados y el Distrito
Federal tuvieron un año para ajustar sus leyes penales y procesales a estas
reformas y tres años para complementar los cambios operacionales y
estructurales necesarios para aplicarlas.
Las modificaciones despenalizan la posesión de
drogas en los farmacodependientes y da prioridad al tratamiento de las
adicciones mediante el establecimiento de un programa nacional para
combatirlas. Sin embargo, no todas las entidades cumplieron las disposiciones.
El presidente de la Comisión de Justicia del
Congreso de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, admitió que el estado todavía
no cuenta con una ley que a nivel local se especifique en el tema, pero dijo
que se han hecho modificaciones al código penal local que aborda con endurecer
las penas en contra del narcotraficante de manera particular.
“Hay adecuaciones al código penal y entre ellos hay
cambios y reformas que está pidiendo la reforma constitucional y que no podemos
ser omisos en el tratamiento de lo que es la delincuencia organizada, que sería
un delito federal pero también se tipifica en el código penal local… existe un
marco jurídico adecuado a la reforma constitucional del 18 constitucional y va
envuelto en una serie de reformas entre las que están endurecer las penas en
contra del narcotraficante de manera particular”.
Pero el presidente del Colegio de Abogados del
Estado de Guerrero A.C, Victoriano Sánchez Carbajal, señaló que al no estar la
entidad preparada con leyes adecuadas en este marco jurídico se han presentado
conflictos de competencia.
Refirió que el año pasado se remitieron ante jueces
de distrito siete asuntos de narcomenudeo a primera instancia del ramo penal
del distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco, pero debido a que no
hay una adecuación de la ley para abatir este delito, fue ahí donde se desató
un conflicto de competencia.
Otro ejemplo es Oaxaca, que aún no ha definido su
estrategia para hacer valer las reformas propuestas hace tres años. Poco o nada
se ha hecho para adecuar las leyes locales, no sólo para abatir los efectos del
crimen organizado sino sus consecuencias, reconocieron diputados de diversas
fracciones parlamentarias.
Con un presupuesto de poco más de mil 219 millones
de pesos, de los cales las propias autoridades desconocen qué porcentaje se
destina para abatir el narcomenudeo, en Oaxaca no hay infraestructura para
hacer frente y combatir a las bandas criminales que han iniciado sus
operaciones en las regiones de Valles Centrales, La Cuenca del Papaloapam, la
Costa y el Istmo de Tehuantepec.
“No tenemos idea de lo que pase, no hay Leyes o
iniciativas que puedan apoyar a este tipo de reformas que se realizaron hace
tres años”, reconoció el diputado del Partido del Trabajo
(PT), Flavio Sosa Villavicencio.
Cumplen con la norma
En contraste, las autoridades de Quintana Roo
afirman estar preparadas para a atender asuntos relacionados con el
narcomenudeo a partir del 21 de agosto, como parte de la reforma de los códigos
Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud que
transfirió en 2009 esta responsabilidad al fuero común.
Pero también están conscientes de que será “un
gran reto”, sobre todo porque este delito es recurrente, en especial, en
los destinos turísticos del norte del estado.
Quintana Roo se negó a atender inmediatamente el
tema del narcomenudeo y provocó que la PGR promoviera ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad 21/2010, en contra de
los tres poderes del Estado, pero la Corte le dio la razón a la entidad y
determinó que fuera a partir del 21 de agosto de 2012 cuando empezará a conocer
de estos asuntos.
Armando García Torres, procurador general de
Justicia en el estado, dijo que empezarán atender el narcomenudeo con dos
fiscalías, una en Chetumal y otra en Cancún, las cuales estarán ubicadas fuera
de las oficinas centrales de la procuraduría para evitar posibles “filtraciones”
de otras áreas y para garantizar una mayor seguridad a los detenidos.
Cada fiscalía contará con un promedio de 18 personas
laborando, entre ellos, 10 elementos de la comandancia de policía judicial,
tres Ministerios Públicos, 3 oficiales secretarios y 2 peritos en química y
criminalística, explicó.
En global, la Procuraduría de Justicia ha invertido
unos 3.5 millones de pesos en la contratación de personal, infraestructura y
capacitación y están en vías de acceder a recursos para equipamiento.
En Yucatán se han realizado reformas al código penal
para darle mayores atribuciones a la Fiscalía General del estado en el combate
al narcomenudeo, además de que el Congreso local aprobó leyes que protegen a
los ciudadanos al momento de dar testimonios que permitan la detención de
delincuentes que se dediquen a la venta de estupefacientes.
Una de las acciones a destacar, fue la
transformación de la Procuraduría estatal a la Fiscalía General, el cual
concede mayores atribuciones a este instituto para iniciar investigación de
delitos que pertenecen al orden federal, como es el caso del narcomenudeo.
Aguascalientes ya cumplió con la adecuación del
Código Penal y de la Ley Estatal de Salud, para que el estado se haga cargo del
combate al narcomenudeo. Desde noviembre de 2011, el Poder Ejecutivo envió las
iniciativas de reforma, las cuales fueron prácticamente aprobadas sin cambios
por el Congreso local.
En tales reformas, se adecuaron tipos penales, se
dio facultad a las policías, a los ministerios públicos y a los jueces, para
tratar el asunto.
Pese a que se ha cumplido con lo establecido por la
Federación, hay reticencia para hacer frente al narcomenudeo, no sólo por la
falta de recursos, sino también porque, aseguran las autoridades, se
contaminará todo el sistema.
El gobernador Carlos Lozano de la Torre recriminó
que ante la falta de capacidad del gobierno federal para hacer frente al tema,
se quiera involucrar a los estados, siendo el principal inconveniente, el hecho
de que sólo se les deja el problema, pero no se le envían los recursos.
El diputado secretario de la Comisión de Justicia, Gregorio
Zamarripa Delgado, fue más allá, al señalar que no sólo se trata de dinero,
sino de problemas sociales y la contaminación que va a generar.
“Es una problemática que va mas allá de los
recursos, es una problemática social, se van a generar minicárteles, se va a
contaminar a las policías, a los ministerios públicos y hasta los jueces, eso
es lo que hace el narco, contamina todo. Les das facultades a las policías de
investigar, de catear, de arrestar y esto va a ser un verdadero problema”.
En Hidalgo, durante la legislatura pasada, fueron
modificados el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica para
establecer la competencia de los estados, en el delito de narcomenudeo, por
medio de los Ministerios Públicos locales, del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan
Manuel Camacho Bertran, afirmó que el estado cuenta con profesionistas
adecuados para conocer de este delito. Sin embargo, la perredista Hemeregilda
Estrada Díaz, secretaria de la misma comisión, consideró que los estados no
están preparados para atender el tema. “El narcomenudeo debería seguir
siendo facultad de la federación”, aseveró.
Las autoridades de Tabasco afirman estar preparadas
para trabajar en el combate al narcomenudeo, aunque con la misma
infraestructura y personal. Incluso la Procuraduría General de Justicia aún se
encuentra sin definir el espacio físico donde estará la Unidad de atención de
ese delito contra la salud.
El procurador General de Justicia de Tabasco,
Gregorio Romero Tequextle admitió que “estamos trabajando, todavía, en una
semana más estaremos organizados” para esa nueva tarea.
Fuente: El Universal
Agosto/20/2012
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