El Presidente
Raymundo Riva Palacio
Un minuto de silencio en Monterrey, junto a un crespón de luto frente a la fachada del casino Royale donde un grupo de asesinos provocó la muerte de 52 personas, fue la coronación de las 24 horas más presidenciales del sexenio. Durante ese lapso, Felipe Calderón desplegó toda la fuerza institucional del gobierno, llenó los espacios de opinión pública y política, y si la reacción inmediata de un alto número de mexicanos que se formaron detrás de él se confirma en apoyo con el paso de los días, el Presidente podrá haber cambiado el rumbo político de la guerra contra las drogas.
El ataque incendiario al casino Royale en Monterrey galvanizó la ansiedad nacional, que subía conforme rescataban los cuerpos de quienes jamás pensaron que iban a morir en un momento de esparcimiento, porque se juntaron los deseos de un grupo asesino y la negligencia de autoridades para provocar la mayor matanza vinculada a la delincuencia organizada en la historia de México. Calderón, con un despliegue táctico que no había mostrado antes en su administración, tomó la iniciativa.
A escasas cinco horas de haberse perpetrado el acto criminal, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, declaró que lo sucedido en Monterrey era un acto de “terror”. Poco después, Calderón utilizó twitter para afirmar: “Estos repudiables actos nos obligan a todos a perseverar en la lucha contra esas bandas criminales sin escrúpulos”. En Los Pinos trascendió que el Presidente había ordenado al secretario de Gobernación, José Francisco Blake, trasladarse a la brevedad posible a Monterrey.
A la media noche del jueves trágico, Blake estaba en Monterrey reunido con el gobernador Rodrigo Medina y el gabinete de seguridad estatal para revisar la información de un crimen, cuyas muertes crecían en forma progresiva. El gobierno federal se había apropiado del espacio público y había evitado el fenómeno pernicioso de los silencios gubernamentales: que el rumor tomara cuerpo de verdad. Mientras los mexicanos se iban a dormir con angustia e indignación, el gobierno federal orientaba el rumbo de la comunicación política.
Casi a las ocho de la mañana, Medina y Blake ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Monterrey donde el gobernador difundió el video de la cámara de seguridad exterior del casino Royale, donde apareció el comando de asesinos a su llegada al local con los botes de gasolina que utilizarían para incendiarlo. Una hora después, el presidente Calderón pronunció un mensaje a la nación para acusarlos de “homicidas incendiarios” y “terroristas”.
Perfectamente a tono con el ánimo nacional reinante en esos momentos, decretó luto nacional durante tres días, que generó un respaldo general, importante aunque silencioso, que las críticas al porqué no había hecho lo mismo con los otros miles de muertos durante la guerra contra las drogas, cayeron al vacío. Inclusive, las voces discordantes con el planteamiento político desplegado por el gobierno federal, fueron fustigadas en las redes sociales y medios electrónicos, por no acudir incondicionalmente al llamado presidencial de unidad.
Pero si el presidente Calderón tejió sus mensajes con las emociones y pasiones coyunturales, también buscó aprovechar la fuerza de la indignación y ordenó a la PGR que ofreciera una importante recompensa por aquella información que condujera al arresto de los criminales. La PGR ofreció 30 millones de pesos, a tiempo para coincidir con la difusión de los retratos hablados de los criminales, mientras el Ejército y personal del SAT empezaron a catear los centros de apuestas en Monterrey, y la Policía Federal trasladaba de distintas partes del país a otros mil 500 policías para que ayudaran en la vigilancia e investigación.
En esas primeras 24 horas tras la tragedia del casino Royale, el presidente Calderón generó un clima de respaldo nacional a la lucha contra el narcotráfico, que aprovechó durante su mensaje a la nación el viernes para renovar la urgencia al Congreso para que aprobara la Ley de Seguridad Nacional, insistir en la crítica al Poder Judicial por aquellos jueces que dejan libres de presuntos delincuentes, e inclusive volver a ubicar el drama mexicano como consecuencia directa del alto consumo de drogas en Estados Unidos y la laxitud en sus leyes para frenar la venta de armas de alto poder. La agenda presidencial fue arropada en un nuevo contexto de dolor y miedo, con una intención clara –por la forma y el fraseo-, de que el mensaje tenga grados adicionales de penetración.
