CHILPANCINGO (www.libertadguerrero).- La Procuraduría General
de la República (PGR) presentó ayer un informe pericial en el que determinó que
fueron agentes ministeriales estatales los que dispararon las balas que mataron
a los dos normalistas el pasado 12 de diciembre y que la Procuraduría General
de Justicia de Guerrero incurrió en irregularidades para tratar de exculparlos.
“La
Procuraduría General de Justicia del Estado actuó de manera parcial, pues no
efectuó diligencias enfocadas a verificar si su personal fue el autor de esos
asesinatos… no tomó las declaraciones de los elementos de la Policía
Estatal y Ministerial ni practicó de manera inmediata las periciales que el
caso ameritaba, entre otras de balística y química”, dijo el subprocurador de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas,
durante una conferencia de prensa.
Incluso,
la directora de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina, presentó
ahí un mapa aéreo de la zona de la Autopista del Sol donde ocurrió el desalojo
de los normalistas de Ayotzinapa, para señalar cómo comprobaron que fueron los
agentes ministeriales estatales los que dispararon.
“Desde
el punto de vista pericial, la Policía Ministerial, que estaba en la zona de
(Plaza) Galerías, fue quien realizó los disparos y en consecuencia quienes
produjeron las lesiones a los dos estudiantes muertos así como al lesionado que
posteriormente fue trasladado a un hospital”, afirmó.
Dijo
además que la Procuraduría estatal validó declaraciones falsas de un testigo
civil.
“(Sobre
la) declaración de un civil, que nos indica que fue la Policía Federal (la que
disparó), esto no es factible, ya que las trayectorias no coinciden, porque la
Policía Federal siempre estuvo en la zona norte y las trayectorias y los
trayectos en los cadáveres y los daños producidos en el muro de contención en el
camión (amarillo, que tenía un impacto de bala en la ventana izquierda) son
diferentes”, insistió la funcionaria.
Cuitláhuac
Salinas aseguró que las conclusiones a las que llegó la PGR están basadas en
decenas de diligencias periciales y ministeriales y no únicamente en los videos
que fueron exhibidos por el gobierno del estado con la intención de
responsabilizar a la Policía Federal de los asesinatos.
Precisó
que “la investigación e integración del expediente no se limitó al simple
análisis de los videos que circulaban en los diversos medios de comunicación,
algunos de los cuales fueron editados, sino a múltiples elementos probatorios
recabados por el agente del ministerio público de la federación”.
Con
base en ello, dijo que las órdenes de aprehensión contra nueve funcionarios y
ex funcionarios de Guerrero fueron concedidas por un juez porque hay indicios firmes
de que incurrieron en irregularidades al investigar los hechos con la finalidad
de exculpar a los responsables de los homicidios.
La lista de los delitos
en que incurrieron López Rosas, subordinados suyos y “un civil”
Salinas
Martínez afirmó en su primera intervención que en las investigaciones de la PGR
“se cuenta con elementos que acreditan la posible comisión de delitos de los
órdenes federal y local derivados de las comparecencias de las personas
relacionadas con el caso; peritajes en medicina forense, criminalística de
campo, retrato hablado, balística, video, fotografía, química, incendios y
explosiones, valuación, tránsito terrestre y dactiloscopia; así como
solicitudes de información, testimonial e investigaciones a cargo de elementos
de la Policía Federal Ministerial”.
Dio
a conocer que el Ministerio Público Federal ha desahogado entre otras
diligencias, 215 solicitudes de información, 181 periciales, 280 declaraciones
que constan en 48 tomos con 33 mil 551 fojas, y “cabe aclarar que la PGJE de
Guerrero remitió originalmente a esta institución alrededor de 3 mil fojas en
cuatro tomos, de entonces a la fecha se han incrementado en más de 44 tomos y
en más de 30 mil fojas”.
El
subprocurador indicó que en la investigación “se advierten delitos del orden
federal y del orden común. Respecto de los delitos federales, la PGR remitió al
juez federal competente el expediente y obtuvo de éste órdenes de aprehensión
por los siguientes delitos: primero, falsedad en informes dados a una
autoridad, esta conducta la realizó un civil, quien al declarar al ministerio
público de la Federación se condujo con falsedad, como quedó acreditado, entre
otras pruebas, con la pericial en materia de criminalística y diversas testimoniales
en las que se concluyó que su dicho no se apega a la verdad de los hechos”.
