CIUDAD
DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).-El activista Vidulfo Rosales, abogado del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que saldrá del
país en breve debido a las amenazas de muerte que ha recibido por su labor en
favor de los derechos humanos.
En
entrevista, Rosales Sierra responsabilizó al gobierno de Guerrero de lo que
pudiera pasarle a él y a su familia y comentó que viajará a Washington, Estados
Unidos.
El
activista recordó la reciente amenaza que sufrió cuando acudió al Centro de
Derechos Humanos en Guerrero, por su acompañamiento a Inés Fernández Ortega y a
Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo Me Phaa, quienes fueron agredidas
por soldados en 2002.
Señaló
que también lo han cuestionado por su labor en apoyo del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en resistencia en la zona rural de
Acapulco para evitar la puesta en marcha de un proyecto hidroeléctrico de gran
escala.
“Las
amenazas a mi persona empezaron desde 2009 a raíz de la defensa que encabezamos
para que se hiciera justicia por el asesinato y ejecución extrajudicial de los
indígenas que fueron torturados”, narró durante la presentación del Informe
2012 de Amnistía Internacional, “El estado de los derechos humanos en el
mundo”.
El
abogado es el segundo activista que se ve obligado a salir del país en este
mes, luego de que el 21 de mayo lo hiciera el sacerdote Alejandro Solalinde,
fundador del Albergue Hermanos en el Camino, quien también recibió amenazas por
su labor en favor de los migrantes.
La
víspera, organismos no gubernamentales de derechos humanos nacionales e
internacionales exigieron seguridad para el activista y demandaron al Estado
mexicano, al gobierno federal y a las autoridades locales protección y una
investigación sobre esos hechos.
El
activista de Tlachinollan recibirá apoyo en Washington de Amnistía
Internacional y del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos John F.
Kennedy.
La
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se unió a la
solicitud de los organismos nacionales e internacionales para garantizar la
vida de Rosales Sierra, quien es beneficiado con medidas provisionales
decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un
comunicado, se unió a la demanda de un centenar de organismos para que las
autoridades estatales y federales implementen “de manera inmediata y urgente,
las medidas de protección solicitadas a fin de garantizar la seguridad e
integridad del defensor, de su familia, así como la de equipo que conforma
Tlachinollan”.
Fuente:
Notimex
Mayo/24/2012
www.libertadguerrero.net
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