Rodolfo Montiel, campesino detenido y torturado por militares junto a Teodoro Cabrera en 1999, pide que el acatamiento de la resolución de la CIDH en el estado mexicano llegue a indagaciones profundas
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el gobierno mexicano acató a principios de este mes parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los "tratos crueles, inhumanos y degradantes" en contra de dos campesinos ecologistas detenidos por el Ejército en 1999, Rodolfo Montiel, una de las víctimas se pronunció porque ojalá que tanto a él como a su compañero, Teodoro Cabrera, se les declare pública y formalmente inocentes.
"Esperábamos que se nos declarara inocentes en un acto público, que hoy públicamente fuéramos declarados inocentes, en vez de ser un acto de buena voluntad", declaró Montiel.
El campesino, quien trabajaba para evitar la tala ilegal en la sierra de Petatlán y fue detenido sin orden de aprehensión por un grupo de 40 soldados en 1999, pidió que "se investigue profundamente a los militares torturadores, a los ministerios públicos que se prestaron al círculo de corrupción".
Montiel también pidió que la sociedad y las autoridades "se pronuncien a favor de los bosques, no de Rodolfo y Teodoro".
Montiel vive exiliado en Estados Unidos y hoy no podrá acudir a la ceremonia de cumplimiento de la resolución que se realizará en la Secretaría de Gobernación. "Hoy siento muchas ganas de regresar a mi país porque allá está mi hija, allá está mi gente, pero no hemos podido. Espero que con este acto público, me hicieran la indicación del estado mexicano de que tengo todas mis garantías , pero como no recibí esta invitación, no he recibido ni siquiera la invitación", lamentó entrevistado en W Radio.
El caso de Teodoro y Rodolfo
La sentencia de la CIDH señala que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar las denuncias de tortura formuladas por los campesinos y además lo señala por tratar dentro del fuero militar delitos sin relación con esa instancia.
Los jueces ordenaron a México conducir una investigación penal, en particular por los alegados actos de tortura, para determinar las eventuales responsabilidades y en su caso, aplicar las sanciones que la ley prevea.
México también debe adoptar reformas legislativas para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia, agregó la sentencia.
El Gobierno mexicano deberá pagar siete mil 500 dólares a cada uno de los dos campesinos por concepto de medicamentos, tratamiento médico y psicológico, así como 25 mil 500 dólares a cada una de las víctimas por daños materiales e inmateriales.
Cabrera y Montiel aseguran que el día de su detención se encontraba repartiendo panfletos cuando unos 40 soldados armados los arrestaron sin orden judicial.
Después los torturaron, y a pesar de no saber escribir fueron forzados a firmar confesiones escritas que se utilizaron como pruebas en su contra en un juicio posterior, en el cual fueron hallados culpables por porte ilegal de armas y siembra de mariguana.
(Fuente: EFE)
JUNIO/21/2011
www.libertadguerrero.net
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