Calderón se mostró como un Presidente sensible pero enérgico, rápido en reflejos y gestión. Fueron capaces él y su equipo de administrar con eficiencia una crisis y neutralizar el daño que le iba a causar el crimen del casino Royale. La probabilidad de que eso sucediera se esbozó con una de las primeras reacciones del gobernador Medina ante la tragedia, que fue culpar a la Secretaría de Gobernación por el otorgamiento de los permisos para casinos, y en la línea clara durante las primeras horas de la tragedia en la opinión viral en las redes sociales, que adjudicaban las muertes a la estrategia de la guerra contra las drogas, y a Calderón específicamente la responsabilidad.
La forma como operaron políticamente en Los Pinos fue, desde el punto de vista de toma de decisión en situaciones de crisis, impecable. El activismo comunicacional que desplegaron desde las primeras horas de la tragedia les dio el tiempo para evaluar las mejores opciones tácticas y operativas, así como impidió que otros actores políticos o sociales les robaran la iniciativa. La acción rápida contrastó con el pasmo del resto de los actores políticos y sociales, que cuando empezaron a reaccionar tuvieron que formarse también detrás de el Presidente, ante el riesgo de pagar un alto costo por discrepar públicamente con él en esa situación de tan alta sensibilidad pública.
Si se analizan las redes sociales como un panel que permite diagnosticar estados de ánimo y apoyos o rechazos instantáneos, la gestión presidencial en esas primeras 24 horas tras la tragedia del casino Royale, puede considerarse altamente eficiente y redituable en términos tácticos. Si ese respaldo generalizado logra consolidarse en las próximas semanas, y sus mensajes y acciones detonan la construcción de un consenso a favor de su estrategia contra los cárteles de las drogas, habrá logrado alinear la opinión pública en torno al Presidente y a su política contra la delincuencia organizada, y revertir finalmente este, que ha sido, el gran déficit de su gobierno.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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El ataque incendiario al casino Royale en Monterrey galvanizó la ansiedad nacional, que subía conforme rescataban los cuerpos de quienes jamás pensaron que iban a morir en un momento de esparcimiento, porque se juntaron los deseos de un grupo asesino y la negligencia de autoridades para provocar la mayor matanza vinculada a la delincuencia organizada en la historia de México. Calderón, con un despliegue táctico que no había mostrado antes en su administración, tomó la iniciativa.
A escasas cinco horas de haberse perpetrado el acto criminal, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, declaró que lo sucedido en Monterrey era un acto de “terror”. Poco después, Calderón utilizó twitter para afirmar: “Estos repudiables actos nos obligan a todos a perseverar en la lucha contra esas bandas criminales sin escrúpulos”. En Los Pinos trascendió que el Presidente había ordenado al secretario de Gobernación, José Francisco Blake, trasladarse a la brevedad posible a Monterrey.
A la media noche del jueves trágico, Blake estaba en Monterrey reunido con el gobernador Rodrigo Medina y el gabinete de seguridad estatal para revisar la información de un crimen, cuyas muertes crecían en forma progresiva. El gobierno federal se había apropiado del espacio público y había evitado el fenómeno pernicioso de los silencios gubernamentales: que el rumor tomara cuerpo de verdad. Mientras los mexicanos se iban a dormir con angustia e indignación, el gobierno federal orientaba el rumbo de la comunicación política.
Casi a las ocho de la mañana, Medina y Blake ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Monterrey donde el gobernador difundió el video de la cámara de seguridad exterior del casino Royale, donde apareció el comando de asesinos a su llegada al local con los botes de gasolina que utilizarían para incendiarlo. Una hora después, el presidente Calderón pronunció un mensaje a la nación para acusarlos de “homicidas incendiarios” y “terroristas”.