Además
detalló que otro delito en el que incurrieron fue el de “simulación de pruebas,
contra un civil que al comparecer al MPF simuló y ofreció pruebas con el propósito
de inculpar a otros de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2012”.
Explicó
que también hay delitos contra la administración de la justicia de los que se
responsabiliza a servidores y ex servidores públicos de “todos los niveles” de
la PGJE por “favorecer que los inculpados se sustrajeran a la acción de la
justicia”.
Además
sin decir su nombre, se refirió al ex procurador Alberto López Rosas y al
delito que se le estaría acusando: “encubrimiento, contra un ex servidor
público de esa Procuraduría que realizó acciones tendientes a desviar la
investigación de los hechos, favoreciendo que los inculpados se sustrajeran a
la acción de la justicia”.
Dio
a conocer que se sigue investigando los delitos de “posesión de cartuchos y
portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ataques a las vías de
comunicación, abuso de autoridad y tortura”.
Dijo
además que a la PGJE le compete investigar los delitos de “homicidio en agravio
de dos estudiantes, sin embargo de las actuaciones realizadas por la PGR se
desprenden otras conductas ilícitas por las que el representante social del
fuero común de Guerrero debe resolver, y entre ellas se encuentran homicidio,
en agravio de un empleado de una gasolinera, como probable responsable se estima
a un civil que incendió el establecimiento referido y con ello provocó la
muerte de la víctima”.
También
el de “homicidio en grado de tentativa, en agravio de un estudiante que se
encontraba en la zona donde perdieron la vida dos de sus compañeros, como
probable responsable es un policía ministerial de Guerrero”.
Además
del “encubrimiento por favorecimiento, derivado de la alteración de la escena
del crimen, delito que podría ser atribuible a policías ministeriales,
estatales, peritos y agentes del ministerio público del estado de Guerrero, así
como civiles, quienes favorecieron el ocultamiento, pruebas e indicios, y con
ello se impidió avanzar en la investigación”.
Cuitláhuac
Salinas Martínez, indicó que también hay “falsedad de declaraciones ante una
autoridad, contra agentes de la Policía Ministerial de Guerrero, quienes se
condujeron falsamente al rendir su testimonio al agente del Ministerio Público
de ese estado, un policía ministerial que firmó un informe relacionado con la
detención de algunas personas en el lugar de los hechos, y posteriormente, al
comparecer al agente del MPF le refirió que eso era falso, pues no estuvo en el
lugar; ello demuestra que los elementos de la Policía Ministerial de Guerrero
ocultaron información a la autoridad”, añadió.
Otro
delito es “contra la administración de la justicia, ya que los peritos del
estado de Guerrero omitieron el levantamiento correcto de las evidencias, lo
que condujo a la alteración de la escena del crimen. Aunado a ello, personal
ministerial de esa Procuraduría omitió instruir a sus auxiliares para la debida
preservación del lugar, solicitar dictámenes médicos de personas puestas a su
disposición y quienes declararon en calidad de indiciados, y con ello
ocasionaron una ventaja indebida a los probables responsables de los hechos
ocurridos el 12 de diciembre de 2011”.
“Asimismo,
por tratarse de delitos del fuero común, el ministerio público del estado de
Guerrero debe continuar, además, con la investigación de los delitos de
privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro de por lo menos tres
personas, robo de vehículos y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y
abuso de autoridad contra quien o quienes resulten responsables”, añadió, y
dijo que el gobierno federal actuará con “firmeza contra la impunidad”.
Los disparos mortales,
de poniente a oriente, afirma la directora de Servicios Periciales
Luego
intervino la directora de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina
Alegría, quien presentó un dictamen que elaboró esa dependencia “desde el punto
de vista técnico-científico en base a las evidencias recolectadas en el lugar,
así como los documentales en que se hace referencia en el expediente y que se
encuentran agregadas a ella”.
