CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- El receso se convirtió en letargo. Diputados y senadores se alistan para el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercero y último año de la LXI Legislatura con los mismos asuntos que dejaron pendientes a finales de abril y dos nuevas prioridades en sus agendas legislativas: el paquete económico 2012 y el inicio del proceso electoral federal.
La mayoría de los legisladores retornarán a su curul o su escaño tras 124 días en los que estuvieron prácticamente de vacaciones, pues el trabajo legislativo en este receso se limitó a las actividades de la Comisión Permanente y sus tres comisiones, además de algunos foros y reuniones con la sociedad civil.
Los pendientes más apremiantes están en el mismo estatus que en abril pasado: la reforma laboral y la reforma política ni siquiera se discutieron en las comisiones respectivas. El nombramiento de tres consejeros del Instituto Federal Electoral sigue atorado en la Junta de Coordinación Política. Y en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional sólo se dio un paso: la minuta que envió el Senado fue aprobada en lo general el 2 de agosto en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, pero el proceso se volvió a entrampar horas después.
La promesa de un periodo extraordinario no se cumplió, aunque su realización fue materia de discusión cada miércoles en las sesiones de la Comisión Permanente. Las bancadas del PAN, PRD, PT y Convergencia emplazaron en varias ocasiones al PRI a que se realizara y la respuesta fue invariablemente la misma: sin dictámenes aprobados en comisiones no hay materia para el extraordinario.
Tampoco tuvieron efecto los constantes llamados de integrantes del gobierno federal para desatorar las reformas. El propio presidente Felipe Calderón envió el 15 de junio un exhorto a la Comisión Permanente para que abordara nueve temas. Diputados y senadores respondieron con críticas y nuevas promesas de que harían su trabajo, pero las campañas en el Estado de México fueron el pretexto ideal para congelar el trabajo legislativo.
Pasado el 3 de julio, tras un arrollador triunfo priista, Humberto Moreira prometió que sí habría reformas y Calderón le tomó la palabra: se reunió con el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, el 6 de julio; con el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, el 14, y con Moreira el 20, para tratar de llegar a acuerdos que nunca se concretaron.
La sociedad civil, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las asociaciones Alto al Secuestro y México SOS, el colectivo #ReformaPolíticaYa, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros grupos, también exhortó y dialogó con los legisladores para exigirles acuerdos, sin resultados concretos.
Uno de los últimos llamados provino de Alejandro Martí, presidente de México SOS. El pasado 22 de agosto, durante la presentación del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de delitos graves, generado por la organización México Evalúa, el empresario aseguró que los legisladores tienen una "falta de sentido de humanidad" al no aprobar las leyes que requiere el país.
"Lo verdaderamente importante no son las leyes que están sacando, sino las leyes que afectan a los ciudadanos y no están... Ya no hay que medir las leyes en tiempo, hay que medir los daños reales que ocasionan (los legisladores) al no aprobarlas, su negligencia e irresponsabilidad, y si no es negligencia y responsabilidad es una falta de sentido de humanidad... Es lamentable ver el trabajo legislativo de seis, siete meses máximo, y cinco meses de vacaciones, y esos siete meses no se hacen las cosas contundentemente", aseguró.
Los legisladores, principalmente del PRI, trasladaron la responsabilidad de no realizar un periodo extraordinario a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas: Trabajo y Previsión Social para la reforma laboral; Puntos Constitucionales para la política y Gobernación para la Ley de Seguridad Nacional.
Una y otra vez el coordinador de los diputados tricolores, Francisco Rojas, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, respondieron que sin dictámenes no habría extraordinario. Y así fue.
Foros para no legislar
El trabajo legislativo en el receso que comenzó el 29 de abril y termina el próximo miércoles fue escaso.
La Comisión Permanente (que en el receso de verano sesiona en la sede del Senado), celebró 18 sesiones. Nunca estuvieron presentes sus 37 integrantes –19 diputados y 18 senadores–, como lo marca la ley.
