Por Víctor Álvarez/Reporte Especial
Pueblo Hidalgo, una
localidad del municipio de San Luis Acatlán, colindante entre las Costa Chica y
La Montaña, donde es una constante la comercialización ilegal de armamento proveniente
de Estados Unidos. Se puede adquirir una gran variedad, desde armas ligeras, lanza
cohetes antitanques, lanzagranadas y fusiles de asalto que mantienen un valor
de entre 3 mil hasta 15 mil pesos pesos.
Según reportes
de autoridades mexicanas y norteamericanas, el armamento de ese mercado negro va
a parar a manos de la delincuencia organizada que, a últimas fechas, incrementó
su poderío y mantiene en pánico y zozobra a la población civil y en jaque a las
fuerzas Armadas.
Pese a los
operativos que el gobierno federal realiza, en conjunto con agencias internacionales,
persisten el flujo y la producción ilícita de armas de fuego. Este proceso pone
en riesgo la seguridad nacional porque nutre la violencia y disloca el tejido
social.
Informe real
En ciudades y
comunidades de Guerrero, como San Luis
Acatlán, Milnaltepec, Metatlónoc, Olinalá,
Tlacoapa, Xochistlahuaca, Ajuchitlán y Xochihuehuetán, hay la posibilidad de adquirir un lanzacohetes que tiene en el mercado
negro un valor aproximado de 15 mil
pesos.
También hay
variedad, como rifles de alto poder entre los que destacan el compacto P-90 “matapolicías”,
que traspasa los chalecos a una
distancia de 200 metros y que cuesta 25 mil pesos; así como armas cortas, tubos
de TNT y granadas que cuestan mil pesos, o cartuchos de diversos calibres y municiones de
origen ilegal, es resultado de la corrupción y de un Estado débil que no
garantiza la seguridad de sus ciudadanos, señalan analistas.
Guerrero forma
parte de la ruta del pacifico que
contempla las ciudadades de Tijuana y Mexicali, Baja California, y San Luis Río
Colorado y Nogales, Sonora. Baja por esta entidad a Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Michoacán, y termina en Oaxaca; mientras la del Centro, que inicia en Ciudad
Juárez, desciende por Chihuahua y Durango para unirse en Jalisco a la
trayectoria de la del Pacífico.
En los últimos cinco años el tráfico de armas entró en una
creciente espiral que le ha permitido al crimen organizado, principalmente a
bandas de narcotráficantes, superar ampliamente a las corporaciones policiacas
y hasta el momento su poderio temeraria intimida la actución de las fuerzas del
orden, sin que nada pueda evitarla.
La comercialización del arsenal de armas que sé
comencializan en los municipios antes mencionados asciende alrededor de 24
millones de dólares al año y que un 50 por ciento es un utilizado por los
grupos de narcotráficantes para el control y rescate de contrabando de las
drogas y
por la otro por el auto consumo que se hacen a otros cartéles del
narcotrá fico que operan en toda la republica mexicana.
De acuerdo a informes de la Procuraduría General de la
República (PGR), la entrada de armamento al país se da lo mismo por la frontera
norte que por el sur, incluso utilizan las mismas rutas del narcotráfico, pero
se advierte que los artefactos que se internan al país han ido en aumento, no
sólo en volumen, sino también en calidad y potencia.
Estadísticas de la
dependencia señalan que la posesión, el tráfico y el uso de armamento exclusivo
de las fuerzas armadas representan actualmente el 15 por ciento de los delitos
federales cometidos en todo el país.
La introducción
a México supera el millón 500 mil revólveres que tiene registrados la
Secretaría de la Defensa Nacional
Existen 15 millones de armas: No más Violencia * Expertos consideran
que cada año ingresan 15 mil armas 25
por ciento son AR15, AK47 e incluso la temiblemente mortal P90 que dispara 900
balas por minuto y atraviesan 45 capas de material blindado Entre mayo y julio
de 2005, el Ministerio Público Federal incautó 4 mil 667 armas.
Ley federal
de Armas y Fuego, caduca: Georgina Sanchez
Por su parte la
defensora de los derechos humanos, la politóloga Georgina Sánchez, dijo
que la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, que está vigente desde 1972, resulta caduca porque la realidad social
cambió en el ámbito global.
