MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- Organizaciones
sociales hicieron un enérgico llamado al presidente Felipe Calderón para que
ponga en marcha acciones de protección a defensores de derechos humanos, luego
de los recientes asesinatos y atentados contra cinco activistas, cuatro de
ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
En un comunicado, cinco grupos no
gubernamentales con presencia en el estado de Guerrero advirtieron que los
asesinatos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, el atentado
contra Norma Andrade y el secuestro de Eva Alarcón y Miguel García Bautista,
así como la muerte “no esclarecida” Joel Santana Villa, ocurrida en la cárcel
de Iguala, revelan la urgencia de que el gobierno federal asuma su
responsabilidad en la protección de los activistas, más aún cuando los primeros
cinco habían informado sobre las amenazas de que fueron objeto.
“Si bien el gobierno federal podrá argumentar
que todos los casos son de índole estatal, el hecho es que por tratarse de
defensores que estaban relacionados con casos muy sensibles y de alto interés
para la opinión pública no debe negarse su responsabilidad, pues es el
representante ante la comunidad internacional del Estado mexicano”, se indica.
El gobierno de Calderón, sostienen, “está
obligado a responder, coordinar y supervisar acciones entre la Federación y sus
estados para proteger la vida, integridad y seguridad de todos los mexicanos”.
Luego de repudiar que en algunos de estos casos
se busque involucrar a las víctimas con el crimen organizado, las
organizaciones exigieron la “creación de mecanismos eficaces y oportunos para
garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos y de los
activistas sociales”, toda vez que los hechos recientes demuestran “la alta
vulnerabilidad en que nos encontramos para realizar nuestras actividades”.
Las ONG también reclaman el esclarecimiento de
“cada asesinato, de cada desaparición”, así como investigaciones “apegadas a
derecho que deben dar certeza jurídica y ser creíbles”, con el fin de que los
responsables “sean llevados a juicio y sentenciados para que paguen por sus
acciones, terminando así con la impunidad rampante que se pasea por el país”.
La exigencia la respaldan el Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI), Red Guerrerense de Organismos Civiles de
Derechos Humanos, Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Frente de
Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) y Comité de
Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) envió una carta al secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré, en la que advierte que el gobierno de Calderón
“ha sido omiso y negligente en la adopción de medidas urgentes de protección a
periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, como lo demuestran
los lamentables hechos relacionados con Nepomuceno Moreno, Norma Andrade y
Trinidad de la Cruz”.
En la carta de Juan Carlos Gutiérrez, director
de la CMDPDH, se rechaza la participación de esta organización en la Comisión
de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, de la que forma
parte, “hasta que se demuestre un interés claro por parte de las autoridades federales
de avanzar en temas clave”, como son el cumplimiento de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), “en consulta con las víctimas
y sus representantes”, así como el establecimiento de un mecanismo efectivo de
protección para periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos”.
La CMDPDH también deploró la reacción de
Calderón Hinojosa, en el sentido de “amedrentar e intimidar a los 23 mil
mexicanos que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional”, hechos con los
que su gobierno atenta “contra la libertad de expresión y cuestionan el derecho
de los ciudadanos de defender los derechos humanos, así como buscar por medios
pacíficos mecanismos para acceder a la justicia”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó también el asesinato de
Trinidad de la Cruz, líder comunitario e integrante del MPJD, cuyo cuerpo fue
encontrado ayer en el municipio de Aquila, Michoacán, luego de haber sido
privado de su libertad el día anterior por sujetos armados.
En el comunicado, la ONU instó a las autoridades
competentes a impulsar investigaciones serias, imparciales, expeditas y
diligentes sobre dicho crimen y a desplegar una búsqueda exhaustiva para dar
con el paradero de los campesinos ecologistas de Guerrero, Eva Alarcón y
Marcial autistas, quienes fueron “levantados” ayer en Petatlán, Guerrero.
Fuente:
Proceso
Diciembre/08/2011
www.libertadguerrero.net____________________________________________________
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