La reunión más concurrida fue la de instalación, el 29 de abril: 34 legisladores en una sesión que duró 16 minutos. Las reuniones con menos quórum fueron las del 6 y el 20 de julio, con 21 legisladores. Sólo en cinco sesiones, incluyendo la de instalación, la asistencia rebasó los 30 asistentes.
Las tres comisiones de la Permanente sesionaron en total en 26 ocasiones: siete la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), ocho la Segunda (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública), y 11 la Tercera (Hacienda, Cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).
La Cámara de Diputados estuvo semiparalizada. De las 44 comisiones ordinarias, sólo 23 sesionaron durante el receso, según las actas de las comisiones publicadas en la Gaceta Parlamentaria y el calendario de actividades de las comisiones.
Esto, a pesar de que el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que "las comisiones o comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos". El reglamento no especifica sanción para las comisiones que no cumplan.
Las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas laboral, política y de seguridad nacional realizaron foros con especialistas presuntamente para facilitar los acuerdos y concretar los dictámenes. Finalmente, estas consultas se tradujeron en más dilación.
Reforma laboral
En abril pasado, la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, presidida por el priista Tereso Medina, solicitó una prórroga por 150 días para aprobar el dictamen de reforma a la Ley General del Trabajo, rompiendo el acuerdo de votar el tema antes de que terminara el periodo de sesiones. La condición priista para aprobar un dictamen fue que se realizaran foros de discusión.
El panista Gerardo de los Cobos, integrante de la comisión, calificó la prórroga de ilegal, pues no se había llamado a reunión para consultar la petición.
Entre el 13 de abril y el 23 de mayo se realizaron 10 audiencias públicas sobre el tema, siete de ellas en periodo de receso. Aunque el 30 de mayo la Junta Directiva de la comisión se reunió para evaluar lo dicho por los participantes, hasta la fecha sigue sin haber dictamen.
La comisión fue llamada a reuniones de trabajo el 20 de junio y el 20 de julio, pero no se dieron a conocer avances en la discusión. La última acta pública de reunión de la Comisión de Trabajo está fechada el 14 de abril de 2010, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria.
El proceso todavía será largo. Los legisladores priistas no mencionaron nada sobre la reforma laboral durante su reunión plenaria, llevada a cabo en Playa del Carmen entre el 18 y el 20 de agosto.
Reforma política
El pasado 7 de junio, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, presidida por el perredista Juventino Castro, aprobó –sin el apoyo de los diputados del PAN– la realización de foros para discutir la reforma. Esto, a pesar de que ya existía una minuta enviada por el Senado que fue aprobada tras más de un año de foros y deliberaciones en las que también estuvieron involucrados los diputados de la actual legislatura.
Entre el 14 de julio y el 1o. de agosto, se realizaron foros regionales en el Distrito Federal, Mérida, Durango y Guadalajara "para enriquecer el debate" sobre la reforma. A casi un mes de finalizados los foros no hay un documento público sobre sus conclusiones ni avances en el proceso de dictaminación.
Ante la falta de avances, la sociedad civil comenzó a presionar. El pasado 20 de julio miembros del colectivo #ReformaPolíticaYa junto con Javier Sicilia entraron entre empujones al Senado para exigir a los legisladores aprobar la reforma política. La exigencia del movimiento encabezado por Sicilia se mantuvo en su diálogo con el Congreso del 28 de julio.
Sin embargo, el perredista Juventino Castro no volvió a citar a la Comisión de Puntos Constitucionales, desde el 14 de junio.
Ley de Seguridad Nacional
La Comisión de Gobernación, presidida por el panista Javier Corral, celebró una serie de consultas para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre las que destacó un foro con especialistas el 21 de junio.
El dictamen de reforma se aprobó en lo general el 2 de agosto. Aunque los partidos se reservaron la mayoría de los artículos para discutirlos y aprobarlos en lo particular, la aprobación en lo general inconformó al movimiento que encabeza Javier Sicilia, que solicitaba cambiar por completo la conceptualización de la ley propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Senado desde el 2010.