A esa opinión se
suman los datos de organizaciones regionales sobre la intruducción y
comercialización en el mercado negro de armas. La agrupación mexicana Está
Unidos señala que en años recientes la
tasa de mortalidad por arma de fuego se incrementó, porque se calcula que en
las últimas décadas existe una disposición
de 650 mil armas de fuego en manos de la
población civil.
De tal modo que el comercio ilegal de armas de
fuego, el tráfico de armas ligeras, ya
que su fácil transporte y maniobrabilidad es un atributo que buscan la
delincuencia común y que es utilizada para comer saltos a mano armadas y
secuestros.
Existe el informe de la
Organización de las Naciones Unidas, en 2005 México fue el tercer importador
ilegal de esas armas, después de Brasil y Venezuela. El organismo internacional
cita que tan sólo ese año ingresaron al país (sin cumplir con la legislación)
armas por valor de 233.9 millones de dólares; ésa es una cifra notable si se le
compara con los 1 mil millones de dólares que representó ese mismo año la venta
oficial de armas en el hemisferio, de acuerdo con la Agencia Americana de
Control de Armamentos.
Para contener el flujo ilegal de
armas de fuego por la frontera norte de México, la Oficina de Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego (ATF), de Estados Unidos, emprendió desde enero de 2008 el
Proyecto Gunrunner, cuyo objetivo es “privar de esas armas a los cárteles del
narcotráfico, mediante recursos para investigación, inteligencia y
capacitación. De sus avances sólo se
conoce la información que emana de la embajada estadunidense en México”.
Esa legación
informó el 30 de junio pasado que, derivado del Proyecto Gunrunner, en el año
fiscal 2006 hubo “200 casos con acusados y 300 acusados referidos par
enjuiciamiento”. En tanto que en 2007 “hubo 187 casos con acusados y 465
acusados referidos para enjuiciamiento”, es decir, incrementó el número de
personas procesadas por este ilícito.
En ese marco, la ATF desplegó a
“agentes especiales” en Monterrey “para apoyar la labor de sus agregados en
México”; además, planea asignar a tres especialistas en inteligencia y a un
analista de investigación adicionales en “cada una de las cuatro divisiones de
campo en la región fronteriza (Phoenix, Dallas, Houston y Los Ángeles)”.
A la par de ese operativo, la ATF
amplió a México el acceso al sistema computarizado de rastreo de armas
denominado eTrace, “para colaborar con las autoridades mexicanas en rastrear a
otros traficantes”. A partir de marzo de 2008, ese sistema se instaló en los
consulados estadunidenses en territorio mexicano. Esa iniciativa surgió tras el
decomiso, por la ATF, de miles de armas, cuyo destino era México: pistolas 9
milímetros (mm), superpistolas .38 mm, pistolas 5.7 mm, pistolas calibre .45
mm, rifles tipo AR-15 y tipo AK-47, armas que esa agencia identificó como “las
más utilizadas por los narcotraficantes”.
De acuerdo con la información
surgida de la embajada estadounidense, “la mayoría de los incidentes violentos
con armas de fuego en México son perpetrados por organizaciones de
narcotraficantes que pugnan por el control de las rutas de tráfico ilegal de
drogas hacia Estados Unidos y se involucran en batallas territoriales, en
disputas por la distribución”; al mismo tiempo, apunta que esas organizaciones
“dependen de los oferentes de armas de fuego para imponer y mantener sus
operaciones ilícitas”.
Para combatir esa estructura, hace
dos años la ATF asignó a casi 100 agentes especiales y a 25 investigadores de
operaciones industriales a la línea divisoria con México, así como a agentes
especiales en Las Cruces, Nuevo México y Yuma, Arizona, en un plan de cobertura
estratégica y control de los corredores de tráfico de armas que operan a lo
largo de la frontera.
