CONSPIRACIONES
Diputados
negocian con alcaldes corruptos
Por Jorge Romero Rendón
La Auditoría General del Estado (AGE) cerrará con un calendario de entregas que
van del 16 al 29 de febrero, la recepción de la Cuenta Pública anual 2011 y
del Tercer Informe Financiero Cuatrimestral del mismo año, en medio de un ambiente
político enrarecido por los diputados salientes del Congreso local, que
recientemente exoneraron sospechosamente a 13 alcaldes que no han cumplido
cumplieron con la rendición de cuentas.
La entrega de cuentas públicas es una obligación ineludible de quienes
gobiernan los ayuntamientos, tanto de los alcaldes como de los síndicos, los
tesoreros y los directores de obras públicas, por lo que todos ellos están
sujetos a fiscalización porque manejan recursos públicos estatales y
federales.
En ese marco, el requisito mínimo que deben cumplir todos ellos es comprobar el
buen uso del dinero público, de acuerdo a una metodología contable que el
actual titular de la AGE, Arturo Latabán López ha promovido en cursos de
capacitación. Latabán lleva un año trabajando codo a codo con los alcaldes y
sus funcionarios, por lo que ya nadie puede llamarse a ignorancia en materia de
contabilidad gubernamental.
Y si los 81 presidentes municipales que hay en Guerrero no se han robado el
dinero, son 81 las cuentas públicas que la AGE deberá recibir a partir de
mañana en una calendarización que otorga todas las facilidades a quienes las
presentarán, incluyendo un diagnóstico preliminar que de inicio le indica a
los alcaldes las fallas técnicas que se les encuentre a sus informes, para que
los corrijan antes de su recepción definitiva.
Sin embargo, el optimismo no tiene cabida en la propia AGE, luego de que apenas
la semana pasada Latabán López anunció la suspensión provisional de los
tesoreros y directores de obras de los ayuntamientos de Acatepec, Alpoyeca,
Atlamajalcingo del Monte y Copalillo. Incluso los alcaldes de los primeros
tres ayuntamientos mencionados habían sido sujetos de una acusación formal de
la AGE ante el Congreso local, para revocarles el mandato ante su negativa de
entregar cuentas a la máxima autoridad fiscalizadora del estado.
Pero
Faustino Soto y sus secuaces abrieron negocio…
De hecho, la AGE había solicitado al Congreso la revocación del mandato como
alcaldes de Marino Miranda de Teloloapan, Francisco Estrada Campos
de Cutzamala, de Esteban González de Cochoapa, Roberto Almora de
Alpoyeca, de Leonel Angel Nava de Quechultenango, y de Manuel Cuevas
de Apaxtla.
Ninguno de ellos ha entregado una sola cuenta pública, pero el Congreso local,
a iniciativa del presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto, los
exoneró con el argumento de que “no hay pruebas contra ellos”.
¿No es suficiente prueba la omisión de su obligación constitucional de rendir
cuentas, agravado por el hecho de tratarse de algunos de los municipios más
pobres de Guerrero?
Para colmo, con la misma mañosa argumentación, los diputados cancelaron el
requerimiento de juicio político que la AGE había presentado en contra de los
alcaldes de Malinaltepec, Coyuca deBenítez, Cuetzala, Ahuacuotzingo, Marquelia,
y de nuevo contra los de Acatepec y Atlamajalcingo del Monte.
Lo curioso de esas exoneraciones estriba en que algunos de los incumplidos
alcaldes del PRD están siendo favorecidos con precandidaturas a diputaciones
federales de ese partido. El caso que más llama la atención es el de Marino
Miranda, edil perredista de Teloloapan, quien habría “ganado” la encuesta que
ese partido aplicó en el Distrito 02 de la zona Norte, con cabecera en Iguala,
y podría ser designado candidato del PRD pese a que adeuda varios millones de
pesos de cuyo destino se desconoce el paradero, aunque hay denuncias en aquel
municipio acerca del enriquecimiento acelerado e inexplicable de Marino
Miranda.
En ese marco, desafortunadamente es la legislatura de mayoría perredista la que
está poniendo el mal ejemplo, pues ya se demostró que todo alcalde que
desvíe recursos públicos o incluso se los robe, tendrá garantizada la impunidad
desde el Congreso del Estado.
Ojalá que los esfuerzos de Latabán López por imponer la cultura de la
transparencia y de la rendición de cuentas no se vean alterados por la falta de
probidad de unos legisladores ávidos de negociaciones secretas para cobrarse
“comisiones” en donde las haya para financiar sus precampañas electorales.
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