Otros sectores de la sociedad, en cambio, se quejan de que los diputados no hubieran aprobado la minuta tal como venía del Senado.
La Comisión de Gobernación fue la que más reuniones agendó durante el receso legislativo: 10, de acuerdo con el calendario de actividades de las comisiones durante este receso.
300 días sin consejeros
Del pendiente más apremiante, del que depende en gran medida la buena organización de las próximas elecciones presidenciales, ni siquiera se tuvieron noticias durante este receso.
El pasado viernes 26 el IFE cumplió 300 días incompleto y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por la panista Josefina Vázquez Mota, sigue sin establecer acuerdos para el nombramiento de los tres consejeros que ocupen los lugares vacíos desde el 30 de octubre de 2010.
Desde el año pasado, todos los partidos establecieron como prioridad la elección de los consejeros en sus agendas legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura.
En el discurso, los representantes de todas las fracciones aseguraron una y otra vez que era fundamental elegir consejeros que no respondieran a cuotas partidistas y que fortalecieran al instituto de cara al proceso electoral 2012, que comienza formalmente el próximo 7 de octubre.
Incluso, en abril, Vázquez Mota se comprometió a llamar a reunión a la Junta de Coordinación Política cuantas veces fuera necesario para que la elección fuera antes de finalizar el periodo legislativo.
Pero eso no sucedió. En la práctica, lo que mantiene las negociaciones en la congeladora es la definición de las "cuotas partidistas". El PRI exige el derecho de nombrar a dos de los tres consejeros; el PAN y el PRD se niegan.
Durante el receso, la Junta de Coordinación Política se reunió apenas en tres ocasiones, pero en todas el resultado fue el mismo.
Al salir de la última reunión de la junta, el coordinador del PRD en San Lázaro, Armando Ríos Piter, resumió la situación en la que se encontraba la negociación.
"Hay que subrayar que en este momento no hay acuerdos en nada", sentenció.
Fuente: Reforma
Agosto/28/2011/
www.libertadguerrero.net
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La mayoría de los legisladores retornarán a su curul o su escaño tras 124 días en los que estuvieron prácticamente de vacaciones, pues el trabajo legislativo en este receso se limitó a las actividades de la Comisión Permanente y sus tres comisiones, además de algunos foros y reuniones con la sociedad civil.
Los pendientes más apremiantes están en el mismo estatus que en abril pasado: la reforma laboral y la reforma política ni siquiera se discutieron en las comisiones respectivas. El nombramiento de tres consejeros del Instituto Federal Electoral sigue atorado en la Junta de Coordinación Política. Y en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional sólo se dio un paso: la minuta que envió el Senado fue aprobada en lo general el 2 de agosto en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, pero el proceso se volvió a entrampar horas después.
La promesa de un periodo extraordinario no se cumplió, aunque su realización fue materia de discusión cada miércoles en las sesiones de la Comisión Permanente. Las bancadas del PAN, PRD, PT y Convergencia emplazaron en varias ocasiones al PRI a que se realizara y la respuesta fue invariablemente la misma: sin dictámenes aprobados en comisiones no hay materia para el extraordinario.
Tampoco tuvieron efecto los constantes llamados de integrantes del gobierno federal para desatorar las reformas. El propio presidente Felipe Calderón envió el 15 de junio un exhorto a la Comisión Permanente para que abordara nueve temas. Diputados y senadores respondieron con críticas y nuevas promesas de que harían su trabajo, pero las campañas en el Estado de México fueron el pretexto ideal para congelar el trabajo legislativo.
Pasado el 3 de julio, tras un arrollador triunfo priista, Humberto Moreira prometió que sí habría reformas y Calderón le tomó la palabra: se reunió con el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, el 6 de julio; con el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, el 14, y con Moreira el 20, para tratar de llegar a acuerdos que nunca se concretaron.
