BAJO FUEGO
Pensión Guerrero
Por José Antonio Rivera Rosales
Aunque no se ha hecho público, los
resultados de una auditoría a Pensión Guerrero -uno de los más nobles programas
de la administración estatal- registran inconsistencias que van desde
irregularidades administrativas hasta un presunto desvío de más de tres
millones de pesos.
La auditoría a las finanzas y operaciones de
Pensión Guerrero abarca el período de
enero de 2010 a marzo de 2011. Se trata,
pues, de otra herencia del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
La contraloría estatal que encabeza Julio
César Hernández Martínez inició dicha revisión a la administración del
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores
(IGATIPAM) a petición de su joven titular, Alejandro Arcos Catalán, quien
solicitó la intervención precisamente para evitar que su gestión se confunda
con la que le antecedió.
Una primera impresión de las irregularidades
se puede observar a partir del dato primario de que el 62 por ciento del padrón
resultó con observaciones de la contraloría por diferentes irregularidades,
como el hecho de que muchas personas no cumplen con las condiciones formales
para acceder al registro, condiciones que se sintetizan en ser mayor de 65
años, vivir en condiciones de pobreza extrema y no recibir ningún otro apoyo
gubernamental.
De acuerdo con los resultados iniciales de
la citada revisión, el programa Pensión Guerrero cuenta con un padrón real de
52 mil 057 beneficiarios, pero en el listado oficial que le entregaron a la
nueva administración figuraban 50 mil 020 adultos mayores que reciben el
beneficio gubernamental. Es decir, hay poco más de 2 mil beneficiarios fantasma
en el citado padrón.
Ello, sin contar con que unas 900 personas que
aparecen como beneficiarios en realidad son finados, mientras que otras 8 mil
muestran inconsistencia con la edad -es decir, son personas que hacen los
respectivos cobros cuando en realidad tienen edades que fluctúan entre los 41 y
64 años, fuera del rango establecido oficialmente-.
Según los datos obtenidos de fuentes
extraoficiales, que se harán públicos en breve, como resultado de la auditoría
se encontró que más de tres millones de pesos del ejercicio fiscal de 2010 se
tipifican como “presunción de desvío”, dado que simplemente desaparecieron de
la partida presupuestal, en tanto un millón 394 mil pesos registran diferencias
inexplicables en su entrega -esto es, se les entregaban cheques rasurados a los
supuestos destinatarios-, lo que de todos modos podría constituir un delito.
Es decir, son un total de casi cuatro
millones y medio de pesos que de una forma u otra desaparecieron o no llegaron
a sus destinatarios, y dado que el programa está destinado a paliar las penurias
de ancianos guerrerenses en condiciones de pobreza extrema, esos desvíos
constituyen verdaderos actos criminales.
El programa Pensión Guerrero cuenta con un
presupuesto anual de 245 millones de pesos, de los cuales para el ejercicio de
este año el (todavía) secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, descontó 5
millones de pesos que constituían el fondo para los gastos de operación del
IGATIPAM, lo que deja al equipo directivo a cargo prácticamente sin dinero para
moverse.
Salgado Leyva tuvo en días pasados un
encontronazo con Arcos Catalán, quien le pedía información sobre el manejo de
los recursos. De modo grosero, como acostumbra hacerlo con todo mundo desde que
accedió al cargo, Salgado Leyva simplemente lo mandó al diablo. Ante la protesta
fehaciente de Arcos, quien advirtió que se quejaría con el gobernador, el
prepotente titular de Finanzas le contestó que le hiciera como quisiera, lo
cual fue atestiguado por este reportero.
Jorge Salgado se subió a un ladrillo y se
mareó.
Su hijo, el imberbe diputadito que pretende
ser alcalde de Chilpancingo, le sigue los pasos a la perfección, al condicionar
apoyos por lealtades extremas.
Parecen creer, padre e hijo, que el
gobernador Ángel Aguirre les patrocinará su carrera política y sus latrocinios,
como aquel que sigue sin ser explicado, en primicia ofrecida por Jorge Romero
Rendón, quien develó los turbios manejos con la póliza de seguros contra
desastres contratada por el inefable secretario de Finanzas por varios millones
de dólares en los que, se presume, debe existir una jugosa comisión.
Ese ilícito descomunal debe ser investigado
por la Contraloría y la Auditoría General del Estado, instituciones que en caso
de que exista delito que perseguir, estarían obligadas a interponer la denuncia
respectiva ante la Procuraduría General de Justicia.
Es aquí donde el joven contralor Hernández
Martínez, el auditor Arturo Latabán y, desde luego, el procurador Alberto López
Rosas, demostrarían su apego a la legalidad, a la congruencia y, sobre todo, la
defensa de la legitimidad de un gobierno que arribó al poder arropado por el
voto de una amplísima mayoría.
Si quienes detentan el poder no cumplen ni
hacen cumplir la ley, entonces es claro que vivimos en pleno surrealismo
político.
Aguirre está obligado a deponer a su
secretario de Finanzas y transparentar el ejercicio del poder y de los recursos
públicos.
Por eso es el gobernador ¿O no?
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