Ay, Carlos… ¿Tú también?
Jorge Valdez Reycen
En 15 días –o antes, si lo dictamina la Comisión de Justicia—se discutirá, y en su caso se puede aprobar, una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado, presentada por Carlos Álvarez Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, que intenta ir a contrapelo de la Constitución General de la República. El contrasentido lleva una dedicatoria a quienes tengan aspiraciones a cargos de elección: inhabilitarlos si no comprobaron su cuenta.El ex secretario de Finanzas y Administración del anterior gobierno, y ex diputado federal, recordó que aún existen, desde 2004 al 2009, más de dos mil 100 millones de pesos sin solventar. De paso dijo que 43 alcaldes no presentaron sus cuentas públicas del ejercicio presupuestal del 2010, por lo que enfrentan un proceso de sanciones y exhortos por parte de la Auditoría General del Estado (AGE).
En su argumento “para frenar” esta irregularidad, propone reformar el artículo decimo, fracción séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Los tres cambios fundamentales son “que todos los funcionarios directivos (sic) de un municipio sean inhabilitados para competir en puestos de elección popular si el Ayuntamiento, que es la persona moral, no ha presentado su cuenta pública”.
La segunda: que las constancias de cuentas públicas aprobadas tienen que presentarse en el registro de los candidatos, y no cuando se califica la votación, al final del proceso electoral. Además que sean certificadas por el titular de la AGE o de la Contraloría, y no por un funcionario subalterno (sic). Actualmente la ley obliga a quien quiera competir por un puesto de elección, obtener la certificación de la AGE o de la Contraloría si manejó recursos públicos.
Alvarez Reyes pareciera estar obsesionado con poner candados e inhabilitar a aquellos que “la ley señala como los responsables de este tipo de irregularidades en los Ayuntamientos, que son el tesorero, el síndico y el presidente”. Sin embargo, argumenta, que hay muchos más funcionarios que manejan y administran recursos públicos, como el director de ingresos y el de egresos, el director de planeación, el secretario y el director de obras; “hay mucha gente dentro del ayuntamiento que ejecuta recursos públicos” y a ellos va dirigido el mensaje en forma de espada de Damocles.
Quisquilloso con los centavos, Carlos Álvarez Reyes apremió a la Comisión de Justicia del Congreso local, a que en un plazo de 15 días pase al pleno cameral su iniciativa de reforma, para su discusión final y aprobación.
Lo preocupante es que ésta Legislatura guerrerense no se ha distinguido como analítica, reflexiva y acuciosa del cúmulo frenético de iniciativas y decretos. La pobreza de su trabajo legislativo, ha sido escondida a segundo plano por los desencuentros, forcejeos, divisiones, sumisión y hasta descrédito en la honorabilidad de sus integrantes. La práctica de aprobar “al vapor”, en sesiones de “fast-track”, iniciativas, reformas y decretos se ha hecho práctica común, generando confusión en su aplicación ya como leyes “consensuadas”.
Si la anterior Legislatura fue la más criticada en toda su historia, por la precariedad en su composición, escasez de productividad, inoperancia real de su trabajo legislativo y una notoria dependencia al Ejecutivo, la actual no se desdibuja en competir ese sitial deshonroso. Es deplorable el nivel parlamentario, pues se siguen privilegiando las “concertacesiones”, pactos y arreglos en lo oscurito y por debajo de la mesa, lejos de cimentar una auténtica división de poderes.
El marasmo que se observa en la vida parlamentaria sedentaria, somnolienta, lo han advertido esos alcaldes morosos que alude Carlos Álvarez Reyes, en su fijación con tanto escrúpulo por el dinero que no han comprobado. El uso faccioso de leyes y reglamentos no es el camino para frenar a adversarios.
En su argumento “para frenar” esta irregularidad, propone reformar el artículo decimo, fracción séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Los tres cambios fundamentales son “que todos los funcionarios directivos (sic) de un municipio sean inhabilitados para competir en puestos de elección popular si el Ayuntamiento, que es la persona moral, no ha presentado su cuenta pública”.
La segunda: que las constancias de cuentas públicas aprobadas tienen que presentarse en el registro de los candidatos, y no cuando se califica la votación, al final del proceso electoral. Además que sean certificadas por el titular de la AGE o de la Contraloría, y no por un funcionario subalterno (sic). Actualmente la ley obliga a quien quiera competir por un puesto de elección, obtener la certificación de la AGE o de la Contraloría si manejó recursos públicos.
Alvarez Reyes pareciera estar obsesionado con poner candados e inhabilitar a aquellos que “la ley señala como los responsables de este tipo de irregularidades en los Ayuntamientos, que son el tesorero, el síndico y el presidente”. Sin embargo, argumenta, que hay muchos más funcionarios que manejan y administran recursos públicos, como el director de ingresos y el de egresos, el director de planeación, el secretario y el director de obras; “hay mucha gente dentro del ayuntamiento que ejecuta recursos públicos” y a ellos va dirigido el mensaje en forma de espada de Damocles.
Quisquilloso con los centavos, Carlos Álvarez Reyes apremió a la Comisión de Justicia del Congreso local, a que en un plazo de 15 días pase al pleno cameral su iniciativa de reforma, para su discusión final y aprobación.
Lo preocupante es que ésta Legislatura guerrerense no se ha distinguido como analítica, reflexiva y acuciosa del cúmulo frenético de iniciativas y decretos. La pobreza de su trabajo legislativo, ha sido escondida a segundo plano por los desencuentros, forcejeos, divisiones, sumisión y hasta descrédito en la honorabilidad de sus integrantes. La práctica de aprobar “al vapor”, en sesiones de “fast-track”, iniciativas, reformas y decretos se ha hecho práctica común, generando confusión en su aplicación ya como leyes “consensuadas”.
Si la anterior Legislatura fue la más criticada en toda su historia, por la precariedad en su composición, escasez de productividad, inoperancia real de su trabajo legislativo y una notoria dependencia al Ejecutivo, la actual no se desdibuja en competir ese sitial deshonroso. Es deplorable el nivel parlamentario, pues se siguen privilegiando las “concertacesiones”, pactos y arreglos en lo oscurito y por debajo de la mesa, lejos de cimentar una auténtica división de poderes.
El marasmo que se observa en la vida parlamentaria sedentaria, somnolienta, lo han advertido esos alcaldes morosos que alude Carlos Álvarez Reyes, en su fijación con tanto escrúpulo por el dinero que no han comprobado. El uso faccioso de leyes y reglamentos no es el camino para frenar a adversarios.
Jorge Valdéz alude a una posible inconstitucionalidad, que ya está analizada, ya que si bien no señala la Constitución Federal la constancia (de liberación que demuestre un aspirante que no tiene cuentas pendientes por aclarar) para registrarse como candidato a cargos de elección popular, tampoco lo prohibe; por lo que los estados soberanos en su régimen interior pueden establecer esos requisitos.
ResponderBorrarLamentable que Jorge no reconozca el trabajo que estamos realizando en la Comisión que presido y que ha abatido el rezago en la dictaminación de cuentas públicas; para él quizás acostumbrado a las épocas de los grandes despilfarros del sistema político y de la opacidad del manejo del dinero público, no signifiquen gran cosa los 2 mil 100 millones de pesos sin solventar y el incumplimiento del 45% de los H. Ayuntamientos en la presentación de las cuentas públicas de 2010.
Así como el periodismo es una profesión especializada, también el manejo de las haciendas públicas debe ser un servicio profesional en beneficio de la población, y no ser visto solamente como una cuestión de manejo de "centavos".
Atentamente
Carlos Álvarez Reyes