La sociedad civil, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las asociaciones Alto al Secuestro y México SOS, el colectivo #ReformaPolíticaYa, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros grupos, también exhortó y dialogó con los legisladores para exigirles acuerdos, sin resultados concretos.
Uno de los últimos llamados provino de Alejandro Martí, presidente de México SOS. El pasado 22 de agosto, durante la presentación del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de delitos graves, generado por la organización México Evalúa, el empresario aseguró que los legisladores tienen una "falta de sentido de humanidad" al no aprobar las leyes que requiere el país.
"Lo verdaderamente importante no son las leyes que están sacando, sino las leyes que afectan a los ciudadanos y no están... Ya no hay que medir las leyes en tiempo, hay que medir los daños reales que ocasionan (los legisladores) al no aprobarlas, su negligencia e irresponsabilidad, y si no es negligencia y responsabilidad es una falta de sentido de humanidad... Es lamentable ver el trabajo legislativo de seis, siete meses máximo, y cinco meses de vacaciones, y esos siete meses no se hacen las cosas contundentemente", aseguró.
Los legisladores, principalmente del PRI, trasladaron la responsabilidad de no realizar un periodo extraordinario a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas: Trabajo y Previsión Social para la reforma laboral; Puntos Constitucionales para la política y Gobernación para la Ley de Seguridad Nacional.
Una y otra vez el coordinador de los diputados tricolores, Francisco Rojas, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, respondieron que sin dictámenes no habría extraordinario. Y así fue.
Foros para no legislar
El trabajo legislativo en el receso que comenzó el 29 de abril y termina el próximo miércoles fue escaso.
La Comisión Permanente (que en el receso de verano sesiona en la sede del Senado), celebró 18 sesiones. Nunca estuvieron presentes sus 37 integrantes –19 diputados y 18 senadores–, como lo marca la ley.
La reunión más concurrida fue la de instalación, el 29 de abril: 34 legisladores en una sesión que duró 16 minutos. Las reuniones con menos quórum fueron las del 6 y el 20 de julio, con 21 legisladores. Sólo en cinco sesiones, incluyendo la de instalación, la asistencia rebasó los 30 asistentes.
Las tres comisiones de la Permanente sesionaron en total en 26 ocasiones: siete la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), ocho la Segunda (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública), y 11 la Tercera (Hacienda, Cultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).
La Cámara de Diputados estuvo semiparalizada. De las 44 comisiones ordinarias, sólo 23 sesionaron durante el receso, según las actas de las comisiones publicadas en la Gaceta Parlamentaria y el calendario de actividades de las comisiones.
Esto, a pesar de que el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que "las comisiones o comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos". El reglamento no especifica sanción para las comisiones que no cumplan.
Las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar las reformas laboral, política y de seguridad nacional realizaron foros con especialistas presuntamente para facilitar los acuerdos y concretar los dictámenes. Finalmente, estas consultas se tradujeron en más dilación.
Reforma laboral
En abril pasado, la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, presidida por el priista Tereso Medina, solicitó una prórroga por 150 días para aprobar el dictamen de reforma a la Ley General del Trabajo, rompiendo el acuerdo de votar el tema antes de que terminara el periodo de sesiones. La condición priista para aprobar un dictamen fue que se realizaran foros de discusión.
El panista Gerardo de los Cobos, integrante de la comisión, calificó la prórroga de ilegal, pues no se había llamado a reunión para consultar la petición.
Entre el 13 de abril y el 23 de mayo se realizaron 10 audiencias públicas sobre el tema, siete de ellas en periodo de receso. Aunque el 30 de mayo la Junta Directiva de la comisión se reunió para evaluar lo dicho por los participantes, hasta la fecha sigue sin haber dictamen.
La comisión fue llamada a reuniones de trabajo el 20 de junio y el 20 de julio, pero no se dieron a conocer avances en la discusión. La última acta pública de reunión de la Comisión de Trabajo está fechada el 14 de abril de 2010, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria.
