El Rescate de Salud
Jorge Valdez
Reycen
Cuando casi una
veintena de asociaciones y federaciones de médicos y enfermeras postularon al
médico Rafael Aguirre Rivero para titular de la desmantelada y saqueada
Secretaría de Salud en Guerrero, no calcularon que la ley sería impedimento
para que un facultativo con sobrada prestancia y prestigio asumiera el gran
desafío de rescatar la infraestructura hospitalaria colapsada.
No valió el
argumento de tener una sólida carrera de pionero en la especialidad de laparoscopia
digital, cirujano, fundador de un instituto dedicado a la investigación y
asistente a los congresos mundiales por invitación personalísima de los
especialistas más reconocidos del orbe. A Rafael Aguirre Rivero le pesó y
resultó decepcionante y frustrante en su carrera llevar los mismos apellidos de
su hermano, el jefe del Ejecutivo estatal.
Lex dura. Dura Lex. Est Lex –la ley es dura, pero es la ley—. La Ley de
Responsabilidad para Servidores Públicos recrea en su articulado y delimita los
contornos legales de incluir en cargos públicos a parientes hasta el cuarto
grado de consanguineidad, como medida aprehensiva para evitar el nepotismo. No
existe siquiera un atenuante, cuando esté visto que un hermano o su cónyuge sea
una eminencia en la materia para el servicio público, pues presupone una
violación jurídica.
Rafael Aguirre
Rivero debió haber transitado desde finales de enero hasta finales de abril por
las sendas del nirvana hindú, pasando por los jardines colgantes de la
Mesopotamia, hasta los infiernos de Dante. Una aventura drásticamente
inverosímil, como injusta y por demás incoherente. Hay constancia de cientos de
sobrevivientes que avalan el profesionalismo del galeno y su gratitud por
devolverles el milagro de vivir.
Cuando se
desempeñaba como titular de la Dirección de Salud en el municipio de Acapulco,
Rafael Aguirre Rivero fue muy claro, en septiembre pasado: prefiero renunciar a
un cargo público porque voy a apoyar a mi hermano en su vocación, que es el
servicio público en su máxima distinción: la gubernatura. No hubo duda, ni
extravío.
Sin embargo, no
se sabían con exactitud las proporciones dramáticas del quebranto en materia de
salud, aunque se sentía sus efectos letales en la población más desprotegida.
El colapso de los servicios en infraestructura hospitalaria, medicamentos,
médicos y enfermeras obliga al nuevo gobierno ya, sin dilación, a repensar
muchas condiciones. En Guerrero, no podemos darnos el lujo –en estos momentos
de emergencia sanitaria—de rechazar los servicios profesionales de un médico
con tales prendas humanas y de alto valor civil para que contribuya en el
rescate del aparato público de salud.
La política es
desprendimiento. La política es para generar bienestar social. Eso dicta la
ciencia. En cuestiones más sentimentales –víscera es también el corazón—se
obliga al funcionario a ser insensible, duro, inflexible y hasta frío en sus
decisiones, cuando en apremiantes condiciones debe regir el sentimiento más
humano que tenemos, la solidaridad con el enfermo en su concepto más amplio.
He visto
enfermos en hospitales sobre colchones sin sábanas, ni almohadas. El trato es
despótico, insensible e inhumano. Las condiciones laborales en la red
hospitalaria fueron reducidas por una política criminal, discriminatoria, que
extrañamente se asoció al trato con los pacientes. Desabasto de medicinas
propiciado por voraces funcionarios que lucraron inflando presupuestos de lotes
de fármacos inexistentes en farmacias y consultorios de nosocomios.
El colapso de
los servicios médicos en Guerrero es inconcebible, pero brutalmente real. La
pérdida de vidas humanas por carencias tan simples en un cuadro básico de
medicamentos es un crimen y no hay absolutamente nadie en prisión por eso.
Muchos estamos
sanos y vemos lejano el dolor ajeno. Otros, pudientes, corren a Houston, en
arranque hipocondriaco. Los afiliados al Seguro Popular, simplemente ven
acotada su vida. En Guerrero mueres si eres pobre. Es el infierno, según Dante.
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