Brutalidad en Guerrero
Editorial del periódico El Universal
De
nuevo una manifestación termina con fallecidos en el estado de Guerrero, como
sucedió en los años 60, en épocas previas a las guerrillas de los profesores
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y en los 80, en el vado de Aguas Blancas. Esta
vez las víctimas fueron dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que
bloqueaban la autopista México-Acapulco. Son hechos que urge aclarar.
En
las primeras horas posteriores a los asesinatos, el gobierno de Guerrero
evidenció su falta de profesionalismo al asegurar que sus agentes habían
acudido sin armas a desalojar a los manifestantes. El procurador se apresuró
incluso a deslindar a las autoridades estatales al decir que las víctimas
presentaban impactos de armas diferentes a las usadas por las corporaciones
locales. Justificó los hechos al decir que la protesta era “atípica” por ser
día inhábil y que en el lugar hubo presencia de “grupos” que buscaban
desestabilizar Guerrero. Exactamente los mismos argumentos de quienes
agredieron a los manifestantes de décadas anteriores.
Al
saberse que los elementos sí portaban armas, el gobernador Ángel Aguirre separó
de sus cargos al secretario de Seguridad Pública estatal y al procurador. Los
cambios, si bien lógicos, no deberán ser las únicas medidas a tomar. Urge
determinar quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de la
muerte de los normalistas. Si todo fue producto de la torpeza de los agentes o
un hecho premeditado y con dolo ordenado por alguna autoridad, estatal o
federal, para detener “como fuera” a los inconformes.
Los
disparos en cabeza y cuello a los normalistas revela que el objetivo no era
siquiera dispersar a los protestantes, como se dijo, sino atacarlos.
La
brutalidad de eventos como éste mancha la credibilidad del uso legítimo de la
fuerza por parte del Estado, tan necesario en estos tiempos de violencia y
crimen, en el que los enemigos no son quienes protestan por sus condiciones
sociales.
Si
todo se reduce a un pésimo manejo de crisis antimotín —lo que no excluye de
responsabilidad a los que dispararon— estaríamos ante la prueba de la falta de
capacitación de corporaciones, estatales o federales, incapaces de tener protocolos
de actuación apegados a los derechos humanos.
Tanto
el gobierno federal como el de Guerrero le deben a los guerrerenses y al país
una explicación creíble y contundente de lo que pasó el lunes en Chilpancingo,
para que haya un deslinde justo de responsabilidades, sin “chivos expiatorios”
ni culpables inventados. También tendrán que explicar lo que harán para que el
lamentable episodio del lunes no se vuelva a repetir en ninguna parte del país,
por muy agresivos que sean los manifestantes.
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