El proceso todavía será largo. Los legisladores priistas no mencionaron nada sobre la reforma laboral durante su reunión plenaria, llevada a cabo en Playa del Carmen entre el 18 y el 20 de agosto.
Reforma política
El pasado 7 de junio, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, presidida por el perredista Juventino Castro, aprobó –sin el apoyo de los diputados del PAN– la realización de foros para discutir la reforma. Esto, a pesar de que ya existía una minuta enviada por el Senado que fue aprobada tras más de un año de foros y deliberaciones en las que también estuvieron involucrados los diputados de la actual legislatura.
Entre el 14 de julio y el 1o. de agosto, se realizaron foros regionales en el Distrito Federal, Mérida, Durango y Guadalajara "para enriquecer el debate" sobre la reforma. A casi un mes de finalizados los foros no hay un documento público sobre sus conclusiones ni avances en el proceso de dictaminación.
Ante la falta de avances, la sociedad civil comenzó a presionar. El pasado 20 de julio miembros del colectivo #ReformaPolíticaYa junto con Javier Sicilia entraron entre empujones al Senado para exigir a los legisladores aprobar la reforma política. La exigencia del movimiento encabezado por Sicilia se mantuvo en su diálogo con el Congreso del 28 de julio.
Sin embargo, el perredista Juventino Castro no volvió a citar a la Comisión de Puntos Constitucionales, desde el 14 de junio.
Ley de Seguridad Nacional
La Comisión de Gobernación, presidida por el panista Javier Corral, celebró una serie de consultas para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre las que destacó un foro con especialistas el 21 de junio.
El dictamen de reforma se aprobó en lo general el 2 de agosto. Aunque los partidos se reservaron la mayoría de los artículos para discutirlos y aprobarlos en lo particular, la aprobación en lo general inconformó al movimiento que encabeza Javier Sicilia, que solicitaba cambiar por completo la conceptualización de la ley propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Senado desde el 2010.
Otros sectores de la sociedad, en cambio, se quejan de que los diputados no hubieran aprobado la minuta tal como venía del Senado.
La Comisión de Gobernación fue la que más reuniones agendó durante el receso legislativo: 10, de acuerdo con el calendario de actividades de las comisiones durante este receso.
300 días sin consejeros
Del pendiente más apremiante, del que depende en gran medida la buena organización de las próximas elecciones presidenciales, ni siquiera se tuvieron noticias durante este receso.
El pasado viernes 26 el IFE cumplió 300 días incompleto y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por la panista Josefina Vázquez Mota, sigue sin establecer acuerdos para el nombramiento de los tres consejeros que ocupen los lugares vacíos desde el 30 de octubre de 2010.
Desde el año pasado, todos los partidos establecieron como prioridad la elección de los consejeros en sus agendas legislativas para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura.
En el discurso, los representantes de todas las fracciones aseguraron una y otra vez que era fundamental elegir consejeros que no respondieran a cuotas partidistas y que fortalecieran al instituto de cara al proceso electoral 2012, que comienza formalmente el próximo 7 de octubre.
Incluso, en abril, Vázquez Mota se comprometió a llamar a reunión a la Junta de Coordinación Política cuantas veces fuera necesario para que la elección fuera antes de finalizar el periodo legislativo.
Pero eso no sucedió. En la práctica, lo que mantiene las negociaciones en la congeladora es la definición de las "cuotas partidistas". El PRI exige el derecho de nombrar a dos de los tres consejeros; el PAN y el PRD se niegan.
Durante el receso, la Junta de Coordinación Política se reunió apenas en tres ocasiones, pero en todas el resultado fue el mismo.
Al salir de la última reunión de la junta, el coordinador del PRD en San Lázaro, Armando Ríos Piter, resumió la situación en la que se encontraba la negociación.
"Hay que subrayar que en este momento no hay acuerdos en nada", sentenció.
Fuente: Reforma
Agosto/28/2011/
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