Sin Plan Estatal Contra la
EXTORSION
Por Rodrigo
Huerta Pegueros*
El problema
de la inseguridad pública no es exclusiva de una parte de la sociedad sino de
toda en su conjunto. Igual como le puede suceder algo fatídico a un pobre lo
puede sufrir un acaudalado, un político, un legislador, un gobernante o un
simple ciudadano de la zona urbana o rural del estado de Guerrero.
La inseguridad pública que se sufre en la
entidad es igual para todos. Claro que algunos tendrán posibilidades para
obtener un resguardo mayor al de un simple ciudadano de a pie que tiene que
caminar metros o kilómetros para abordar un autobús, una camioneta de pasajeros
pirata, un taxi clonado o un autobús urbano destartalado como los que circulan
en esta ciudad y puerto de Acapulco, sin dejar de lado a los míseros taxis de
cualquier color que se encuentran en deplorables condiciones físicas y que
deberían estar ya entre los autos chatarra retirados de circulación.
Solo en eso
se diferencia la inseguridad de un rico al de un pobre. Lo cierto es que hoy
por hoy es la mayor calamidad que sufrimos todos los mexicanos y no solo los
guerrerenses.
Pero esta problemática
se ha incrementado en forma vertiginosa por causas que tienen que ver con la
delincuencia común y no organizada y esta se refiere explícitamente al daño que
causa la extorsión y que
afecta no solo la convivencia pacífica de los ciudadanos de esta ciudad y
puerto sino de otras ciudades o comunidades que sufren el mismo flagelo, sin
que ninguna autoridad haya hablado en forma explícita y directa sobre este
nuevo fenómeno que causa verdaderos estragos en la economía local, regional y
nacional.
No pocos han
sido los ciudadanos que nos han informado sobre cómo operan las bandas de
delincuentes que se dedican a la extorsión
y que sin ningún freno llegan a lugares privados o públicos para exigir su
cuota a los empresarios, a los vendedores fijos, semifijos o ambulantes y no
han dado tregua siquiera a quienes hacen los trabajos más humildes y pesados
como son los vendedores de raspados o churros o que en las banquetas venden pan
o bolillo. Estos humildes comerciantes son también víctimas de la criminalidad,
la cual todo ciudadano ve, pero ninguna autoridad molesta.
Y es que si
los maestros, los médicos, los profesionistas están siendo víctimas de la extorsión por parte de bandas de
delincuencia común y no organizada, luego entonces, el gobierno en sus tres niveles,
debería de aplicar un programa específico para que se combata de forma frontal,
con prontitud y a fondo a estos delincuentes que están causando más daño—más
que los que infringen los vendedores de drogas—al tejido social.
Si un
gobernante fuese sensible y preguntara a bocajarro a cualquier ciudadano de la
comunidad o ciudad, colonia o barrio donde visite, sobre si sabe de algún
pariente o amigo que sea víctima de los extorsionadores, estamos seguros que se
llevaría una gran sorpresa al revelársele frente así y sin ninguna
intermediación lo que en la prensa o en las redes sociales se denuncia a diario
y por lo que se demanda la acción inmediata de los procuradores de justicia, de
los encargados de la prevención del delito y de los que están capacitados para
investigarlos y combatirlos.
Los maestros
no han ido al paro por gusto. No inventaron las extorsiones. No se imaginaron
lo que les sucede sino que lo viven a diario y por ello se han dispuesto a no
acudir a sus fuentes de trabajo sin que tengan a bien una protección real de
los gobiernos. Ya se comentó que se harán acciones tendientes a proveerlos de
seguridad igual que a los médicos.
Pero lo que
no se ha dicho es ¿que harán para proveer de seguridad a la ciudadanía en general?
quien vive hoy como castigo divino la extorsión
por parte de las bandas de delincuentes que en forma por demás abierta y sin
ningún recato actúan a todas horas y en todas partes sin que haya autoridad que
los detenga o contenga.
El gobernador
Aguirre puede tener todas las buenas intenciones para otorgar garantías de
seguridad a la ciudadanía, pero las fuerzas del orden público no han preparado
plan alguno para enfrentar a los extorsionadores. Hoy todo se centra en
combatir a la delincuencia organizada, esto es, a los vendedores de drogas,
pero no se han percatado que los extorsionadores han rebasado ya los límites de
tolerancia de una sociedad agraviada, temerosa, que vive en la mas aberrante
impunidad, en la inseguridad galopante y en la plenitud de la incertidumbre.
Acapulco,
cuando menos, esta ciudad y puerto, vive situación similar a la que vivió hace
unos meses atrás ciudad Juárez. No solo por la violencia y por los muertos que
a diario aparecen en todas partes, tiroteados, decapitados o desmembrados. Sino
también sufre una situación de extorsión igualmente dañina o más que la que
vivían los juarenses.
Ahí se
aplicaron dispositivos especiales para atacar este flagelo. En Guerrero todavía
no lo hacen y ni siquiera lo han abordado menos lo van a anunciar. Pero que la
extorsión, después de la violencia es lo que tiene ocupado y preocupado a la
ciudadanía guerrerense, es innegable.
Habrá que
demandar a la autoridad estatal que ponga atención a este flagelo de la extorsión y que no solo trate de
dar protección a los maestros o a los médicos que lo demandan, sino a toda la
ciudadanía que hoy es víctima de la delincuencia común que representan los
extorsionadores.
Respuesta
inmediata antes de que sea demasiado tarde.
No queremos
que se empiece a promover el rumor de la falta de un cambio de mando, porque
sería lo peor que nos podría pasar.
Periodista y
Analista Político*
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