Pese a los “logros” en esta
cooperación binacional, las armas siguen fluyendo ilegalmente hacia México. Así
quedó de manifiesto cuando, el 8 de noviembre pasado, la Procuraduría General
de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de
Seguridad Pública, de Gobernación y de Marina informaron que en dos años, es
decir del 1 de diciembre de 2006. 2007, 2008. y 2009 al 30 de octubre pasado,
se incautaron a las bandas del narcotráfico 80 mil 657 armas –de las que 13 mil
807 son largas, en su mayoría fusiles de asalto, a diferencia de las 12 mil 834
armas largas que se incautaron en el mismo periodo de 2005 a 2006 o las 8 mil
595 en el lapso similar de 1994 a 1996– y aseguraron 2.4 millones de
municiones, así como 6 mil 642 granadas.
En el documento Indicadores de
gestión contra la delincuencia organizada, distribuido en esa ocasión por las
autoridades mexicanas, se precisa que en 23 meses de la actual administración
se decomisaron 1 mil 642 granadas, frente a las 48 del periodo 2000 a 2002, y a
las 100 de 1994 a 1996. El total de armas incautadas entre 2006 y 2008 se
incrementó con el que se considera que es el mayor decomiso de armas en la
historia del país, ocurrido el 6 de noviembre en Tamaulipas.
También se aseguraron 288 armas
largas, 126 cortas, un lanzacohetes, 287 granadas, más de 500 mil cartuchos de
diversos calibres, 1 mil cargadores, 14 tubos de TNT y nueve cuadros de
material explosivo, además de 976 mil 370 pesos y 86 mil 740 dólares. Las
autoridades mexicanas atribuyen la propiedad de ese arsenal al cártel del
Golfo, también propietario de armamento decomisado anteriormente (como cohetes
antitanques de los tipos M72 y AT-4, lanzagranadas MGL, calibre 37 mm;
Lanzacohetes RPG-7 y granadas de fragmentación, entre otros).
Reformar la Ley de Armas y Explosivos
La importancia y monto de esos
arsenales significa que las armas ilegales penetran al país con relativa impunidad.
Hoy en día se importan más armas hacia México a través del tráfico ilegal y no
hay una reglamentación que esté a la altura del problema que vive la población
civil, de suerte que, por ejemplo, las multas que establece la Ley, en caso de
que alguien posea una arma sin el permiso correspondiente, son tan bajas
(equivalentes a 40 dólares) que cualquiera puede pagar esa multa y se queda
tranquilamente con su arma ilegal, refiere la especialista en armas, Georgina
Sánchez.
La Ley Federal de Armas debe modernizarse
y considerar los avances que ya contemplan instrumentos internacionales en los
que México forma parte, como trabajar para un Tratado sobre el Comercio de
Armas en Naciones Unidas, señala Héctor Guerra. El especialista en desarme e
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México observa que a pesar
de la existencia de una serie de instituciones encargadas de evitar el ingreso
de armas ilegales al país, así como un uso irrestricto de ellas y su
proliferación, “esas armas siguen penetrando las fronteras”.
Se debe ser muy crítico para ver la
labor que se está realizando en las aduanas, dice el investigador. Agrega que a
partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la
apertura de las fronteras mexicanas al transporte, el fenómeno del contrabando
aumentó. “Además de la globalización de ese rubro, las posibilidades técnicas
que permite el transporte multimodal también permitieron esta proliferación de
armas, entendidas éstas como armas de alto poder y también municiones, que no
llegan a cuentagotas, sino en grandes cantidades”.
Por esa razón, plantea el
académico, cabe preguntar cuál es la relación de este intenso movimiento de
transporte multimodal, de miles y miles de contenedores que circulan al año por
el territorio mexicano, con la proliferación de armas de fuego.
Juticia latente
En Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así
como en otros estados, esas fuerzas “se están conformando en bloques y se están
armando muy bien, lo que significa que se debe rescatar el concepto de Vida
Diligencia, es decir, cuál es el papel del Estado para garantizar la seguridad
y los derechos de sus ciudadanos. Esto cobra relieve porque la proliferación de
armas se relaciona íntimamente con los abusos de poder y las violaciones a los
derechos humanos y éste es un fenómeno tan serio que cabe preguntar ¿qué están
haciendo las autoridades para ponerlo bajo control?”, señala
El especialista explica que no hay
un debate abierto sobre el tráfico de armas de fuego ni sobre su producción y
comercialización, sólo se ha centrado en cuanto a violencia en general y, por
lo tanto, no logra echar raíces en la sociedad para generar un movimiento
sólido. No obstante, considera que en el contexto de violencia que viven los
mexicanos es fundamental discutir el papel que desempeñan las armas de fuego,
porque son fundamentales en los actos de coerción e intimidación en un ciclo de
violencia que comienza con golpes y muchas veces concluye con armas de fuego.
