Mujeres del PRI… su palabra
Por Maite Azuela
Después de la desafortunada decisión del PRI de bloquear la reelección legislativa y de presidentes municipales, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes recibieron a algunos integrantes del Colectivo Reforma Política Ya, para dialogar sobre las preocupaciones de que se apruebe una fórmula descafeinada que en la práctica haga inoperables la consulta popular, las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana.
La salida de someter a consulta popular la reeleccion que dieron los diputados del PRI para negar su legalización no es viable, incluso bajo los términos del dictamen que están por aprobar. Además de que proponen que para ser vinculante, es decir, para que se vuelva ley, debe contar con el 40% de apoyo del padrón electoral, y quieren que la consulta se realice en un proceso distinto de la jornada electoral.
Esas dos condiciones nos dan señales del final que tiene destinada la posibilidad de contar con mecanismos para premiar o castigar por desempeño a legisladores y alcaldes. Imaginemos que se convoca a la consulta en una fecha distinta a la de las elecciones federales. Si normalmente, en una elección para legisladores el abstencionismo rebasa la mitad del padrón, habremos de suponer que la afluencia de ciudadanos para responder una consulta sobre reelección no alcanzará el 40%. A eso deben apostar los diputados del PRI cuando establecen requisitos rígidos para limitar disimuladamente la participación ciudadana.
Además están cancelando la posibilidad de que podamos tener candidaturas independientes en la elección del 2012 e incluso hasta en la elección de 2018. Todo parece indicar que no fue suficiente eliminar la reelección de los avances en materia de derechos políticos para los ciudadanos, sino que los derechos que parecían materializarse en nuestra constitución corren el peligro de ser redactados para no funcionar.
Tanto Claudia Ruiz Massieu como Beatriz Paredes conocen ya los peligros de que la reforma nazca lisiada para que sea inoperable y saben también que definir la reelección en una consulta popular con las características que proponen implica un gasto inútil. Escucharon atentas y con disposición al grupo de ciudadanos que las alertó y se comprometieron a platicar con sus compañeros de partido para garantizar que la reforma emerja con las condiciones que le permitan poner en marcha una democracia participativa de verdad. Quizá estén dispuestas a convencer a los incondicionales de Peña Nieto de que no es con autoritarismo con lo que se ganan simpatizantes.
Para eso será necesario que de acuerdo con los estándares internacionales, las propuestas sometidas a consulta popular no requieran más del 12% para ser vinculantes, y que las candidaturas independientes puedan ponerse a prueba al menos a partir del 2015. Vendrá después la discusión sobre la manera en que la consulta debe abordar el tema de la reelección para que no se manipule con añoranzas pseudohistóricas. El dilema debe plantearse claramente: Preferimos decidir con nuestro voto que un legislador o alcalde continúe en el cargo por un solo periodo adicional y limitado o queremos que sigan decidiendo las dirigencias permitiendo los brincos de cargo en cargo sin límite de tiempo.
Su palabra de mujer está a prueba. Y su posibilidad de incidir sobre la resistencia de los integrantes de su partido también está por verse. ¿Podrá más el compromiso de impulsar una democracia participativa que la tentación de encerrarla en una celda partidocrática? Ya comprobaremos quien tiene la última palabra.
La salida de someter a consulta popular la reeleccion que dieron los diputados del PRI para negar su legalización no es viable, incluso bajo los términos del dictamen que están por aprobar. Además de que proponen que para ser vinculante, es decir, para que se vuelva ley, debe contar con el 40% de apoyo del padrón electoral, y quieren que la consulta se realice en un proceso distinto de la jornada electoral.
Esas dos condiciones nos dan señales del final que tiene destinada la posibilidad de contar con mecanismos para premiar o castigar por desempeño a legisladores y alcaldes. Imaginemos que se convoca a la consulta en una fecha distinta a la de las elecciones federales. Si normalmente, en una elección para legisladores el abstencionismo rebasa la mitad del padrón, habremos de suponer que la afluencia de ciudadanos para responder una consulta sobre reelección no alcanzará el 40%. A eso deben apostar los diputados del PRI cuando establecen requisitos rígidos para limitar disimuladamente la participación ciudadana.
Además están cancelando la posibilidad de que podamos tener candidaturas independientes en la elección del 2012 e incluso hasta en la elección de 2018. Todo parece indicar que no fue suficiente eliminar la reelección de los avances en materia de derechos políticos para los ciudadanos, sino que los derechos que parecían materializarse en nuestra constitución corren el peligro de ser redactados para no funcionar.
Tanto Claudia Ruiz Massieu como Beatriz Paredes conocen ya los peligros de que la reforma nazca lisiada para que sea inoperable y saben también que definir la reelección en una consulta popular con las características que proponen implica un gasto inútil. Escucharon atentas y con disposición al grupo de ciudadanos que las alertó y se comprometieron a platicar con sus compañeros de partido para garantizar que la reforma emerja con las condiciones que le permitan poner en marcha una democracia participativa de verdad. Quizá estén dispuestas a convencer a los incondicionales de Peña Nieto de que no es con autoritarismo con lo que se ganan simpatizantes.
Para eso será necesario que de acuerdo con los estándares internacionales, las propuestas sometidas a consulta popular no requieran más del 12% para ser vinculantes, y que las candidaturas independientes puedan ponerse a prueba al menos a partir del 2015. Vendrá después la discusión sobre la manera en que la consulta debe abordar el tema de la reelección para que no se manipule con añoranzas pseudohistóricas. El dilema debe plantearse claramente: Preferimos decidir con nuestro voto que un legislador o alcalde continúe en el cargo por un solo periodo adicional y limitado o queremos que sigan decidiendo las dirigencias permitiendo los brincos de cargo en cargo sin límite de tiempo.
Su palabra de mujer está a prueba. Y su posibilidad de incidir sobre la resistencia de los integrantes de su partido también está por verse. ¿Podrá más el compromiso de impulsar una democracia participativa que la tentación de encerrarla en una celda partidocrática? Ya comprobaremos quien tiene la última palabra.
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