Entre los ministros integrantes de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia se perfila una propuesta alterna al proyecto
del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de Florence Cassez, con el objetivo
de reponer el procedimiento y dictar una nueva sentencia
CIUDAD
DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- En medio de un intenso cabildeo por
parte del gobierno federal y organizaciones civiles, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se perfila
una posible propuesta alterna al proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre el caso de Florence Cassez, que plantearía la
reposición del procedimiento y que se dictara una nueva sentencia.
El
proyecto de Zaldívar establece
que las violaciones al debido proceso son de tal magnitud que no pueden
repararse mediante una nueva sentencia. Sin embargo, al menos dos de sus cuatro
colegas de la Primera Sala no comparten esta visión y podrían inclinarse por
una propuesta que sancione las irregularidades y vicios del proceso, sin
invalidar todo el juicio y sus resultados.
Las
fuentes señalaron también que entre los cinco integrantes de la Primera Sala
hay la intención de que el amparo directo en revisión 517/2011 se resuelva en
esa instancia y no en el Pleno, como plantean algunos de los actores
involucrados.
Para
ello han escuchado a todas las partes involucradas, entre ellas a la defensa de
Cassez y al asesor jurídico de
la Presidencia de la República, Miguel
Alessio Robles, así como a diversas ONG, algunas en favor del proyecto y
otras en contra.
Otra
de las personas que ha acudido a la Suprema Corte es Lizeth Parra, titular de la unidad de Información y Análisis de la
Secretaría de Seguridad Pública federal, quien se ha entrevistado con algunos
de los ministros para defender la detención de Cassez y pedir que no sea considerado el montaje de su detención
como elemento clave de la sentencia.
Miguel Alessio Robles, aseguran las fuentes, ha establecido
contacto con varios de los ministros, entre ellos el presidente de la Corte, Juan Silva Meza.
Uno
de los desacuerdos entre algunos de los ministros con el proyecto de Zaldívar es, precisamente, la
afirmación de que el montaje mediático vició todo el proceso y las pruebas en
contra de la francesa Florence Cassez.
En
el análisis del expediente, indican las fuentes, se han encontrado detalles que
podrían sustentar los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados en
las sentencias de primera y segunda instancia, como un depósito por 50 mil
pesos en favor de Florence Cassez
y recibos a su nombre, correspondientes al rancho Las Chinitas.
Javier Angulo, especialista en Derecho Constitucional del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que en el derecho
comparado internacional existen antecedentes en los que las violaciones al
derecho de notificación y asistencia consular se sancionaron con la reposición
del procedimiento.
Entre
éstos citó el caso Avena, litigado por México ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), por mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos a los que
no se les respetó el derecho a recibir asistencia consular.
También,
a solicitud de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
la Opinión Consultiva OC 16/99 estableció que el derecho a recibir asistencia
consular es uno de los componentes del debido proceso, pero en los casos
concretos que ha resuelto ha ordenado la reparación del daño y no ha planteado
la liberación del procesado o sentenciado.
El
especialista destacó que el derecho a la asistencia consular sí está incorporado
al sistema jurídico mexicano, pero que no existe una sanción específica
asignada en el caso de violación a esta garantía.
“El
problema en este caso es que a la falta de asistencia consular se sumaron la
dilación en la puesta a disposición ante el Ministerio Público y el montaje
televisivo, y no hay en el derecho mexicano una sanción asignada a estas
violaciones en conjunto”, precisó el experto.
La
propuesta del ministro Zaldívar
es que la sanción sea la nulidad del proceso, pero cada uno de los ministros de
la Suprema Corte puede tener una opinión diferente y proponer otra distinta.
Sube el debate
Las
organizaciones de derechos humanos también han hecho notar su presencia en el
debate.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la presidenta de la
organización Alto al Secuestro, Isabel
Miranda de Wallace, demandaron a la Suprema Corte tomar en cuenta los
derechos de las víctimas en este caso. La CNDH ha señalado también que se debe
castigar a las autoridades que violaron el debido proceso de los inculpados.
Miranda de Wallace, actual candidata del Partido Acción
Nacional (PAN) al gobierno de la Ciudad de México, afirmó que debe haber una
sanción para los responsables de organizar un montaje mediático en la detención
de Florence Cassez, y pidió que no sean las víctimas “las que paguen los
platos rotos”.
Entrevistada
en la Suprema Corte, a donde acudió para cabildear contra la liberación de Florence Cassez, dijo no saber si la
sanción debe ser para Genaro García
Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y actual
secretario de Seguridad Pública federal.
En
lo que dijo no estar de acuerdo, afirmó, es que las víctimas deban pagar las
consecuencias de las ineptitudes o las culpas de las autoridades.
Miranda de Wallace, quien estuvo acompañada por víctimas
que señalan a Florence Cassez
como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, se entrevistó en reuniones privadas y por separado
con los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Corte, a quienes
pidió llevar el asunto al pleno, por su relevancia y su impacto en el sistema
jurídico.
En
el otro extremo se encuentran la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vittoria, que han manifestado su respaldo al proyecto,
criticando las violaciones al debido proceso.
Fuente: El Universal
Marzo/14/2012
www.libertadguerrero.net
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