Desde una perspectiva de género, el
fenómeno de la violencia armada tiene como víctimas principales a las mujeres,
por lo que en otras partes del mundo se han formado organizaciones que abordan
este problema y que en México podría tomarse en cuenta, al igual que cuando se
aborda la violencia contra niños y niñas o adolescentes, porque en las calles
los menores de edad son víctimas y, paradójicamente, ofensores al pertenecer a
bandas y armarse. “Es ahí donde debiera investigarse el origen de las armas que
amagan a estos sectores de la población, como en la razón por la que los
jóvenes deciden armarse”, señala Guerra.
Entretanto, en Naciones Unidas
continúa la disputa entre los países productores de armamento contra los que
pretenden limitar el ingreso ilegal de éstas a su territorio.
La legislación mexicana no considera
como delito el trasiego de armas de Estados Unidos al país por la frontera, a
través de, al menos, 61 túneles construidos por la delincuencia organizada
trasnacional. Esa situación dio lugar a que en 2006 se aprobara en Estados
Unidos la Ley de Prevención de Túneles Fronterizos, que criminaliza su
construcción destinada a traficar personas, drogas y armas. Esa Ley fue
propuesta por la senadora demócrata Dianne Feinstein y el senador republicano
John Kyl.
El Código Penal Mexicano no
contempla como delito la construcción de esas obras ni su financiamiento. Por
ese vacío jurídico, las penas para quienes erigen los túneles son relativamente
bajas, señala el senador perredista Tomás Torres Mercado, quien promovió una
iniciativa similar a la estadunidense, que se aprobó el 9 de octubre de 2007
con 80 votos a favor y ninguno en contra. Este año, la iniciativa estuvo en
espera de su aprobación definitiva por la Cámara de Diputados. Gian Carlo
Caselli.
Armas a la medida
A pesar de que la Ley establece que
de la Sedena depende la Dirección General de Fábricas de Armamento, que tiene
varios establecimientos para ese fin, el instituto castrense sólo informa que
actualmente se “encuentra en producción munición para armas portátiles y no
portátiles, fusiles, ametralladoras, pistolas ametralladoras y pistolas
semiautomáticas bajo licencia HK, concretamente los modelos G-3, HK21, MP5 y
P7M13, respectivamente”.
No obstante, la investigadora
Georgina Sánchez subraya que si bien hay muchos productores de armas de fuego,
incluso legales, y supuestamente regulados por la Sedena, también se sabe que
existe otra gran cantidad de productores no regulados por Sedena, aunque no son
ilegales: en México, se produce una gran cantidad de armas de manera artesanal.
“Aquí somos muy creativos, prácticamente, teniendo el modelito, un herrero
puede hacer una réplica o, incluso, hacer el cambio de una arma semiautomática
a una automática o hacer una renovación de una arma vieja con una pequeña
afinadita y dejarla como nueva”, explica.
Adicionalmente a este fenómeno, la
experta señala que de la Ley Federal de Armas deriva el Registro Nacional de
Armas, bajo responsabilidad de Sedena. Sin embargo ese registro no sólo es
caduco, sino que refleja una situación preocupante, pues aunque establece la obligatoriedad
de registrar la propiedad de un arma, quienes lo hacen son, frecuentemente,
personajes de la vida pública, política o artística.
Otro inconveniente de ese registro
es que plantea preguntas sobre la honorabilidad del propietario del arma y “eso
no es un criterio válido, en tanto que no pregunta en dónde consiguió esa
arma”, por lo que no existe ningún registro real de las armas que hay en el
país, indica Sánchez. En su estudio “Las armas en México: en la cúspide de un
volcán” (dentro de la investigación Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la
seguridad hemisférica, de la que coordinó la Subregión Norteamérica), la
especialista estimó que en el país existirían entre 12 millones y 15 millones
de armas.
