CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- Mientras en la Suprema Corte se debate la constitucionalidad de las
leyes antiaborto de Baja California y San Luis Potosí, el presidente
Felipe Calderón pretende modificar los términos en que se firmó el Pacto
de San José relativos a la protección de la vida desde la concepción para refrendar el compromiso “con el derecho a la vida”.
En 1981, cuando se adhirió al Pacto de San José, México formuló una “declaración interpretativa” para aclarar que la obligación
establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
proteger “en general” el derecho a la vida a partir del momento de la
concepción, “dicha disposición no constituye obligación de legislar para
proteger la vida desde la concepción, dejando claro que los Estados
conservan el derecho de prever excepciones en su legislación, como es el
caso de excluyentes de responsabilidad en casos de aborto”.
En un comunicado se informó que el presidente Calderón sometió
a la aprobación del Senado la decisión de retirar dicha declaración
interpretativa con lo cual, sostiene el gobierno federal, “México
refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano”.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia de la
República, “no tiene sentido mantener la declaración interpretativa”
respecto al Pacto de San José porque la más reciente reforma
constitucional, se reconocen los derechos humanos previstos en los
tratados internacionales, con el mismo nivel de protección de la
Constitución.
Según el gobierno federal, el retiro de la declaración interpretativa
no tendría como consecuencia la modificación de las restricciones
penales en materia de delitos contra la vida ni la regulación del aborto
“toda vez que, por ejemplo, la expresión “en general permite que la
legislación civil y penal ordinaria puede preservar en concreto,
agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad” respecto al
derecho a la vida.
“El retiro de la Declaración Interpretativa es, por lo tanto,
consistente con el mandato constitucional al asumir a plenitud el
respeto a los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana.
Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo Federal debe ser
aprobada por la Cámara de Senadores para proceder al retiro formal de la
Declaración Interpretativa”, sostiene el comunicado.
Fuente: Milenio
Septiembre/26/2011/
www.libertadguerrero.net
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