Perfectamente a tono con el ánimo nacional reinante en esos momentos, decretó luto nacional durante tres días, que generó un respaldo general, importante aunque silencioso, que las críticas al porqué no había hecho lo mismo con los otros miles de muertos durante la guerra contra las drogas, cayeron al vacío. Inclusive, las voces discordantes con el planteamiento político desplegado por el gobierno federal, fueron fustigadas en las redes sociales y medios electrónicos, por no acudir incondicionalmente al llamado presidencial de unidad.
Pero si el presidente Calderón tejió sus mensajes con las emociones y pasiones coyunturales, también buscó aprovechar la fuerza de la indignación y ordenó a la PGR que ofreciera una importante recompensa por aquella información que condujera al arresto de los criminales. La PGR ofreció 30 millones de pesos, a tiempo para coincidir con la difusión de los retratos hablados de los criminales, mientras el Ejército y personal del SAT empezaron a catear los centros de apuestas en Monterrey, y la Policía Federal trasladaba de distintas partes del país a otros mil 500 policías para que ayudaran en la vigilancia e investigación.
En esas primeras 24 horas tras la tragedia del casino Royale, el presidente Calderón generó un clima de respaldo nacional a la lucha contra el narcotráfico, que aprovechó durante su mensaje a la nación el viernes para renovar la urgencia al Congreso para que aprobara la Ley de Seguridad Nacional, insistir en la crítica al Poder Judicial por aquellos jueces que dejan libres de presuntos delincuentes, e inclusive volver a ubicar el drama mexicano como consecuencia directa del alto consumo de drogas en Estados Unidos y la laxitud en sus leyes para frenar la venta de armas de alto poder. La agenda presidencial fue arropada en un nuevo contexto de dolor y miedo, con una intención clara –por la forma y el fraseo-, de que el mensaje tenga grados adicionales de penetración.
Calderón se mostró como un Presidente sensible pero enérgico, rápido en reflejos y gestión. Fueron capaces él y su equipo de administrar con eficiencia una crisis y neutralizar el daño que le iba a causar el crimen del casino Royale. La probabilidad de que eso sucediera se esbozó con una de las primeras reacciones del gobernador Medina ante la tragedia, que fue culpar a la Secretaría de Gobernación por el otorgamiento de los permisos para casinos, y en la línea clara durante las primeras horas de la tragedia en la opinión viral en las redes sociales, que adjudicaban las muertes a la estrategia de la guerra contra las drogas, y a Calderón específicamente la responsabilidad.
La forma como operaron políticamente en Los Pinos fue, desde el punto de vista de toma de decisión en situaciones de crisis, impecable. El activismo comunicacional que desplegaron desde las primeras horas de la tragedia les dio el tiempo para evaluar las mejores opciones tácticas y operativas, así como impidió que otros actores políticos o sociales les robaran la iniciativa. La acción rápida contrastó con el pasmo del resto de los actores políticos y sociales, que cuando empezaron a reaccionar tuvieron que formarse también detrás de el Presidente, ante el riesgo de pagar un alto costo por discrepar públicamente con él en esa situación de tan alta sensibilidad pública.
Si se analizan las redes sociales como un panel que permite diagnosticar estados de ánimo y apoyos o rechazos instantáneos, la gestión presidencial en esas primeras 24 horas tras la tragedia del casino Royale, puede considerarse altamente eficiente y redituable en términos tácticos. Si ese respaldo generalizado logra consolidarse en las próximas semanas, y sus mensajes y acciones detonan la construcción de un consenso a favor de su estrategia contra los cárteles de las drogas, habrá logrado alinear la opinión pública en torno al Presidente y a su política contra la delincuencia organizada, y revertir finalmente este, que ha sido, el gran déficit de su gobierno.
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