GUERRERO (www.libertadguerrero.net).-El
presidente de la Barra de Abogados de Chilpancingo, Sergio de los Santos
Rosales sostuvo que la actuación penal contra los funcionarios de la
procuraduría de justicia implicados en el caso Ayotzinapa está sustentada en la
ley, ya que por usos y costumbres en la fiscalía local se liberan detenidos
solo con recibir una indicación del gobierno estatal.
De los Santos Rosales señaló que históricamente
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) libera a personas que cometen delitos
al calor de movilizaciones de tipo social, como los ataques a las vías de
comunicación y la toma de edificios públicos, solo con el hecho de que lo pida
el gobernador en turno.
Es lo que ocurrió el 12 de diciembre de 2011
tras el desalojo que derivó en la muerte de tres personas. La Procuraduría de
Justicia local tenía en su poder a 23 estudiantes que puso en libertad en lugar
de turnarlos a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la
encargada de investigar los ataques a las vías de comunicación.
“Es evidente que hay una costumbre viciosa,
consiste en que el Ejecutivo da ordenes de liberación en todos los sentidos,
hoy le tocó a los estudiantes de Ayotzinapa, se les liberó por órdenes del
Ejecutivo, invadiendo una esfera de otro nivel de gobierno”, apuntó el
litigante.
Lo que debió ocurrir, es que los 23 detenidos se
pusieran a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), para que
este retomara el caso y decidiera que hacia.
Ahora que un juez federal libró una orden de
aprehensión en contra de cinco funcionarios de la PGJ, dijo que se debe sentar
un precedente para que no vuelvan a presentarse situaciones similares.
Indicó: “La actuación de PGR está fundada en
ley, eso lo saben en la PGJ y por lo tanto, están conscientes de que por usos y
costumbres se liberaban detenidos sin atenerse al procedimiento
correspondiente, muchos pensarán que hay una invasión del gobierno federal
hacia el estatal, pero es algo que por primera vez se sancionará”.
Lo anterior, luego de que el juzgado primero de
distrito emitiera una orden de aprehensión en contra de cinco funcionarios de
la PGJ, entre ellos el subprocurador de justicia César de los Santos Mendoza,
quien declinó hablar sobre su situación legal.
Hay otros cuatro funcionarios implicados en
dicha acción penal, entre ellos José Veles Zapata, ex director de
averiguaciones previas que tampoco ha emitido declaración ante medios de comunicación
sobre su caso.
Fuente: Rogelio Agustín Esteban
Marzo/14/2012
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