CHILPANCINGO.- En una sesión de trámite, el Congreso local aprobó y ratificó los nombramientos de los perredistas Raymundo Casarrubias Vázquez y Adela Román Ocampo como magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Por separado, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación presentó ante el pleno los dictámenes a favor del nombramiento y ratificación de las dos propuestas hechas por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero.La aprobación del dictamen a favor de Raymundo Casarrubias Vázquez fue por mayoría con 21 votos a favor y 11 en contra, lo mismo ocurrió con el de Adela Román Ocampo también por 27 a favor y 6 en contra.
Minutos después de la aprobación de los dos dictámenes una comisión de diputados introdujeron a los dos personajes donde rindieron protesta, fueron felicitados principalmente por los legisladores perredistas.
La fracción parlamentaria del PRI votó en contra de los dos dictámenes porque en voz de su coordinador, Héctor Vicario Castrejón era una “decisión partidista y no se estaba respetando la carrera judicial de los jueces” del poder Judicial.
Durante la sesión legislativa extraordinaria de este miércoles la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación que preside el diputado independiente, Jorge Salgado Parra se pronunciaron a favor de la ratificación de los ahora magistrados.
La comisión dictaminadora concluyó que tanto Raymundo Casarrubias Vázquez y Adela Román Ocampo acreditaron buena reputación, honorabilidad y probidad en su desempeño como profesional del derecho en la carrera judicial y el servicio público.
En ambos casos expusieron que “cumplen con los requisitos establecidos en la ley, para acceder a la magistratura (del TSJ), además cuentan con diversas opiniones favorables”, pues sus trayectorias profesionales fueron avaladas y reconocidas cabalmente para acceder al cargo.
Piden diputados a magistrados no caer en sumisión
Previo a la aprobación del dictamen presentado a favor del nombramiento de Adela Román Ocampo como magistrada numeraria del TSJ los legisladores del PRI y PRD discutieron el punto, los primeros en contra de la aprobación y los segundos en defensa.
A tribuna del Recinto Legislativo subió el perredista, Evodio Velázquez Aguirre para fijar postura y destacó que la fracción del PRD ha sido enfática en dejar clara su voluntad de respetar el equilibrio de los poderes en el estado.
Estableció que serán respetuosos de la actuación del poder Judicial pero también serán observadores de las actuaciones que les parezcan contrarias al derecho público que deben ejercer los magistrados.
Pidió a los magistrados del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez y Adela Román Ocampo que sean “rectos, imparciales, éticos y justos en su trabajo cotidiano y en las relaciones que adapten”, porque “no pude ser la justicia a modo como moneda de cambio y de intereses particulares, de grupo y hasta económicos”.
No obstante el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Vicario Castrejón exigió en tribuna del Congreso local “respeto a la división de poderes” la cual “no puede ser simulada, a modo o nada más cuando convenga esgrimir argumentos buscando siempre como refugio la ley”.
Anunció que la fracción del PRI en congruencia con los preceptos legales de reconocimiento a la división de poderes, “habrá de asumir y emitir su voto contrario a la propuesta que envío el Ejecutivo, nosotros consideramos que no es la partidización la ruta que debe prevalecer”.
Dijo que la decisión de votar en contra del dictamen era en solidaridad con los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que han hecho una carrera judicial desde sus inicios y no se les respetó el esfuerzo, “se ven atropellados sus derechos e intereses, en honor a ellos la fracción parlamentaria del PRI habrá de votar en contra”.
Entonces subió diputado perredista, Sebastián de la Rosa Peláez quien defendió los dictámenes y afirmó que no permitirían los argumentos del priista, Héctor Vicario Castrejón para “demeritar y desacreditar el perfil de quienes hoy se está ratificando en esta soberanía su nombramiento como magistrados”.
Reprochó que el ex magistrado priista, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo “no tenía carrera judicial, era militante de un partido político en activo, finalmente cumplió un papel y sólo será la sociedad de Guerrero quien pueda calificar el papel que desempeñó como magistrado”.
La perredista, María Antonieta Guzmán Visairo también defendió el nombramiento de Adale Román Ocampo y afirmó que la ley se estaba cumpliendo con las propuestas enviadas por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Reconoció que Román Acampo si tiene una militancia perredista pero matizó que el Congreso tiene una deuda la barra de abogados y con los jueces que reclaman esas propuestas por eso sugirió legislar para modificar la ley del poder Judicial para retirarle la facultad al mandatario estatal de proponer a los magistrados y que éstos sean electos en base a su trayectoria profesional.
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