ATOYAC DE ÁLVAREZ (www.libertadguerrero.net).- Garantizar
y privilegiar el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales de los
guerrerenses es la mejor manera de honrar la memoria de Rosendo Radilla Pacheco
y ese es el interés supremo de este gobierno, sostuvo el gobernador Ángel
Aguirre Rivero.
El mandatario estatal presidió con el encargado
de despacho de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, el
evento de reconocimiento de responsabilidad del estado mexicano en la
desaparición del también ex alcalde de Atoyac, ordenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) el 23 de noviembre de 2009.
En su intervención, en un evento sin precedentes
al que también asistió la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano, el titular del Poder Ejecutivo hizo público su
reconocimiento a la familia del desaparecido Rosendo Radilla, en particular de
Tita Radilla, por su incansable lucha a favor de los derechos humanos.
Felicitó también al presidente municipal de
Atoyac de Álvarez, Armando Bello Gómez, por su compromiso y convicción para que
lo que sucedió en aquellos años en la denominada “guerra sucia” nunca más
vuelva a suceder en Guerrero.
Asimismo, enfatizó que los gobiernos
democráticos han asumido como deber primordial el irrestricto respeto a los
derechos humanos de sus gobernados y que la universalidad de estos derechos
implica compromiso y observancia en los tratados internacionales que México ha
suscrito.
Detalló que en Guerrero se postula el derecho a
conservar la memoria de los pueblos y la justicia por hechos del pasado como
parte del catálogo de los derechos sociales.
Hoy acudimos aquí a un hecho inédito e histórico
en nuestra entidad, altamente significativo que responde al menos en parte el
dolor de quienes fueron víctimas y referente de graves violaciones a los
derechos humanos en el pasado, precisó.
Destacó que este emblemático caso debe hacer
camino y servir como ejemplo para cumplir con aquellos grandes pendientes que
han significado impunidad y vergüenza.
Se convierte en un símbolo de todos los que han
sufrido agravios en un contexto de lucha política y social donde el estado
incumplió su papel y responsabilidad de garantizar las libertades políticas y
sociales que les asisten legítimamente a esas luchas.
Ratificó su compromiso para que en breve se dé a
conocer la comisión de la verdad que se encargarán de investigar los casos de
desapariciones y asesinatos de personas durante la llamada Guerra sucia.
Reconoció la voluntad del presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa, por haber celebrado este evento que nunca
en la historia de este país se había dado. Eso habla de la vocación
democrática, eso habla de que el gobierno que preside es un gobierno sobre todo
comprometido con los derechos humanos.
Por último, a manera de homenaje, se refirió al
extinto secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora como un hombre que
entregó su vida a la nación, un hombre íntegro, un hombre que luchó en todo
momento por un México diferente, más equitativo y sobre todo de solidaridad con
los guerrerenses.
En su intervención, el secretario de Gobernación
en funciones, Juan Marcos Gutiérrez González, reconoció públicamente la
responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla.
Admitió que la Corte resolvió que hay elementos
suficientes para determinar que el señor Rosendo Radilla Pacheco permaneció
privado de su libertad en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez durante
varias semanas posteriores a su detención, con base en testimonios de personas
que lo vieron en dichas instalaciones.
Y la desaparición forzada de Rosendo Radilla
Pacheco fue un caso de represión. Pero su lucha no ha sido en vano. Él, como
muchos otros ciudadanos que han amado y servido a su comunidad y a nuestro
país, luchó para que las libertades y los derechos de todos fueran respetados.
Derivado de lo anterior, la Corte Interamericana
determinó que el Estado Mexicano es responsable de la violación de varios
derechos humanos del Señor Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición
forzada de la que fue objeto.
En circunstancias sumamente complicadas para el
Gobierno Federal, derivadas de las trágicas muertes de José Francisco Blake
Mora y Felipe Zamora Castro, quienes tenían contemplado realizar este acto el
lunes 14 de noviembre, hemos acudido la secretaria de Relaciones Exteriores y
el secretario de Gobernación en funciones a atender una obligación
internacional y a reafirmar la plena voluntad del gobierno del Presidente
Felipe Calderón con la protección de los derechos humanos.
Por su parte, la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, subrayó que la política exterior de
México de derechos humanos se caracteriza por una plena apertura a los
organismos internacionales de derechos humanos; por la vinculación del Estado
mexicano a todos los tratados internacionales en la materia; y por el
establecimiento de mecanismos y procedimientos para dar pleno cumplimiento a
las obligaciones internacionales.
Precisó que con base en esa política exterior
activa de derechos humanos, durante este gobierno México ha sido electo a los
más importantes órganos internacionales de derechos humanos como el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente municipal, Armando Bello Gómez,
dijo que con el cumplimiento de la resolución se da en un buen momento para
demostrar que en México, hoy se gobierna diferente.
Correspondió a Omeheira López Reyna, titular de
la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría
de Gobernación, leer el resolutivo de la corte Interamericana de los derechos
humanos emitida el 23 de noviembre del 2009.
Finalmente, como parte del acto, y con la
presencia de las autoridades federales estatales y municipales se develó una
placa conmemorativa en memoria de Rosendo Radilla Pacheco, cuyo texto fue
acordado entre el Gobierno y representantes de la familia Radilla.
También participaron en este evento, el secretario
General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; de Seguridad Pública, Ramón
Almonte Borja; el procurador Alberto López Rosas, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo; el presidente de la mesa
directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez; y el director general de
Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Negrín Muñoz, entre otros
funcionarios federales y estatales.
Fuente:
DGCS
Noviembre/17/2011
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