Sin embargo, apunta que “datos
recientes indican que, probablemente, habría más armas, pues la encuesta
realizada por Sistemas de Inteligencia en Mercado de Opinión y el Colectivo de
Seguridad con Democracia sobre Seguridad Nacional revela que las personas que
aceptan tener armas y quienes admiten que alguien muy cercano también las
posee, superan esa cifra, “y eso que ahí no contamos a quienes no admitieron
poseer armas o que conocen a alguien cercano que realmente las tiene”.
Secretismo
Los ciudadanos mexicanos están cada
vez más interesados en tener información veraz y suficiente en lo relativo a
las armas ligeras y pesadas que circulan por el territorio nacional. Georgina
Sánchez observa que la Sedena no tiene un banco de datos actualizado sobre las
armas en el país. Para negar la información apela a veces a motivos de
seguridad nacional, y cuando se ve (Sedena) ante la pregunta concreta “¿cuántas
armas fueron incautadas?”, no tiene la información porque la entidad encargada
de eso es la PGR.
Una revisión de algunas solicitudes
en ese sentido, presentadas ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, revelan la forma en que la Sedena atiende esa necesidad.
El 5 de marzo de 2005 se requirió la estadística de la totalidad de las armas
cortas (revólveres y pistolas) por marca y calibre, registradas por los
ciudadanos para la protección del hogar. Además, se pidió la estadística de las
armas cortas y largas por marca y calibre para la protección personal con
permiso de portación para civiles.
La respuesta de Sedena fue: “Con
fundamento en los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), esta Secretaría no cuenta con
documento alguno que contenga la información como la solicita; sin embargo, se
hace de su conocimiento que actualmente se cuenta con 569 mil 178 armas cortas
registradas, de los calibres establecidos en el artículo 9 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos”.
La respuesta a la segunda parte de
la solicitud desde Sedena fue citar nuevamente el articulado de la LFTAIPG:
“Esta Secretaría no cuenta con documento alguno que contenga la información
como la solicita; sin embargo, se hace de su conocimiento que existen 2 mil 246
licencias particulares individuales de portación de arma de fuego vigentes, las
que amparan la misma cantidad de armas de fuego del calibre permitido, mismas
que son de las siguientes armas: Pietro Beretta, Smith and Wesson, Glock,
Taurus, Browning, Llama, Astra, Star, Sig Sauer, Colt, Norinco y Ceska
Zbrojovka.
La solicitud (del 11 de marzo de
2005) para conocer si la Sedena tiene algún registro sobre el número de armas
de aire (pistolas, rifles) que hay en el país, así como cuántas personas en
México cuentan con rifle de aire –de ser posible desglosar ese dato por año–,
la respuesta indica que “en los archivos de esta dependencia no se localizó
ningún registro sobre el número de armas de aire, en virtud de que esta
Secretaría no expide permisos generales y licencias para la fabricación,
reparación y comercialización de rifles de aire, toda vez que esas armas no se
regulan por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Finalmente, en su respuesta a una
solicitud del 26 de marzo de 2005, la Sedena desglosó que a partir del 1 de
enero de 1998 al 27 de marzo de 2007 expidió un total de 3 mil 812 licencias
particulares individuales de portación de arma de fuego. En el desglose por año
se observa que, en 1998, Sedena expidió 660 licencias, en 1999 fueron 503, en
2000 emitió 602, en 2001 fueron 496, en 2002 fueron 554, en 2003 expidió 425,
en 2003 emitió 518 y en 2005 apenas 54 porque era marzo.
Indicó que existen 391 licencias
individuales de portación de arma de fuego vigentes que amparan armas del
calibre de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Del 1 de enero de 1998 al 27 de
marzo de 2005, la Sedena “ha denegado un total de 792 licencias particulares
individuales de portación de arma de fuego”. Intenso cabildeo
Detrás de la falta de un registro
actualizado de armas de fuego, está la proliferación de éstas en la vida
pública de los mexicanos. Existe un intenso cabildeo ante los diputados por
parte de los productores de armas y de quienes hacen outsourcing de armas,
encaminado a presionar para que se aprueben leyes que permitan una mayor
cantidad de armas en posesión de manera legal, advierte Georgina Sánchez.