Ahí
detalló la posición que tomaron ese 12 de diciembre los policías federales,
estatales, municipales, ministeriales y los aspirantes a convertirse en policías
ministeriales.
Sostuvo
que en ese dictamen se establece que de “acuerdo a esta posición de las
víctimas de los dos lesionados ubicamos que dentro de lo que es necropsia de la
lesión de ellos se encuentra desde izquierda a derecha, y otra de adelante
hacia atrás en lo que es la cabeza, si los ubicamos en el lugar que estamos
observando se puede determinar perfectamente bien que los disparos vinieron de
poniente a oriente, donde se está manejando la Policía Ministerial hacia ambos
sujetos que perdieron la vida”.
Añadió
que “esto se corrobora, del lado izquierdo está un tractocamión que también
presenta daños por disparo de arma de fuego de la misma trayectoria, poniente a
oriente, en el caso de la persona lesionada que es la que se encuentra en
medio, se le localizó en una lesión que tenía en el emitorax un fragmento de
camisa de cobre procedente de un proyectil, ésta al ser extraída por los
médicos se le entregó a la Procuraduría Estatal y al hacer los exámenes
balísticos correspondientes se determinó que pertenecía a una de las armas que
portaba la Policía Ministerial”, añadió la funcionaria de la PGR.
“La conclusión desde el punto de vista
pericial es que la Policía Ministerial que estaba en la zona de Galerías fue
quien realizó los disparos, y en consecuencia quienes produjeron las lesiones a
los dos estudiantes muertos así como al lesionado que posteriormente fue
trasladado al hospital”, añadió Medina Alegría.
Son conclusiones
científicas: Salinas
El
subprocurador de la PGR, volvió a tomar la palabra y aseveró que “es de gran
importancia precisar que en los casos de delitos de homicidios por disparos de
armas de fuego, como lo es el presente, son los elementos balísticos los
determinantes para esclarecer el hecho”.
Cuitláhuac
Salinas añadió que la PGR tomó “80 declaraciones de elementos de la Policía
Federal, además se realizaron respecto de ellos 22 exámenes en materia de
química y 69 en balística con los que se obtuvieron elementos para comparación
de los casquillos encontrados en el lugar”.
“Por
lo que resulta inconcluso que la PGJE actuó de manera parcial, pues no efectuó
diligencias enfocadas a verificar si su personal fue el autor de esos
asesinatos, ya que al respecto no tomó las declaraciones de los elementos de la
Policía Estatal y Ministerial ni practicó de manera inmediata las periciales
que el caso ameritaba, entre otras balística y química”, agregó.
Además,
puntualizó que el MPF establece que la PGJE actuó con “omisión relevantes e
incluso en algunos casos tendenciosa ya que cuando se les requirió el listado
del personal que intervino en los hechos, sólo remitieron un informe en el que
refirieron la participación de 73 elementos ministeriales desarmados y que
pertenecían a su grupo de granaderos y sólo cinco, según este informe, iban
armados. Sin embargo, esa información, al ser confrontado con el resultado de
las periciales obtenidas, se concluyó que no correspondía a la realidad;
recolectamos casquillos de los que no se encontraba el arma con la que fueron
disparados, ello motivó dos acciones: primero, una nueva inspección del lugar y
de ésta se obtuvieron más elementos balísticos”.
También
dijo que fue necesario que personal de la PGR “tuviera que acudir a la armería
de la PGJE de Guerrero y, a pesar de ello, y a los obstáculos que se adujeron
por el responsable, nos vimos en la necesidad de recabar todo el armamento que
tenía esa institución; de las pruebas desahogadas se tuvo conocimiento de dos
aspectos relevantes. El primero, que no existía un control para la asignación
de las armas, ello, según el dicho del propio responsable de esa área, de quien
señaló que no se contaba con los resguardos que se hicieron al momento del
operativo efectuado el día de esos lamentables hechos, ya que se hacía un vale,
el cual se devolvía contra entrega del arma, y por eso la Procuraduría no tenía
el control de las armas que ocuparon sus elementos”.
