CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- La Contraloría
General del Estado investiga las conductas de 24 servidores públicos para aplicar
sanciones por los hechos de violencia del pasado 12 de diciembre, informó el
titular del organismo, Julio Cesar Hernández Martínez.
En
conferencia de prensa sostuvo que “Estas
responsabilidades están relacionadas con no haber prestado auxilio a las
personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún
delito; no haber actuado con la decisión necesaria para evitar un daño grave,
inmediato e irreparable, y haber utilizado armas de fuego innecesariamente”,
explicó.
Y abundó, haber
tolerado y realizado actos de tortura o acciones crueles; no haber utilizado
los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las
instituciones de seguridad pública, y no haber conformado, de acuerdo a las
disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de hechos delictivos o de
faltas administrativas.
Hernández Martínez
aseguró que las responsabilidades de cada uno de los involucrados se
determinarán con transparencia, imparcialidad y objetividad, independientemente
de que, sean acreedores de otro tipo de sanciones.
El funcionario
estatal, informó que la Contraloría General abrió la investigación
QD/IA/007/2012 contra los servidores públicos de la PGJ como probables
responsables.
Y precisó que para
determinar las responsabilidades, desde diciembre la Procuraduría General de
Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
proporcionaron los nombres de quienes participaron en el operativo efectuado en
la carretera México-Acapulco, en el que murieron dos estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa y resultó lesionado el empleado de una gasolinera,
que posteriormente falleció.
En las investigaciones
para determinar las probables responsabilidades administrativas se considera a
Alejandro Hernández Paz y Puente, ex subprocurador de Control Regional y
Procedimientos Penales; José Vélez Zapata, director general de Control de
Averiguaciones Previas; María Seberiana Flores Peña, quien se desempeñaba en
esa fecha como fiscal Regional Zona Centro, y Esteban Maldonado, fiscal
Especializado para la Investigación de Delitos Graves.
Además de Joaquín Díaz
Terrero, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada
para la Investigación de Delitos Graves; Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal
Especializado para el Combate del Delito del Secuestro; María Eugenia Salgado
Guzmán, quien fuera agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los
Bravo, y Juan Manuel Martínez Utrilla, director General de los Servicios
Periciales.
El funcionario indicó
que igualmente se procederá en contra de agentes de la Policía Ministerial:
Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán Domínguez, Jorge Armando López Ruiz,
Ismael Matadama Salinas, Rey David Cortés Flores, Ricardo Arévalo Adame, Manuel
Luis Cristino y Manuel Araujo Arellanos.
Además, los agentes
Jesús David Urquizo Molina, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez Márquez,
Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gama García, Reyes Castro
Tolentino y José Rodríguez Carvajo.
Por
Staff de Redacción
Enero/22/2012
www.libertadguerrero.net
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