Subraya que esa actividad febril fue más notoria cuando el Congreso evaluaba la
posibilidad de incrementar el número de armas por persona en la legislación
actual, es decir, aumentar de dos a cinco las armas, pues la Ley no establece
claramente cuántas puede tener en posesión un individuo en tránsito, aunque
podría tener más en su casa.
Esa labor de cabildeo en el Poder
Legislativo, por parte de empresas productoras, importadoras y armadoras de
armas de fuego, no es totalmente transparente y se ignoran cuáles son los
arreglos finales. Tampoco lo es la presión que ejercen los clubes y
asociaciones de cazadores que pretenden influir en alguna reforma a la Ley para
aumentar el número de armas de fuego en su posesión.
Para esta
investigadora, no parece tener lógica que un ciudadano tenga cinco armas,
“primero, porque no puede dispararlas al mismo tiempo y, segundo, porque si
permitimos que esto sea así, para qué entonces sirve el Estado, si es el ente
protector por antonomasia, pues garantiza la protección de los ciudadanos y
tiene la legitimidad del uso de la fuerza. Si empezamos a armarnos hasta los
dientes y cada cual se protege o ataca a como bien le viene en gana, estamos en
la ley del talión y no hay ya necesidad de vivir en un Estado”.
Resulta muy preocupante que los
cazadores se constituyan en un lobby tan importante como el de los productores
de armas. Los simpatizantes de la cacería son personas de todos los sectores
sociales, incluso los hay que son legisladores, congresistas, “y esto es delicado
porque ellos asumen que sus intereses particulares son los intereses de los
mexicanos; si en la actual Ley se define el tipo de armas que pueden tener los
cazadores –y son armas muy poderosas para el tipo de cacería que hay en México,
pues no estamos en África y aquí no hay elefantes, sino codornices y
guajolotes–, entonces es difícil explicar por qué se requiere una 9 mm”,
puntualiza la politóloga.
Para Georgina
Sánchez, el escenario a futuro del combate al tráfico de armas de fuego no es
un problema único del gobierno, aunque éste y “en particular Sedena, está
haciendo mal su trabajo en este tema de las armas. El segundo aspecto es que
también debe involucrarse la Secretaría de Educación Pública (SEP). No entiendo
cómo es posible que ni la SEP –que emprende campañas desde las primarias para
prevenir a los alumnos del daño que provocan las armas– ni la Secretaría de
Economía prevengan el uso de armas y ametralladoras de juguete.
“Aquí están armados todos: los ricos y los pobres, pero el
Estado no garantiza la seguridad. Este año concluye con prácticamente 6 mil
ejecuciones, pero, ¿y los homicidios? Todos esos ejecutados no son
extraterrestres, son mexicanos con familias que viven en colonias, que tienen
vecinos, que tienen hijos y donde el negocio y la venganza son los ejes
rectores. Esperemos que no venga en el futuro una matanza”.
El informe "Tráfico de Armas
México-USA", fechado el 27 de noviembre, indica que la ruta del Golfo es
la más activa, ya que tiene como sitios de ingreso las ciudades coahuilenses de
Acuña y Piedras Negras, y Nuevo Laredo y Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, en
Tamaulipas, de donde baja a Veracruz y termina en Chiapas.
La ruta del
Pacífico parte de Tijuana y Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado
y Nogales, Sonora. Baja por esta entidad a Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Guerrero y termina en Oaxaca; mientras la del Centro, que inicia en
Ciudad Juárez, desciende por Chihuahua y Durango para unirse en Jalisco a la
trayectoria de la del Pacífico.
La ruta del sur tiene a Balancán,
Tabasco, y Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, como
puntos de ingreso; de donde se bifurca hacia Veracruz y Oaxaca para integrar la
red nacional de vías del tráfico de armas, precisa el documento, que también
detalla la modalidad preferida por los traficantes de armas.
la venta ...legal......de armas permiten a los terroristas....armarse hasta los dientes contra la sociedad...pacifica ocacionando muertes y robos maxivos.....por donde proviene las armas hasta los mismo ESTADOS UNIDOS SERA LA MAS AFECTADA ......DE TODO EL MUNDO
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