Además
que de las armas que se recogieron “algunas sí intervinieron en los hechos,
debido a la labor pericial desarrollada por peritos, evidentemente de esta
institución, se determinó que entre los casquillos encontrados en el lugar de
los hechos, había más armas de las primeramente remitidas que estuvieron en el
lugar. Adicionalmente, a la Procuraduría estatal se le solicitó la ropa de los
elementos que estuvieron en el lugar, sin embargo, las pruebas periciales
llevadas a cabo por peritos de esta institución determinaron que era imposible
realizar algunos exámenes de química, porque la ropa fue lavada antes de ser
remitida a esta institución, por lo que es evidente que no se preservó, a pesar
de que es una exigencia legal”.
En
ese sentido, concluyó que la PGJE incurrió en una “manipulación y falta de
preservación de las evidencias, y segundo, una manipulación de las actuaciones.
Estos son los delitos que se encuentran relacionados en la averiguación previa
de la que el MPF se encuentra en integración”, agregó.
Cuitláhuac
Salinas dijo que el deslinde de responsabilidades en el asesinato de los dos
estudiantes le compete a la PGJE, “precisamente porque no son delitos del fuero
federal es que estamos impedidos nosotros, como institución, para ejercer
acción penal por esos delitos, por eso, en su momento, esta Procuraduría le
hizo llegar a la Procuraduría del estado las actuaciones que precisamente
vienen a resolver estos puntos”.
Salinas
se refirió al ex procurador López Rosas como “indiciado, en esa medida es
evidente que debido a su calidad, él podrá argumentar lo que a sus intereses
convenga, evidentemente, pues es una garantía que todos tenemos, la de
defendernos como estimemos conveniente. Sin embargo, habría que resaltar un
aspecto, de todos es sabido y esto es sentido común, que cuando hay una orden
de aprehensión, pues no va un agente y se la notifica, y le dice en su puerta
‘mire, hay una orden de aprehensión en su contra, por si tiene usted algo qué
hacer’, evidentemente eso no sucede”.
Aceptó
además que López Rosas “promovió un amparo y actualmente goza de la suspensión
provisional que le otorgó un juez federal; producto de esa suspensión es que no
se puede cumplir la orden de aprehensión, esta es una situación legal que
evidentemente es del conocimiento de esa persona, porque también es un experto
en materia jurídica. Sería un absurdo que un PFM pretenda cumplir una orden de
aprehensión si hay una orden de suspensión por un juez federal, eso es evidente
que sería incorrecto”.
Explicó
que ahora que a López Rosas “se le concedió la suspensión provisional, el juez
federal estableció que contaba con un plazo para comparecer al juez que emitió
la orden, es decir, se debe presentar, este plazo es de tres días para ponerse
a su disposición. En este caso, deberá presentarse, se le deberá tomar su
declaración preparatoria y en el plazo constitucional, resolver respecto de su
situación jurídica, es un trámite legal que más o menos es del conocimiento de
todas las personas, es un procedimiento que se establece por parte de la ley,
en el caso de que se le otorgue la suspensión provisional a cualquier persona”.
“Cabe
reiterar que estos delitos, por los que en su momento se ejerció acción penal
en su contra, no son considerados como graves, así están previstos en la ley.
No son graves y, por lo tanto, tiene libertad provisional, por eso hasta este
momento no es posible cumplir con ese mandamiento de captura”, añadió.
Antecedentes
El
26 de enero pasado, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, luego de
que la PGR interviniera en la investigación de los hechos, consignó a los
agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores como
los responsables de la muerte de los normalistas.
El
domingo, el ex Procurador General de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas,
aseguró que la PGR estaba inculpando a los policías ministeriales para proteger
a miembros de la Policía Federal, ya que según él, fueron quienes dispararon.
Sobre
López Rosas y otros ocho funcionarios, así como del civil que rindió el falso
testimonio, Salinas informó que fueron giradas órdenes de aprehensión a
petición de la PGR, de las cuales sólo una se ha cumplido, tres están
pendientes y seis están suspendidas debido a que los involucrados, entre ellos
el propio López Rosas, tramitaron un juicio de amparo.
Por
Jesús Guerrero/El Sur
Febrero/28/2012
www.libertadguerrero.net
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