CHILPANCINGO
(www.libertadguerrero.net).- El
gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó la destitución de siete funcionarios de
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por su presunta
responsabilidad en “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa.
Además, los servidores separados del cargo “seguirán
sujetos” a procesos administrativos, de acuerdo con un comunicado de la
dependencia.
Entre los funcionarios removidos se encuentran tres
fiscales y cuatro agentes de la Policía Ministerial (PM), entre ellos el
comandante en la región centro de esta corporación, David Jesús Urquizo Molina,
quien es señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de haber
“torturado y sembrado” un fusil AK-47 a un estudiante normalista.
De acuerdo con el texto, el gobierno estatal “no
tiene considerado” separar de su cargo a más trabajadores de la dependencia
estatal, “hasta en tanto se resuelvan” los procesos administrativos internos
que se integraron en contra de al menos 70 agentes del Ministerio Público del
fuero común, peritos y policías ministeriales que participaron en la
integración de la averiguación previa por el desalojo violento del 12 de
diciembre y que son acusados de incurrir en “actos arbitrarios” y “limitar
indebidamente” las manifestaciones de estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa.
Los empleados de la PGJE destituidos son: el
exdirector de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de la Costa
Chica, José Vélez Zapata; el fiscal especializado para la Investigación de
Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios, y el fiscal especializado para el
Combate al Delito de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera.
También fueron separados de sus cargos el
comandante Salvador Téllez Márquez y los agentes Israel Espinoza Aguilar y
Miguel Salazar Gaona.
El gobierno estatal advirtió que se aplicará la ley
a los funcionarios de la PGJ que “tengan alguna responsabilidad administrativa
o penal”, y manifestó su compromiso de que no habrá impunidad en el caso
Ayotzinapa.
Una fuente oficial indicó que Aguirre Rivero
anunció las destituciones durante la reunión que sostuvo el pasado lunes 13 con
integrantes de la Comisión Civil de interlocución por el caso Ayotzinapa, y se
hicieron efectivas un día después, a través del oficio suscrito por el
encargado de la PGJ, Juan Manuel Herrera Campos, que indica que se determinó
“remover de manera definitiva del cargo de confianza” a los tres fiscales y los
cuatro agentes policiacos.
Entre los acuerdos que asumió el gobierno estatal
durante dicho encuentro, realizado en la residencia oficial Casa Guerrero,
destaca el compromiso de “llegar a la verdad histórica” del desalojo violento
del pasado 12 de diciembre, donde fueron asesinados dos estudiantes.
Además, “aplicar la ley” a los
responsables, generar un programa de reparación del daño y promover
reformas legislativas para que no se repitan ese tipo de sucesos, informó el
gobierno en comunicado.
Mientras tanto, las medidas sancionadoras
promovidas por el gobierno estatal desataron una serie de protestas al interior
de la PGJ, en virtud de que las autoridades de la dependencia iniciaron un
procedimiento administrativo en contra de al menos 70 trabajadores, entre
agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías
ministeriales.
Aunado al procedimiento administrativo interno de
la PGJ, la Procuraduría General de la República (PGR) integró una averiguación
previa en contra de los mismos inculpados por los delitos de evasión de presos,
encubrimiento y obstrucción de la justicia, denunciaron un grupo de
trabajadores inconformes.
Por Ezequiel
Flores
Febrero/15/2012
www.libertadguerrero.net
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