PALABRAS MAYORES
Despilfarra
Faustino Soto millones del Congreso en encuestas electorales
Por Jorge Romero Rendón
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Faustino Soto
Ramos podría ser enjuiciado por los delitos de peculado, ejercicio indebido de
su cargo público y por fraude, luego de que anunció la firma de un contrato
con la empresa Covarrubias y Asociados, para la aplicación de una
encuesta sobre preferencias electorales para presidente de la república, por un
monto superior a los 2 millones 500 mil pesos.
El contrato fue conocido por los diputados locales que forman parte de la
Comisión de Gobierno y que a su vez coordinan a las diferentes bancadas
partidistas en la actual Legislatura, desde principios de este mes, y aún
cuando sus propios compañeros trataron de disuadir al perredista Soto Ramos de
ordenar dicha encuesta por ser ajena a los fines del Congreso, su proyecto
siguió adelante.
Consultado el tema con diversos especialistas en la materia, sus conclusiones acusan
a Faustino Soto de despilfarro y uso indebido de los recursos públicos a su
cargo, pues hay que recordar que la fracción del PRD en el Congreso tiene
el control de las finanzas, y el funcionario de esa área solo responde a las
órdenes de Faustino.
Sin embargo, el control político y administrativo del Congreso no implica
que se pueda hacer uso discrecional de los recursos públicos de su presupuesto
superior a los 350 millones de pesos este año. Las conclusiones de los
especialistas son contundentes:
1.- El Congreso del Estado NO tiene porqué ordenar ni pagar encuestas
electorales, ya que su función legislativa y su control sobre el
nombramiento de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Estatal
Electoral obligan a los diputados a guardar una postura institucional e
imparcial en torno a los procesos electorales.
Por lo que el Congreso no debe intervenir en ninguna de las fases de los
procesos electorales, y los diputados solo pueden participar luego de pedir
licencia a su cargo, para contender por candidaturas. Y por lo mismo, el
presupuesto del Legislativo no puede ser utilizado para fines partidistas o
electorales, por lo que Faustino Soto estaría incurriendo en el delito de
desvío de recursos en su forma de peculado.
2.- Conocer los resultados de encuestas sobre preferencias electorales de los
precandidatos a la presidencia de la república solo puede ser tema de interés
personal y partidista de los diputados, pero de ninguna forma atañe a sus
funciones legislativas o de gestoría, por lo que el Congreso del Estado estaría
violando la ley electoral si sus miembros difundieran públicamente dichos
resultados de manera oficial o por medio de filtraciones a los medios de
comunicación, faltando a los principios de equidad, institucionalidad e
imparcialidad que se requieren de los integrantes de los poderes públicos.
3.- De acuerdo con los rangos de costos que declaran las principales empresas
encuestadoras en México, el contrato firmado por Faustino Soto y la empresa
Covarrubias y Asociados por un monto de 2.5 millones de pesos estaría
representando un sobreprecio de más del 50%, por lo que se presume un posible
delito de fraude cometido por Soto y su director de Finanzas, que estarían
apropiándose indebidamente de más de un millón de pesos.
Lo que además es un despilfarro, sobre todo si se toma en cuenta que
oficialmente el Congreso local tiene un déficit de 40 millones de pesos,
según declaraciones de diputados locales.
El interés político que pudiera tener Faustino Soto para hacer la operación
mencionada no es solamente financiera –con una comisión millonaria-, sino
política, al tratar de congraciarse con la dirigencia nacional de su
partido, el PRD, y ostensiblemente con su precandidato oficial -¿usted cree
que en una encuesta pagada por perredistas a la empresa que le hace los sondeos
al PRD ganaría alguien más que el Peje?-, Andrés Manuel López
Obrador, en su puja por obtener una nueva candidatura personal, sea como
diputado federal o como alcalde de Tecpan, un municipio en el que no vive desde
hace más de 20 años.
Este y otros delitos deberían ser investigados por una comisión
independiente, luego de que ha habido diversas denuncias en torno a
malversación de recursos públicos en el Congreso, por parte de Soto Ramos,
quien ya habría comprado el silencio de sus críticos al interior del PRD, menos
del diputado perredista Carlos Álvares Reyes.
Pero ¿quién pondrá las denuncias ante las autoridades penales y los órganos de
fiscalización del estado?
Un
caso de risa…
Una de las razones por las que el CDE del PRI desestimó el registro del
líder agrario de Tres Palos (Acapulco), Mateo López Castillo, fue su adeudo
de tres años de cuotas a ese partido.
Lo curioso es que, sabedor de su adeudo, don Mateo se presentó a su registro
con un papel en blanco en el que se leía “Vale por 80 mil pesos”. Al
presentarlo, el dirigente local de la CNC –enviado por su jefe político, el
líder estatal de ese sector, Bertín Cabañas, que lo empujó a registrarse
como parte de su puja personal por obtener candidaturas a una diputación local
o la alcaldía de Chilpancingo- le dijo a los sorprendidos encargados de la
mesa de recepción de documentos:
Aquí les traigo un vale por los
dineros que adeudo en cuotas a mi partido, vale que me comprometo a hacer
efectivo en el momento en que asuma la candidatura a diputado federal por el
Distrito 09 de Acapulco…
Los de la mesa no se aguantaron la risa… ni le recibieron el vale a don Mateo
¡qué barbaridad!
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