CIUDAD DE MÉXICO.- En México persiste la tortura y uno de los mayores desafíos del país es abatir la impunidad, reconoce el gobierno federal en un informe que entregó a Navi Pillay, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que también destaca que fue necesario recurrir a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado y que su retiro de las calles será hasta que se fortalezca a las Policías locales.
El documento “Avances y desafíos en materia de derechos humanos” elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al menos otras 10 dependencias se entregó a la experta durante la reciente visita que realizó al país, y que en casi 300 páginas detalla las medidas adoptadas en la última década para lograr un marco legal acorde con los compromisos internacionales de México en el tema.
Se indica que “se ha reforzado, de modo irreversible, el marco jurídico e institucional de México para la protección de todos los derechos humanos”, aunque también se reconoce que hay desafíos “que van desde la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia y, por tanto, de lucha efectiva contra la impunidad, hasta el combate efectivo a la desigualdad en el país”.
Entre las medidas recientes subraya tres reformas constitucionales en derechos humanos: la del sistema de seguridad pública y justicia penal (2008), sobre el juicio de amparo (2011) y derechos humanos (2011).
Empero, se reconoce que “estas reformas y avances legislativos alcanzados suponen un primer gran paso dentro de una ruta que se advierte larga, pues su implementación requiere de profundas modificaciones estructurales y de funcionamiento del aparato estatal”.
El informe indica que en el contexto del combate al crimen organizado la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal tiene como fin mejorar el sistema de justicia para erradicar la impunidad, “que es sin duda uno de los mayores desafíos que se enfrentan en materia de derechos humanos en México”, señala.
También se acepta que “la abominable práctica de la tortura no se ha erradicado aún por completo en el país”, por lo que se impulsa un proyecto para crear un registro nacional de quejas “por posibles hechos de tortura en los distintos fueros (civil y militar)”, en el que consten referencias acerca de fecha, lugar y modo de posible comisión, así como datos de víctimas y probables autores.
Reconoce que las autoridades encargadas de la impartición de justicia “han enfrentado serias dificultades para acreditar la comisión de la tortura”, ya que su tipificación establece requisitos específicos, lo que ha derivado en una clara tendencia a que las autoridades judiciales castiguen a los perpetradores por otros delitos, como abuso de autoridad y/o lesiones.
En el periodo de 1992 a 2006, se detalla, 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales y a nivel federal sólo seis personas se encuentran compurgando penas por la comisión de ese ilícito, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) integra 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.
El gobierno de México admite que debe continuar con la capacitación de funcionarios públicos en rubros específicos sobre derechos humanos y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la tortura, así como homogeneizar a nivel nacional la tipificación del delito de tortura, de conformidad con los estándares internacionales, pues hasta ahora sólo hay un avance de 41.67%.
En el reporte se indica también que hay el compromiso de “ajustar la jurisdicción militar a los estándares internacionales” en derechos humanos, por lo que está en análisis una reforma legislativa que excluye de la competencia de dichos tribunales los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual para que sean juzgados en tribunales civiles.
Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el informe dice que fue “necesaria la intervención en coadyuvancia con las autoridades civiles”.
Advierte que “el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública será posible en la medida en que se fortalezcan y capaciten las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, y se consoliden los programas permanentes para formar nuevas generaciones de policías profesionales, confiables, bien entrenados y honestos”.
El documento “Avances y desafíos en materia de derechos humanos” elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al menos otras 10 dependencias se entregó a la experta durante la reciente visita que realizó al país, y que en casi 300 páginas detalla las medidas adoptadas en la última década para lograr un marco legal acorde con los compromisos internacionales de México en el tema.
Se indica que “se ha reforzado, de modo irreversible, el marco jurídico e institucional de México para la protección de todos los derechos humanos”, aunque también se reconoce que hay desafíos “que van desde la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia y, por tanto, de lucha efectiva contra la impunidad, hasta el combate efectivo a la desigualdad en el país”.
Entre las medidas recientes subraya tres reformas constitucionales en derechos humanos: la del sistema de seguridad pública y justicia penal (2008), sobre el juicio de amparo (2011) y derechos humanos (2011).
Empero, se reconoce que “estas reformas y avances legislativos alcanzados suponen un primer gran paso dentro de una ruta que se advierte larga, pues su implementación requiere de profundas modificaciones estructurales y de funcionamiento del aparato estatal”.
El informe indica que en el contexto del combate al crimen organizado la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal tiene como fin mejorar el sistema de justicia para erradicar la impunidad, “que es sin duda uno de los mayores desafíos que se enfrentan en materia de derechos humanos en México”, señala.
También se acepta que “la abominable práctica de la tortura no se ha erradicado aún por completo en el país”, por lo que se impulsa un proyecto para crear un registro nacional de quejas “por posibles hechos de tortura en los distintos fueros (civil y militar)”, en el que consten referencias acerca de fecha, lugar y modo de posible comisión, así como datos de víctimas y probables autores.
Reconoce que las autoridades encargadas de la impartición de justicia “han enfrentado serias dificultades para acreditar la comisión de la tortura”, ya que su tipificación establece requisitos específicos, lo que ha derivado en una clara tendencia a que las autoridades judiciales castiguen a los perpetradores por otros delitos, como abuso de autoridad y/o lesiones.
En el periodo de 1992 a 2006, se detalla, 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales y a nivel federal sólo seis personas se encuentran compurgando penas por la comisión de ese ilícito, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) integra 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.
El gobierno de México admite que debe continuar con la capacitación de funcionarios públicos en rubros específicos sobre derechos humanos y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la tortura, así como homogeneizar a nivel nacional la tipificación del delito de tortura, de conformidad con los estándares internacionales, pues hasta ahora sólo hay un avance de 41.67%.
En el reporte se indica también que hay el compromiso de “ajustar la jurisdicción militar a los estándares internacionales” en derechos humanos, por lo que está en análisis una reforma legislativa que excluye de la competencia de dichos tribunales los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual para que sean juzgados en tribunales civiles.
Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el informe dice que fue “necesaria la intervención en coadyuvancia con las autoridades civiles”.
Advierte que “el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública será posible en la medida en que se fortalezcan y capaciten las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, y se consoliden los programas permanentes para formar nuevas generaciones de policías profesionales, confiables, bien entrenados y honestos”.
Fuente: El Universal
Julio/14/2011
www.libertadguerrero.net
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