GINEBRA
(www.libertadguerrero.net).- El Gobierno mexicano tendrá que responder mañana,
martes, ante la ONU sobre la violación sistemática de los derechos de los
indígenas, a pesar de su reconocimiento legal, así como por qué no se respetan
los derechos de los trabajadores emigrantes que cruzan su territorio.
Esas
dos cuestiones centrarán el examen periódico que el Comité para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas hará del Estado
mexicano durante dos sesiones que tendrán lugar el martes y el miércoles en
Ginebra.
Para
preparar la sesión, el Comité mandó a México una "lista de temas" que
deben abordarse durante el intercambio, en el que como primer punto se destaca
la "reforma constitucional de 2001 y los límites que ha encontrado la
protección constitucional de los derechos humanos de los pueblos
indígenas".
"El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en su informe
2010 que, a pesar de las medidas gubernamentales, los indígenas mexicanos
sufren mayores desigualdades que cualquier otro grupo, y su acceso a la salud,
la educación, la seguridad social, el alojamiento y otros servicios es muy
limitado", señala el informe de Amnistía Internacional sobre México, del
que el Comité se hace eco.
"La
falta de implementación del marco legal vigente, incluida la nueva
Constitución, profundiza el problema estructural de discriminación en un
contexto en que los derechos de los indígenas son oficialmente protegidos por
estas normas, pero las instituciones replican modelos históricos de
discriminación", afirma, por su parte, la ONG Centro de Derechos Humanos
de la Montaña, Tlachinollan.
El
Comité solicitará a México que explicite la "consideración de
especificidades económicas, culturales, sociales y geográficas de los pueblos
indígenas en los marcos normativo federal y estatal, así como en el diseño y
aplicación de políticas públicas, incluyendo salud, educación y vivienda".
Otro
asunto al que deberá responder el Estado mexicano será el "acceso a la
justicia efectiva" de los 10 millones de indígenas del país.
"Tal
y como Amnistía ha constado en numerosos casos, los indígenas son
frecuentemente forzados a participar de procedimientos judiciales sin contar
con la asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos. Como
consecuencia, los indígenas sospechosos no son debidamente defendidos contra
cargos criminales, lo que conlleva juicios y condenas injustas".
Tlachinollan
recordó que en la última revisión de México, el Comité recomendó que se
garantizara el derecho de los pueblos indígenas a usar intérpretes y consejeros
judiciales que estén familiarizados con la lengua y las costumbres de los
indígenas afectados.
"A
pesar de los esfuerzos legislativos del gobierno, la normativa se mantiene como
un hecho simbólico y no han sido propiamente implementadas. Esta situación
genera que los indígenas que son acusados en procesos criminales y que no
entienden español sean completamente ignorantes del estatus de sus casos y sean
forzados a firmar papeles que los incriminarán sin siquiera entenderlos",
constata la ONG.
Por
otra parte, el Comité espera que el Ejecutivo mexicano explique la situación de
los emigrantes que atraviesan su territorio y que sufren discriminación racial,
y solicita que se especifiquen los mecanismos para "proteger los derechos
de todos los migrantes, incluyendo el derecho a la vida".
"Decenas
de miles de emigrantes que viajan a través de México son sistemáticamente
víctimas de extorsión, maltrato, secuestro, violación, asesinato y
alistamientos forzosos en bandas criminales. Las bandas organizadas actúan a
menudo con la connivencia o el consentimiento de las autoridades", acusa
Amnistía.
"Los
responsables de los abusos son raramente perseguidos, por lo que se crea un
clima de impunidad y tolerancia hacia los maltratos contra los
emigrantes", concluye la entidad.
Fuente: EFE
Febrero/13/2012
www.libertadguerrero.net
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