ACAPULCO.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) de Tlachinollan documentó los casos de ocho niños guerrerenses que han muerto y otros han sido lesionados en campos agrícolas del norte del país, en un periodo de cuatro años, y que se ven obligados por la pobreza y la marginación a migrar junto con sus padres.
En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el organismo no gubernamental de derechos humanos de la región de La Montaña dio a conocer en un informe que sólo algunos casos son denunciados y otros se omiten debido a que los dueños de campos agrícolas hostigan a los padres de los menores para que no den parte a las autoridades.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas que aplicó la Sedesol en 2009, del total de la población jornalera agrícola, poco más de 3.5 millones son niños menores de 18 años; de este sector de población infantil, 727 mil 527 niños trabajan, es decir, uno de cada cinco, pero no todos en actividades agrícolas. Los que trabajan como jornaleros representan 59.2% del total de los niños que trabajan.
De acuerdo con datos del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Región de la Montaña y del CDHM Tlachinollan, de septiembre de 2010 a enero de 2011 migraron hacia el estado de Sinaloa 3 mil 309 menores, de los cuales 459 tenían de cero a un año de edad.
Del 2009 a la fecha, Tlachinollan ha detectado la repatriación de un niño y cuatro niñas jornaleras, originarios de los municipios de Tlapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande, región de La Montaña, quienes después de estar en campos de cultivos fueron canalizados a los DIF de Sonora, Baja California y Querétaro.
El organismo no gubernamental informó que las cifras de niños que emigran hacia los campos de estados del norte del país para ser empleados siguen en aumento, a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha implementado programas para erradicar el problema.
“La realidad es que se sigue empleando la mano de obra infantil, no en las dimensiones como se hacía un par de años atrás, pero además esos menores tampoco tienen garantías de seguridad en el campo, porque no cuentan con escuelas o guarderías, lo que ocasiona que sus padres se los lleven a los campos”, señala el informe de Tlachinollan.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña de Tlachinollan pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que focalicen sus acciones en la erradicación de la mano de obra infantil y que mejoren las condiciones salariales de los padres de niños jornaleros.
Además de implementar una estrategia integral que realmente contemple las condiciones mínimas de seguridad y de protección de la niñez jornalera no sólo en los campos agrícolas, sino durante su traslado.
Entre los casos que da a conocer y que documentó en cuatro años Tlachinollan, está el de David Salgado, quien era originario del municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió en un surco, aplastado por un tractor, mientras cortaba tomate en un campo de Agrícola Paredes, en Culiacán, Sinaloa.
El pequeño había emigrado junto con sus padres y hermanos en el mes de diciembre de 2006 y su deceso ocurrió un mes después, el 6 de enero de 2007. La muerte de David permanece en la impunidad, pues no se establecieron las indemnizaciones que por ley corresponden.
En septiembre de 2007, el niño Timoteo Ventura, originario del municipio de Tlapa, a sus cuatro años de edad perdió su brazo derecho en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen, que se ubica en el municipio de Ciudad Jiménez, en el estado de Chihuahua.
Por no contar con seguridad social, el padre del menor tuvo que trasladar a su hijo a diferentes hospitales y, tras haber transcurrido más de 24 horas del accidente, los médicos determinaron que no se podía hacer nada por el brazo del niño, por lo que le fue amputado.
Otro de los casos es el de Marcial Solano; él era originario del municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en Sinaloa, esto en el mes de febrero de 2008. Su muerte se debió a la falta de atención médica oportuna.
En mayo de 2008, la niña Estrella Santos, quien tenía 11 meses de edad, murió calcinada en un campo de viñedos de Estación Pesqueira-San Miguel de Horcasitas, Sonora, al incendiarse la galera rural en donde se encontraba junto con otros 14 menores; y al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue sepultado en aquella entidad.
Uno más es el del niño Ismael de los Santos, quien tenía un año y ocho meses de edad; falleció en febrero de 2009 luego de haber sido aplastado por las llantas de un camión tipo torton, en el surco donde sus padres se vieron obligados a tenerlo ante la falta de una guardería para poder dejarlo mientras realizaban el corte de ejote.
Los padres también tuvieron que enfrentar la negativa de los dueños de la Agrícola Reyes, en Sinaloa, para trasladar el cuerpo del menor a su lugar de origen y otorgarles una indemnización.
En julio de 2010 murió la niña Flora Jacinto, que contaba con cuatro años de edad; el deceso de la menor aparentemente fue por tomar agua envenenada en un campo agrícola en San Ramón, Sonora, donde trabajaban sus padres. Ante la falta de recursos económicos y de papeles oficiales, el cuerpo de la menor permaneció cinco días en una funeraria en Hermosillo, hasta que la organización Fondo Na Savi agilizó el traslado del cuerpo de la menor a Guerrero.
Según las autoridades, Flora Jacinto no había muerto por envenenamiento, sino por el cuadro agravado de desnutrición que presentaba.
Otro caso registrado fue el de abril del 2009, cuando se volcó la camioneta que llevaba a 43 jornaleros agrícolas de un campo melonero al campamento donde se estaban quedando. Los jornaleros eran originarios del municipio de Copanatoyac; en el accidente, que ocurrió en el estado de Michoacán, resultaron con lesiones leves 15 menores de edad, de los cuales uno presentó traumatismo craneoencefálico.
(Fuente: La Cronica en Linea)
JUNIO/13/2011
www.libertadguerrero.net
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